Formal prisión a Herrán Salvatti
Según el expediente penal, en el periodo que va del 31 de octubre de 2007 al 5 de junio de 2008, Mariano Herrán se hizo autopréstamos con recursos de la Secretaría de Economía, a través de cheques a su nombre por cantidades de hasta 2 millones, que él mismo firmaba.
Por esta misma causa penal, la ex jefa de la Unidad de Recursos Financieros y Contabilidad de la Secretaría de Economía de Chiapas, Delia Pérez Ornelas, fue detenida el pasado 27 de enero, tres días después que Mariano Herrán.
Según informó el juez Braulio Bermúdez, por el momento no ha recibido nuevos expedientes penales que involucren a Mariano Herrán en la comisión de otros delitos.
Cabe recordar que Mariano Herrán fue el titular de la Fiscalía General de Justicia, durante los seis años que duró la administración del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), uno más en la actual administración. Posteriormente ocupó, durante 8 meses, la titularidad de la Secretaría de Economía.
Mariano Herrán fue detenido la noche del sábado 24 de enero en Tuxtla Gutiérrez e ingresado al penal El Amate, a través de un fuerte operativo policiaco encabezado por el entonces jefe de seguridad del gobernador, Orlando Leyva Lobato, quien horas después sería nombrado director de la Policía Ministerial.
Mariano Herrán se encontraba conviviendo con Dulce Berenice Velásquez Orantes, ex directora del Instituto Estatal de la Juventud. Luego de una revisión de tres horas, los uniformados se llevaron al ex zar antidrogas y varias cajas con documentos.
En los días subsecuentes fueron cateadas varias viviendas, ranchos, una tienda, un restaurante y un criadero de perros propiedad de Mariano Herrán y sus hijos.
Antes de integrarse al equipo de Pablo Salazar, fue titular de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Al terminar la gubernatura de Pablo Salazar Mariano Herrán siguió al frente de la Fiscalía General de Justicia del estado hasta el 31 de octubre de 2007, cuando esta dependencia desapareció y se creó el Ministerio de Justicia.
Herrán Salvatti fue nombrado secretario de Economía el 31 de octubre de 2007 y ocupó ese cargo hasta el 5 de junio pasado.
Antes de abandonar esa dependencia Herrán fue citado a comparecer ante el Congreso local, donde los diputados lo acusaron de abuso de autoridad y mal uso del servicio público, por la presunta detención ilegal y el encarcelamiento injustificado de decenas de personas, entre ellas integrantes del gabinete del ex gobernador Roberto Albores Guillén, durante los siete años que estuvo a cargo de la Procuración de Justicia del estado.
Posteriormente el Órgano de Fiscalización Superior del Estado inició un proceso en su contra por un presunto fraude cometido en su periodo en la Fiscalía de Justicia, por un monto de 180 millones de pesos. En ambos casos Mariano Herrán consiguió amparos a su favor para evitar su detención.
Luego de la nueva acusación por el presunto peculado en la Secretaría de Economía, que derivó en su detención, se suscitó una polémica entre la clase política local y nacional, que indicaban que el encarcelamiento del ex zar antidrogas se debió a un rompimiento entre el ex gobernador Salazar y el actual mandatario Juan Sabines.
ISAíN MANDUJANO
CINTALAPA, Chis. 30 de enero (apro).- El juez tercero del ramo penal, Bruno Bermúdez, dictó auto de formal prisión contra el exzar antidrogas, Mariano Herrán Salvatti, acusado de los presuntos delitos de peculado, uso indebido del ejercicio de las funciones públicas, asociación delictuosa y abuso de confianza.
Posición FNLS por Detención de Herrán Salvatti
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 28 de enero de 2008. AL PUEBLO DE CHIAPAS A LA OPINIÓN PÚBLICA BOLETÍN DE PRENSA. La Coordinación Estatal del estado de Chiapas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) emite su posición política, respecto a la detención de Mariano Herrán Salvatti, ocurrida el pasado sábado 24 de enero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. ¡CON PRESOS POLÍTICOS NO HAY DEMOCRACIA! ¡CASTIGO PENAL POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DEL PUEBLO DE CHIAPAS A PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA Y A MARIANO HERRÁN SALVATTI! ¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR! COORDINACIÓN ESTATAL CHIAPAS FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)
Cateanpropiedades de Mariano Herrán
ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 28 de enero (apro).- Decenas de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Policía Ministerial de Chiapas allanaron y catearon la noche del martes, el domicilio del exfiscal de justicia, Mariano Herrán Salvatti preso en el penal de El Amate donde enfrenta varios delitos derivados de un desvío de recursos por más de seis millones de pesos.
Su mansión convertida en una fortaleza con sistemas de vigilancia y altas medidas de seguridad fue vulnerada cerca de la media noche cuando encapuchados policías vestidos de civil y uniformados de azul y con pasamontañas arribaron al domicilio ubicado a seis kilómetros al sur de esta capital en un poblado rural llamado el Jobo.
