OBSERVATORIO CIUDADANO

Como es conocido, el pasado día 3 de este mes de octubre, se llevó a cabo, de forma por demás artera, brutal y violatoria de los más elementales derechos humanos, individuales y colectivos, un operativo policiaco, de carácter federal y estatal, en contra de la población indígena y campesina tojolabal de la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria, Chiapas, que mantenía bajo su administración, desde el siete de septiembre de este año, la zona arqueológica y ceremonial maya de Chinkultic,



Este operativo fue realizado por centenares de agentes de la Policía Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Estatal Preventiva (PEP) quienes, en vehículos, a caballo y a pie, ingresaron al poblado, encontrando la resistencia de hombres, mujeres y niñas-os, por lo cual, las fuerzas represivas reaccionaron –según reportes de periodistas testigos- con saña, “golpeando indiscriminadamente a niños, mujeres y personas de la tercera edad, dándole el tiro de gracia a tres heridos de gravedad y asesinando a un conductor que los trasladaba a un hospital en Comitán”.



La acción represiva, ejercida en contra de la comunidad de Miguel Hidalgo, se complementó con otra menos cruenta, desarrollada horas antes, en contra de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, quienes también desde principios de septiembre pasado, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello, controlado y administrado hasta entonces por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).



El saldo de estos actos de fuerza desmedida contra población civil, fue de al menos seis muertos y dos decenas de heridos, además de más de cincuenta personas detenidas.



Con esta represión, el Estado mexicano (gobiernos federal y estatal) les ha violentado flagrantemente, a hombres, mujeres y niñas-os atacados, no sólo sus derechos humanos individuales, relativos a la integridad y a la vida -consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles-; sino también, sus derechos como indígenas, respecto al territorio y a recuperar, resguardar y administrar, su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 11) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 14)(como bien han señalado ya, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos.



Sin embargo, más allá de lo deleznable que significa este brutal operativo represivo y esta masacre, y de la justa exigencia de justicia y castigo ejemplar a los verdaderos autores materiales, pero también y sobre todo, intelectuales (quienes dieron las órdenes desde el más alto nivel, y no sólo a oficiales de rango intermedio utilizados como chivos expiatorios) consideramos que esto no es sino una muestra del tipo y magnitud de los intereses que están detrás de la ambición de apoderarse, de forma privatizada y con fines de lucro multinacional, de los territorios indígenas y campesinos de Chiapas y del Sureste del país, ricos en recursos naturales de carácter estratégico (biodiversidad; recursos genéticos; agua dulce no contaminada y caudales potencialmente productores de hidroelectricidad; viento –como energía eólica-; y cubierta forestal que captura carbono) así como también, poseedores de inigualables bellezas escénicas y Centros ceremoniales sagrados –que no “ruinas”- y arqueológicos.



Ambiciones, conflictos y resistencias sobre este tipo de recursos, venían ya aflorando desde hace tiempo en Chiapas, por ejemplo, en los casos de los desalojos y reubicaciones forzosas en la Reserva de Biosfera Montes Azules (cuya masacre ejercida contra el poblado de Viejo Velasco en noviembre de 2006, mediante un operativo tipo paramilitar, se ha silenciado y quedado impune) y en el conflicto que desde hace más de un año enfrenta a las bases zapatistas de las Cascadas de Agua Azul (san sebastían Bachajón) contra la OPDDIC y sus aliados oficiales (la Sectur estatal y federal; la presidencia municipal de Chilón y la CONANP).



Sólo que, ya en este caso de Chinkultic, la saña demostrada por el operativo oficial, pareciera una señal de que fue ejecutado como un escarmiento ejemplar, cuya finalidad sería la de debilitar y desmoronar posibles resistencias y nuevos intentos indígenas que –sin importar su filiación política: zapatistas, perredistas ó príistas/panistas- pretendan defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural, para de esta forma, garantizarle a la inversión privada multinacional (léase, entre muchas otras: Monsanto; Sanofi Aventis; Glaxo; Ford Motors Co.; Iberdrola; Repsol; Femsa-Cocacola; Grupo Carso; hoteleras Meliá; Riu y Barceló) la “tranquilidad social y política” que vienen exigiendo sin duda cada vez con mayor impaciencia.



Es por ello que en éste, como en los casos ya señalados de Montes Azules y Agua Azul, y otros semejantes en Chiapas y en el resto del país, lo que está en juego no son únicamente los derechos, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y resistencia, sino los derechos de todo el Pueblo mexicano en su conjunto y la soberanía misma de nuestra Nación.