México debe investigar los asesinatos en Chiapas

Es necesaria una investigación imparcial para asegurar que los crímenes sean juzgados

(Washington, DC, 10 de octubre de 2008) – El gobernador de Chiapas debe asegurar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los sucesos en los cuales fallecieron seis personas y 17 resultaron heridas en la comunidad de Miguel Hidalgo, señaló hoy Human Rights Watch.

Es fundamental que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva para asegurar que los responsables de los asesinatos y otros abusos sean juzgados.


José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch

El 3 de octubre, la policía ingresó a la comunidad indígena de Miguel Hidalgo con el propósito de desalojar a los residentes de una zona arqueológica vecina, quienes la ocupaban desde hacía más de un mes en reclamo de una participación en los ingresos generados por dicha zona. Luego de que algunos miembros de la comunidad lograran impedir que avanzara la policía, una fuerza policial más numerosa irrumpió en la comunidad, a lo cual siguió un violento enfrentamiento.

Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles que señalan que la policía ejecutó a cuatro hombres que no estaban armados y usó una fuerza excesiva durante el enfrentamiento.

“Es fundamental que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva para asegurar que los responsables de los asesinatos y otros abusos sean juzgados”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Cerca de 40 policías estatales y municipales irrumpieron en la comunidad indígena de Miguel Hidalgo a las 11:00 a.m., y lanzaron gases lacrimógenos a los lugareños. La comunidad reaccionó desarmando y deteniendo a los oficiales. A las 5:30 p.m., otros 300 oficiales invadieron la comunidad, utilizando armas y gases lacrimógenos, mientras algunos de los miembros de esta atacaban con palos y piedras.

Agustín Alfaro Alfaro trasladaba a cuatro hombres heridos hasta el hospital cuando, según Eloisa Margarita Espinoza Morales, esposa de aquel y testigo del suceso, un retén de la policía lo obligó a detener su camioneta y comenzó a disparar. Alfaro, herido por los disparos, detuvo la camioneta. A continuación, los policías procedieron a ejecutarlo, al igual que a tres de los hombres heridos. Presuntamente, dos hombres más murieron por heridas de armas de fuego durante la redada.

Seis oficiales de policía han sido detenidos en relación con las ejecuciones.

Las autoridades mexicanas sostienen que los residentes de la comunidad estaban ocupando ilegalmente las tierras y que varios oficiales resultaron heridos durante el enfrentamiento.

“Aceptamos que el estado tiene la obligación de juzgar a los miembros de la comunidad que hayan infringido la ley”, manifestó Vivanco. “Sin embargo, al cumplir con su deber de aplicar la ley, la policía debe respetar los derechos básicos de los ciudadanos consagrados en la constitución mexicana y en el derecho internacional”.