El operativo policiaco no sorprendió a los humildes vecinos de la mansión quienes ya esperaban que tarde o temprano sucediera esto, desde que se enteraron de la captura del dueño de la propiedad ocurrida el sábado 24 por la noche.
Los hombres de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE ) ingresaron a la casa en tanto que los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) cercaron los accesos al lugar para evitar que vehículos o personas se acercaran.
El diario local Cuarto Poder, él único medio cuyos reporteros estuvieron en los hechos, reseñó que los policías estatales metieron una camioneta y que de ella sacaron “joyas carísimas, autos de lujo y una caja fuerte”.
La casa es una fortaleza de concreto que tiene bardas muy altas, casetas de vigilancia con cristales polarizados y video cámaras de seguridad. Ahí mismo se encuentra el criadero de perros Gran Danés que administra la hija del exfiscal, Mariana Herrán Aguirre.
Criaderos Herrán Aguirre, SA de CV se ofrece como la única empresa en México especializada en la cría de este tipo de perros. Según la web de esa empresa de la hija del exfiscal antidrogas de México, la instalación cuenta con 30 jaulas para perros adultos, todas ellas equipadas con tarimas y tapetes para su comodidad.
Tiene dos hectáreas de terreno para movimiento y trabajo de los perros; 6 jaulas de maternidad diseñadas para mantener la temperatura adecuada para los cachorros, personal que labora las 24 horas del día, los 365 días del año, almacén de alimentos, alberca, rehilete ejercitador de perros, corral de arena, ring profesional, consultorio médico, un quirófano, un area de hospitalización, un laboratorio, sala de rayos X y ultrasonido, área de terapia intensiva, aala de recuperación y una farmacia.
La noche el operativo los perros ladraron más que otras noches, al ver la presencia d los intrusos uniformados cateando cada rincón del inmueble.
Algunos vecinos que no se habían percatado del operativo despertaron y se encontraron con la movilización policiaca pero no les permitieron ni siquiera asomarse por las ventanas.
No se sabe hasta el momento que fue lo que extrajeron del domicilio de Herrán Salvatti, quien se encuentra en el penal de El Amate puesto a disposición de un juez donde tiene sus expediente que lo vincula a los presuntos delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del Estado.
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TAPACHULA
Catean más propiedades de Mariano Herrán
Rafael Victorio * CP. Por lo menos cinco residencias propiedad del ex fiscal general y ex secretario de Economía, Mariano Herrán Salvatti, preso en el penal de "El Amate" fueron cateadas en Tapachula, por fiscales especiales.
Aun cuando no se han dado mayores detalles, las mismas se ubican en las avenidas Jardines del Tacaná, Hormiguillo y Circuito Texcuyuapan del fraccionamiento Lomas del Tacaná; la 19ª. Calle Oriente entre 1ª. y 3ª. Avenida Norte, en el centro de Tapachula y en Playa Linda.
Estas acciones como consecuencia de las investigaciones que se le siguen al ex funcionario acusado de los delitos de peculado, abuso de confianza, abuso de autoridad y asociación delictuosa, cometidos en la Secretaría de Economía.
Caso Herrán, de Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA ¡Pobre Chiapas! Jueves, 29 de Enero de 2009 Miguel Ángel Granados Chapa Dejemos por ahora las rivalidades entre la clase política de Chiapas, y su probable efecto en la procuración de justicia, es decir en el encarcelamiento del ex fiscal general y ex secretario de Economía, Mariano Herrán Salvati -y una de sus colaboradoras también-. El conflicto entre el gobernador Juan Sabines y su antecesor Pablo Salazar es de tal profundidad y amplitud que requiere abordamiento extenso. Dejemos también para otra oportunidad las razones por las cuales el sobrino del poeta Jaime Sabines falta a sus compromisos o los cumple a medias, llegando tarde a citas establecidas con mucha anterioridad. Así lo hizo anteayer en la Ciudad de México cuando estuvo a punto de quedar fuera de la reunión del Consejo de armonización contable de la Secretaría de Hacienda. El propio presidente Calderón tuvo que autorizar su demorado ingreso. Sabines ha logrado una buena relación con el Ejecutivo federal con su melosa cercanía y su adulación frecuente, como la que de modo indirecto le brindó al erigir una estatua en memoria de Juan Camilo Mouriño. Ocupémonos ahora de algunas señales del autoritarismo pendenciero que se extiende por toda la entidad. Uno de esos signos deplorables es que los agentes de seguridad estatal parecen estar autorizados para matar, sin que se les aplique la ley, de cuyo cumplimiento se ufana el gobernador en el caso de Herrán Salvati -a quien se vilipendia en un texto manifiestamente pagado en Excélsior, el martes pasado, aunque presentado como si fuera un artículo de opinión-. En octubre del año pasado, por ejemplo, policías estatales asesinaron arteramente