miguelangel@granadoschapa.com
Exceso de fuerza en Chiapas
Miguel Ángel Granados Chapa
10 Oct. 08
El pasado 3 de octubre se vivió la que podría ser la jornada más violenta del año. Fueron ejecutadas 42 personas por ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Además hay que sumar la muerte de seis personas presumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas. Donde hay zonas protegidas por su valor ambiental y arqueológico se generan dilemas cuando son distintos los intereses de las comunidades y de quienes reclaman la preservación de vestigios y parques naturales
El viernes 3 de octubre México vivió lo que probablemente es la jornada más violenta de este agitado año: fueron ejecutadas 42 personas por ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Si se añadieran otros homicidios violentos la cifra crecería hasta los niveles escandalosos que han llevado a la Organización Mundial de la Salud a determinar que la violencia que priva de la vida a personas es una epidemia en nuestro país.
A la cuenta de ese trágico día hay que agregar la muerte de seis personas presumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas que, de acuerdo con el ministerio de justicia de esa entidad, están "sujetos a investigación" aunque no se sabe que estén detenidos como efecto de esa averiguación. Las víctimas no fallecieron en un enfrentamiento con la autoridad sino que fueron atacadas cuando, con heridas de gravedad, eran conducidas a un hospital para su atención.
Los hechos ocurrieron en dos momentos en la zona arqueológica de Chincultik, que se halla en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, y en la entrada próxima a ese lugar, al parque nacional de las Lagunas de Montebello. Hace un mes, grupos de ejidatarios y habitantes de diversas comunidades se apoderaron de la administración del sitio arqueológico y del acceso a las lagunas, para forzar cambios en la manera en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas gestionan cada uno de esos lugares. A juicio de los ocupantes no sólo no se protege a esos sitios contra el deterioro sino que la admisión de visitantes no genera ningún beneficio a las comunidades aledañas.
El INAH denunció por despojo a quienes ingresaron a la zona arqueológica, y el 3 de octubre ingresaron al área ocupada miembros de policías federales y locales, portadores de órdenes de localización y presentación contra algunos de los ocupantes del centro ceremonial y de la entrada a las lagunas. En las lagunas, la fuerza pública desalojó a los detentadores de la caseta de cobro, los viveros y el área de investigación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Una veintena de personas fueron arrestadas.
La actuación policiaca en Chincultik fue resistida por los pobladores mediante barricadas tras las que se parapetaron armados con piedras, palos y machetes. La policía, a su vez, lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los lugareños, antes de entrar violentamente a domicilios de la localidad donde fueron detenidas personas que no participaban en la toma de la instalación ni en la resistencia. Como resultado de la intervención armada de la policía varias personas quedaron lesionadas.
Al saber de los hechos, con ánimo solidario el señor Agustín Alfaro acudió a la zona arqueológica desde la cercana comunidad de Ocotal Ojo de Agua. Viajaba con su camioneta acompañado por su esposa y su hijo, con la intención de trasladar en su vehículo a heridos, como los señores Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García y uno más con cuyo nombre no cuento.
Rumbo al hospital de Amparo Agua Tinta, en el municipio de Las Margaritas, la camioneta tripulada por Alfaro fue detenida por vehículos policiacos cuyos ocupantes dispararon sin más contra los heridos, el chofer, su esposa e hijo. Sólo la señora Eloisa Margarita Espinosa y su pequeño quedaron ilesos. Todos los demás murieron.
El ataque es inexplicable. Aun si se buscaba detenerlos por la violencia ejercida horas antes, se incurrió en un notorio exceso de fuerza porque esta vez la condición física de las víctimas les impedía resistir a los agentes de la autoridad. Disparar a los presuntos prófugos revela una absoluta carencia de adiestramiento o la rabia contra quienes los habían rechazado por la fuerza horas antes.
Las personas detenidas en las dos operaciones (en el acceso a las lagunas y en la zona arqueológica) quedaron en libertad, sin cargos en su contra, lo que muestra la levedad de las responsabilidades penales que se pretendía fincarles. A los deudos de las personas asesinadas se le ofendió adicionalmente al querer contentarlos en su desgracia, con la entrega de 35 mil pesos para gastos funerarios y 75 mil más como una suerte de indemnización. La vida humana no tiene precio y agravia que se busque silenciar la indignación de las familias suponiendo que las personas asesinadas se cotizaban a bajo precio.
En Chiapas, como en otras entidades donde hay zonas protegidas por su valor ambiental y arqueológico ha ido resolviéndose, no siempre de buen modo, el dilema que se suscita cuando el interés de las comunidades choca contra el interés general que reclama la preservación de vestigios y parques naturales, que son patrimonio de todos y cuya administración corre a cargo de las instituciones federales correspondientes. Se entiende así la necesidad de no admitir la irrupción de grupos que ponen en riesgo la integridad de las zonas afectadas, por más lastimados que sean sus propios derechos y por más tortuoso que sea el camino para hacerlos valer conforme a la ley.
