OBSERVATORIO CIUDADANO

08 de junio de 2009

México, D.F.

Para las víctimas de crímenes contra la humanidad y para quienes se encuentran cara a cara con sus efectos, con acciones destinadas a destruir el valor y la dignidad mismos de los seres humanos, el dolor es a veces casi imposible de expresar y la relación de ese dolor casi imposible de escuchar.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado a lo largo de más de 11 años la serie de violaciones cometidas en torno a la Masacre de Acteal cometida el 22 de diciembre de 1997, que tuvo como resultado la Privación Arbitraria de la Vida de 49 personas (19 mujeres, 14 niñas, 8 hombres, 4 niños y 4 no nacidos) y 16 personas heridas en su mayoría

menores de edad, todos del pueblo tsotsil de Chenalhó, siendo este uno de los eventos de mayor infamia, perpetrado por el Estado mexicano, que ha derivado en un manto de impunidad que se mantiene hasta el momento, y que expresa la continuidad de la estrategia contrainsurgente en contra de las comunidades indígenas en Chiapas.

Observamos con preocupación, el interés de actores ligados a las posturas oficiales de los gobiernos federal y estatal de ocultar la verdad y tergiversar los hechos ocurridos en Acteal, a través de la defensa de los paramilitares con el propósito de encubrir a los responsables intelectuales y materiales y para eximir de responsabilidad directa al Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad.

El 2 de julio del 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer los amparos de 12 paramilitares, por faltas al debido proceso cuyo origen es el ineficaz sistema de procuración y administración de justicia. Según información divulgada en prensa, se sabe que la SCJN está por pronunciarse sobre la libertad de los paramilitares acusados de participar en la Masacre de Acteal. Lo absurdo es que por la ineficiencia del sistema se liberen a los responsables materiales de este crimen de Estado.

Para este Centro las arbitrariedades y negligencias del sistema no son fortuitas sino que son parte de una estrategia que ha implicado, desde hace once años, evitar líneas de investigación que conduzcan a establecer la responsabilidad de los más altos funcionarios del país.

De igual forma, consideramos deliberado que el sistema de justicia haya condenado a la reparación del daño a las víctimas, únicamente a Antonio Vázquez Sekum, actualmente fallecido, lo que significa la negación del acceso a la justicia a las víctimas en el amparo que hoy se estudia en la SCJN.

Una vez más, toca a la SCJN la obligación de velar por el interés público, respetar y proteger la dignidad humana y garantizar los derechos humanos mediante una decisión histórica que apela a la dignidad y responsabilidad de hacer justicia a las víctimas y al pueblo de México.

En caso contrario la liberación de los paramilitares, aparte de representar un nuevo acto de impunidad, convertiría a los magistrados en cómplices y perpetradores por la Masacre de Acteal y conllevaría a un incremento de vulnerabilidad y riesgo inminente a la seguridad e integridad personal de los sobrevivientes de la masacre que podría extenderse a las comunidades indígenas de Chiapas en una nueva escalada de violencia.

En el 2008, este Centro tuvo conocimiento de hechos que nos permiten ver que la situación en las comunidades indígenas, se encaminan hacia una mayor tensión y temor de la población que pueda pasar un Acteal más, sirva de ejemplo la denuncia del 29 de octubre de 2008, de la Junta de Buen Gobierno de Oventic:

1.- El día 26 de septiembre de 2008, aproximadamente las 14:00 horas, en el Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Pedro Polhó, "mientras manejaba un carro de marca Nissan en la carretera rumbo a Pantelhó, en el llamado cerro de Cantil," un Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ?fue disparado por un arma de fuego de alto calibre por los paramilitares".

2.- Desde finales de septiembre, octubre, y noviembre de 2008, se verificaron hechos, denunciados por los habitantes del MAREZ de Polhó, los cuales reportaron que se escucharon disparos y hostigamiento provenientes de las comunidades de: Tzanembolon, Bajobeltik, Pechiquil, Los Chorros, Puebla y Yaxjemel del municipio de Chenalhó, y que éstas estaban recibiendo armas.

A once años de perpetrada la Masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos insiste en la responsabilidad del Estado mexicano por las siguientes razones:

- Es responsable por comisión, ya que dicha masacre fue producto de una Política de Estado totalmente deliberada y encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y posteriormente disolverlo. En la implementación de una política contrainsurgente el Estado creó, financió, entrenó y encubrió a grupos paramilitares para cometer ataques sistemáticos contra la población civil disidente.

- Es responsable por omisión, pues mientras ocurría la masacre, la Policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación. Asimismo, autoridades del Gobierno de Chiapas fueron informadas de lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre, sin que actuaran en consecuencia.

- Es responsable por dilación y denegación de justicia porque:

1) El derecho a conocer la verdad de los hechos, ha sido negada, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente ni a la existencia de grupos paramilitares. El Estado Mexicano se ha negado a reconocer las causas que dieron origen a la masacre, propiciando con ello
impunidad.

2) Los autores intelectuales que en su tiempo era parte del gobierno mexicano en los siguientes cargos: Ernesto Zedillo, Presidente de la República; Emilio Chuayfet, Secretario de Gobierno; Enrique Cervantes Secretario de la Defensa Nacional; Mario Renán Castillo el Comandante de VII Zona Militar y de la Fuerza de Tarea Arcoiris que llevó a cabo el Plan de Campaña Chiapas 94, entre otros. Estos no han sido investigados y en consecuencia la impunidad total.

3) A once años de la masacre aún hay causas penales abiertas, los juicios se han extendido excesivamente debido a omisiones imputables al propio Estado, implicando con ello el desgaste de los sobrevivientes y testigos. Aún existen 27 órdenes de aprehensión sin ejecutar. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes para cumplimentarse, condenó a uno de los autores materiales al pago de la Reparación del Daño por algunos de los ejecutados.

4) No han sido implementadas las medidas que garanticen la No Repetición de hechos como esta masacre, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares.

Por lo tanto nos sumamos a la exigencia de Justicia y Verdad de los sobrevivientes, que de acuerdo a sus testimonios, - asentados en diversas actuaciones judiciales desde 1997- reconocen plenamente la participación de los paramilitares en la Masacre de Acteal. Un crimen de lesa humanidad tan impune que nos interpela a la sociedad en general. De consumarse un nuevo acto de impunidad, las víctimas no son sólo los sobrevivientes de la masacre.

Exigimos el respeto al derecho a la Verdad, la garantía del derecho a la Justicia y de medidas de No Repetición:

Llamamos a todos los solidarios y las solidarias del mundo:

Sumarse a la exigencia contra la impunidad, por la no liberación de los paramilitares, por la Justicia y la Verdad, el 09 de junio de 2009 frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sumarse en cualquier lugar del mundo ante autoridades del gobierno mexicano.

Solidarízate a la acción urgente no. 2 “Riesgo de que liberen a paramilitares responsables de la Masacre de Acteal” y envía escritos a los Ministros y Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Gobierno Mexicano disponible en:

http://www.frayba.org.mx/acciones_urgentes.php?page=2&hl=es&year=2009