COMUNICADO DE LA

REMA-CHIAPAS

Chiapas, México; 15 de mayo de 2010

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DE LA DELEGACION CANADIENSE

A solicitud de los miembros de la REMA Chiapas, del 20 al 27 de marzo de 2010 se llevó a cabo la visita a Chiapas de una Delegación Canadiense de solidaridad compuesta por representantes de tres instituciones: Common Frontiers-Canada (Fronteras Comunes, sección Canadá; el Departamento Jurídico de la Oficina Nacional Canadiense de United Steelworkers (el Sindicato de Trabajadores del Acero) y MiningWatch Canada (Observatorio de Minas, sección Canadá). Esta visita también fue patrocinada por el Council of Canadians (Consejo Canadiense), el Comité pour les droits humains en Amérique Latine (Comité por los Derechos Humanos en América Latina); Sierra Club Canada, L’Entraide missionnaire, Atlantic Regional Solidarity Network (Red de Solidaridad de la Región Atlántica) y el Social Justice Committee (Comité de Justicia Social)

El objetivo fue hacer un reconocimiento sobre la situación de la minera canadiense Blackfire en Chiapas y el conflicto que se ha desatado luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero. Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) no recibió a la Delegación Canadiense ni a los miembros de la REMA pese a previa cita, sí aceptó recibir a dicha Delegación el Subsecretario de Gobierno Nemesio Ponce Sánchez quien negó en la entrevista conocer al Lic. Horacio Culebro Borrayas, el mismo que días antes había sido detenido y acusado por el homicidio del Coordinador de la Rema en Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero, y quien señaló desde su detención al Subsecretario de estar involucrado en dicho asesinato....

(Ver documento completo en Anexo y en www.otrosmudoschiapas.org).

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Gustavo Castro Soto
OTROS MUNDOS A.C.
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Barrio de Guadalupe
29230 San Cristóbal de las Casas
Chiapas, México
Tel (967) 6316643
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Concluye delegación canadiense…

Domingo, 16 de Mayo de 201
No debe permitirse a Blackfire operar en Chiapas

Amalia Avendaño/San Cristóbal de Las Casas l La delegación canadiense que visitó las minas del municipio de Chicomuselo luego de efectuar un reconocimiento sobre la situación y el conflicto desatado tras el asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, documentó diversas irregularidades en la operación de la empresa Blackfire y consideró que “no debe permitirse que esta empresa vuelva a operar” e incluso prohibirle establecer operaciones mineras en cualquier parte de Chiapas.

Tras el recorrido realizado a solicitud de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, del 20 al 27 de marzo pasado, los observadores concluyeron que “si se volviera a abrir la mina, habría una oposición aplastante de la comunidad, lo que plantea de nuevo la probabilidad de que volvieran a suscitar actos de violencia”.

Agregaron que la imagen de Canadá fue “seriamente dañada” no sólo en Chiapas, sino en México a raíz de las acciones “irresponsables” de la Black Fire.

Los representantes de la delegación solidaria compuesta por representantes de: Common Frontiers-Canada (Fronteras Comunes, sección Canadá; el Departamento Jurídico de la Oficina Nacional Canadiense de United Steelworkers (el Sindicato de Trabajadores del Acero) y MiningWatch Canada (Observatorio de Minas, sección Canadá) aseguraron que la mina en el ejido Grecia de Chicomuselo, “se instaló y se operó “sin que hubiera una consulta sustancial” con las comunidades afectadas y el proceso para obtener la concesión para abrir la mina y el camino de acceso “aparentemente fue llevado a cabo de manera altamente sospechosa… existen pruebas fehacientes de pagos indebidos por parte de Blackfire al alcalde de Chicomuselo y uno de los argumentos para justificarlos fue que eran para eliminar el descontento local”.

La negociación de “ciertos” acuerdos lo hizo la empresa de manera “secreta” con muy poca rendición de cuentas a los pobladores, hizo promesas y ofreció garantías a las comunidades que no cumplió.

También reveló los daños al medio ambiente empezando porque no existe evaluación del impacto ambiental de la explotación de la mina de barita y las comunidades “opinan” que la apertura y operación de la mina ha provocado la contaminación del agua, perjudicado la salud tanto de personas y animales, se ha erosionado el suelo con riesgos de deslaves.

El informe detalla el conflicto social que generó violencia y división “política, de género y religiosa” en la comunidad de la sierra que llevó a la resistencia civil, violencia que culminó en el asesinato de Mariano Abarca, destacando que todos los acusados en este caso tienen relación con Blackfire.