OBSERVATORIO CIUDADANO

El gobernador Juan Sabines Guerrero envió hoy al Congreso local una iniciativa que regule el uso de la fuerza policiaca en los desalojos.
La propuesta fue presentada 12 días después del frustrado desalojo en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio La Trinitaria, que dejó seis indígenas muertos. Las acciones se ejecutaron para "rescatar" la zona arqueológica de Chinkultik, que había sido tomada por los campesinos.

En 11 artículos y seis transitorios, la iniciativa, que fue entregada a la Comisión Permanente del Congreso, prevé la creación del "Protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del estado y los municipios de Chiapas".

Los diputados dieron entrada a la iniciativa y ésta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su discusión y dictamen.

En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la creación del protocolo tiene como fin "construir un estado en el que se privilegie la protección de la integridad de las personas" durante los operativos de desalojo que se lleven a cabo en el estado.

Así mismo, se pretende adecuar el marco jurídico estatal para que las corporaciones policíacas y seguridad encargadas de llevar a cabo desalojos, cuenten con un protocolo que garantice el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y la integridad de las personas. De tal manera, se establece que las corporaciones policíacas solo actuarán cuando una autoridad competente autorice proceder a un desalojo y que éstas pueden ser un juez, un Ministerio Público o un magistrado.
Señala que previo a esta solicitud se debe constatar que se han agotado ya las vías de diálogo y negociación con el grupo inconforme, para evitar el desalojo.

La propuesta prevé instalar un Consejo de Validación de Desalojos que estará conformado por las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como por el Ministerio de Justicia del estado, mismos que valorarán la petición de desalojo y dictaminarán si procede o no.
"El Consejo validará o, en su caso, rechazará dicha solicitud, determinando cuál será la institución que asumirá la responsabilidad, mando y operación del desalojo, debiendo ésta última nombrar a un único responsable para tal efecto", precisa la iniciativa.

Además, establece la mecánica de operación para proceder a efectuar un desalojo.

Así, por ejemplo, recomienda que antes de actuar la policía desarrolle trabajo de inteligencia para tener conocimiento del número de personas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores o personas discapacitadas, así como contar con un lugar a dónde trasladar a las personas desalojadas y proteger sus bienes.
Plantea también practicar exámenes toxicológicos a los elementos de la policía que participarán en los operativos, para "prevenir y en su caso evitar las acciones que sean contrarias al objeto del desalojo" y prohíbe el uso de armas de fuego o punzocortantes y de gases tóxicos.

La iniciativa recomienda también que las autoridades encargadas del desalojo del parte del operativo informen por escrito a la Comisión de Derechos Humanos y a la Cruz Roja, y graben el mismo en audio y video.

Advierte el protocolo que en caso de no observar dichos lineamientos las autoridades que participen en un desalojo serán sancionadas por la vía penal o administrativa, y establece que en el supuesto de que durante el operativo haya víctimas el gobierno estatal asumirá las consecuencias e indemnizará a los deudos.