Para Magdalena Gómez Rivera, experta en materia de derechos y cultura indígena, tras los hechos violentos que dejaron seis muertes en La Trinitaria, existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues si bien ha signado tratados y Declaraciones donde se compromete a respetar los derechos indígenas estos no se han materializado jurídicamente en la legislación interna.

Y señala como ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Explica que el Ejecutivo y el Legislativo Federal no han dado muestras de voluntad política para adecuar estos instrumentos internacionales a las leyes internas secundarias y que eso provoca un vacío jurídico, y que al no haber una iniciativa desde el Estado para promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, éstos están empujando desde sus espacios generando dinámicas organizativas pero también de confrontación, pero no tienen otra salida.

La abogada que ha acompañado procesos políticos y jurídicos de pueblos indígenas , señala que situaciones como la de Chiapas podrían repetirse en otras partes del país, pues cada vez más existe un despertar de los pueblos indígenas por recuperar lo que ancestralmente se les despojó.

Es paradójico que el INAH alegue despojo, que se diga agraviado y demande penalmente cuando son ellos, como representantes del Estado los que han ignorado los derechos de los pueblos asumiendo sin cortapisas la postura patrimonialista, además el resto de los mexicanos, por acción o por omisión hemos sido cómplices de la marginación, el desplazamiento y el despojo no solo de su historia, de sus tierras y sus territorios, sino que también de sus monumentos arqueológicos y santuarios naturales.

El INAH es una institución que se contradice, ellos más que nadie deben saber quiénes son los verdaderos dueños de esa historia y esos monumentos arqueológicos.

Pero más allá de los sucesos sangrientos en La Trinitaria, Gómez Rivera dice que es urgente otra reforma constitucional donde se reconozca el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas de México, de lo contrario la historia del viernes 3 de octubre puede repetirse.

Señala que criminalizar a los pueblos indígenas cuando pretenden apropiarse de los centros ceremoniales de sus antepasados es negarles la historia y su derecho de usufructuarlos si así lo requieren, y que además menospreciar su capacidad y conocimientos para administrarlos , es una visión regresiva verlos como entes pasivos y no como miembros activos del presente.