No se comprende, en cambio, y no es admisible, el exceso en el uso de la fuerza que llevó al asesinato de seis personas. Chiapas ha sido condenado por décadas a la efusión de sangre de los débiles a manos de los poderosos, casi siempre bendecidos por la impunidad. Debe procurarse el castigo a todo delincuente y en particular debe punirse la violencia oficial homicida.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
10 Oct. 08
El pasado 3 de octubre se vivió la que podría ser la jornada más violenta del año. Fueron ejecutadas 42 personas por ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Además hay que sumar la muerte de seis personas presumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas. Donde hay zonas protegidas por su valor ambiental y arqueológico se generan dilemas cuando son distintos los intereses de las comunidades y de quienes reclaman la preservación de vestigios y parques naturales
El viernes 3 de octubre México vivió lo que probablemente es la jornada más violenta de este agitado año: fueron ejecutadas 42 personas por ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Si se añadieran otros homicidios violentos la cifra crecería hasta los niveles escandalosos que han llevado a la Organización Mundial de la Salud a determinar que la violencia que priva de la vida a personas es una epidemia en nuestro país.
A la cuenta de ese trágico día hay que agregar la muerte de seis personas presumiblemente muertas a mansalva por agentes policiacos en Chiapas que, de acuerdo con el ministerio de justicia de esa entidad, están "sujetos a investigación" aunque no se sabe que estén detenidos como efecto de esa averiguación. Las víctimas no fallecieron en un enfrentamiento con la autoridad sino que fueron atacadas cuando, con heridas de gravedad, eran conducidas a un hospital para su atención.
Los hechos ocurrieron en dos momentos en la zona arqueológica de Chincultik, que se halla en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, y en la entrada próxima a ese lugar, al parque nacional de las Lagunas de Montebello. Hace un mes, grupos de ejidatarios y habitantes de diversas comunidades se apoderaron de la administración del sitio arqueológico y del acceso a las lagunas, para forzar cambios en la manera en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas gestionan cada uno de esos lugares. A juicio de los ocupantes no sólo no se protege a esos sitios contra el deterioro sino que la admisión de visitantes no genera ningún beneficio a las comunidades aledañas.
El INAH denunció por despojo a quienes ingresaron a la zona arqueológica, y el 3 de octubre ingresaron al área ocupada miembros de policías federales y locales, portadores de órdenes de localización y presentación contra algunos de los ocupantes del centro ceremonial y de la entrada a las lagunas. En las lagunas, la fuerza pública desalojó a los detentadores de la caseta de cobro, los viveros y el área de investigación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Una veintena de personas fueron arrestadas.
La actuación policiaca en Chincultik fue resistida por los pobladores mediante barricadas tras las que se parapetaron armados con piedras, palos y machetes. La policía, a su vez, lanzó gases lacrimógenos y disparó contra los lugareños, antes de entrar violentamente a domicilios de la localidad donde fueron detenidas personas que no participaban en la toma de la instalación ni en la resistencia. Como resultado de la intervención armada de la policía varias personas quedaron lesionadas.
Al saber de los hechos, con ánimo solidario el señor Agustín Alfaro acudió a la zona arqueológica desde la cercana comunidad de Ocotal Ojo de Agua. Viajaba con su camioneta acompañado por su esposa y su hijo, con la intención de trasladar en su vehículo a heridos, como los señores Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García y uno más con cuyo nombre no cuento.
Rumbo al hospital de Amparo Agua Tinta, en el municipio de Las Margaritas, la camioneta tripulada por Alfaro fue detenida por vehículos policiacos cuyos ocupantes dispararon sin más contra los heridos, el chofer, su esposa e hijo. Sólo la señora Eloisa Margarita Espinosa y su pequeño quedaron ilesos. Todos los demás murieron.
El ataque es inexplicable. Aun si se buscaba detenerlos por la violencia ejercida horas antes, se incurrió en un notorio exceso de fuerza porque esta vez la condición física de las víctimas les impedía resistir a los agentes de la autoridad. Disparar a los presuntos prófugos revela una absoluta carencia de adiestramiento o la rabia contra quienes los habían rechazado por la fuerza horas antes.
Las personas detenidas en las dos operaciones (en el acceso a las lagunas y en la zona arqueológica) quedaron en libertad, sin cargos en su contra, lo que muestra la levedad de las responsabilidades penales que se pretendía fincarles. A los deudos de las personas asesinadas se le ofendió adicionalmente al querer contentarlos en su desgracia, con la entrega de 35 mil pesos para gastos funerarios y 75 mil más como una suerte de indemnización. La vida humana no tiene precio y agravia que se busque silenciar la indignación de las familias suponiendo que las personas asesinadas se cotizaban a bajo precio.
En Chiapas, como en otras entidades donde hay zonas protegidas por su valor ambiental y arqueológico ha ido resolviéndose, no siempre de buen modo, el dilema que se suscita cuando el interés de las comunidades choca contra el interés general que reclama la preservación de vestigios y parques naturales, que son patrimonio de todos y cuya administración corre a cargo de las instituciones federales correspondientes. Se entiende así la necesidad de no admitir la irrupción de grupos que ponen en riesgo la integridad de las zonas afectadas, por más lastimados que sean sus propios derechos y por más tortuoso que sea el camino para hacerlos valer conforme a la ley.
No se comprende, en cambio, y no es admisible, el exceso en el uso de la fuerza que llevó al asesinato de seis personas. Chiapas ha sido condenado por décadas a la efusión de sangre de los débiles a manos de los poderosos, casi siempre bendecidos por la impunidad. Debe procurarse el castigo a todo delincuente y en particular debe punirse la violencia oficial homicida.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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