a seis personas. Varias de ellas estaban heridas y eran trasladadas por una persona de buena voluntad a un hospital, para la pronta atención que requerían. Horas antes los agentes policiacos y miembros de la comunidad en torno a los vestigios arqueológicos de Chinkultik habían librado una escaramuza que dejó hasta 17 heridos, de una y otra parte, y muchas personas detenidas (y que fueron liberadas porque no hubo cargos en su contra, lo que muestra la imprudencia de la acción policíaca inicial que dio motivo a la gresca). La Policía interceptó más tarde al vehículo donde iban los heridos y sin más, como si sus compañeros se cobraran las contusiones que algunos miembros de la corporación recibieron en el combate previo, dispararon contra los lesionados y su benefactor, que murieron de inmediato. Una acción agresiva semejante acaba de ocurrir, de nuevo, porque las autoridades no castigan la violencia policíaca. El 9 de enero, en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas una brigada policial disparó contra un vehículo que trasladaba a migrantes indocumentadas. Suponiendo que, como ocurría en efecto, se practicaba tráfico de personas en la furgoneta, los agentes le marcaron el alto, que fue ignorado por el chofer. Lanzada una patrulla en persecución del vehículo, los policías dispararon sobre sus ocupantes. Mataron a tres personas, dos de ellas nacidas en Ecuador con lo que, por añadidura se ha suscitado un conflicto internacional, pues el gobierno de ese país reclama castigo para los agresores e indemnización para los deudos de las víctimas. Es claro que su conducta hubiera sido plausible si sólo impidieran el trabajo del pollero que conducía a los desgraciados migrantes, procedentes de Centro y Sudamérica. Pero para hacerlo no requerían disparar sin control, máxime que no enfrentaron resistencia sino que los tratantes procuraban huir. Ese episodio, en que los indocumentados que sobrevivieron fueron llevados a la cárcel como si hubieran cometido delitos, antes de su entrega a las autoridades migratorias para su deportación, no fue un acontecimiento aislado. Se inserta en la práctica solapada por el gobierno de hostigar a los trabajadores que intentan cruzar el territorio mexicano para entrar en Estados Unidos. Rapiña, chantaje y agresión son conductas de los policías estatales que forman ya parte del paisaje y contra las cuales nada pueden las denuncias de los comités civiles que promueven el respeto a los derechos humanos. publicidad Con violencia menos obvia autoridades estatales generan o empeoran conflictos en vez de aliviarlos y resolverlos. Pongo dos ejemplos a los que se refiere una carta dirigida al gobernador Sabines apenas el jueves pasado, 22 de enero sobre acontecimientos en los municipios de Ocosingo y Tila. El órgano firmante de esa comunicación, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, recuerdan al destinatario que “el 26 de marzo del 2007 presentamos por primera vez a su gobierno un pliego de demandas de nuestras organizaciones, acompañándolo de una carta dirigida a usted. De entonces a la fecha, el presente es el quinto escrito que dirigimos a su persona, para hacerle saber que los distintos funcionarios públicos encargados de atender nuestros planteamientos no sólo han incumplido en lo general con esa función, sino que algunos han incurrido puntualmente en conductas indebidas y contrarias a la búsqueda de soluciones justas”. La carta se refiere en particular al despojo de tierras en el Ejido El Carrizal y a un conflicto causado por el abandono de un proyecto de agua potable en Petalcinco. El denominador común es el apoyo de autoridades a grupos paramilitares que hostigan y avasallan a comunidades de base zapatista que se han avenido a trabajar conforme a los cánones gubernamentales en beneficio de sus integrantes, pero sin abandonar su filiación. Esos son sólo ejemplos de lo que ocurre allá.
Caso Herrán, de Arvide
Las pruebas que guarda Herrán
Caso Chimalapas y/o Zona Noroeste de Cintalapa: Riesgo latente
Lunes 26 de enero de 2009 C O M U N I C A D O LAS COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA. JUCHITAN,OAXACA. 1.- PARA LAS AUTORIDADES DEL ESTADO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO LA PROBLEMATICA QUE PREVALECE EN LA ZONA DEL CONFLICTO, CON EL VECINO ESTADO CHIAPANECO,QUE CON SU POLITICA SUCIA, SIGUE INVADIENDO LOS BIENES COMUNALES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEÑALAMOS Y REMARCAMOS QUE EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, HICIMOS UN LLAMADO, POR MEDIO DEL DELEGADO ESPECIAL DE LOS CHIMALAPA, PARA UNA REUNION EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ. PENSANDO EN QUE EL DELEGADO HICIERA UN LLAMADO A PROFEPA, SEMARNAT Y A LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y MOSTRAR AL MISMO TIEMPO LA TALA CLANDESTINA QUE SE ENCONTRO EN LAS COLINDANCIAS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA.CONCRETAMENTE EN EL PARAJE CONOCIDO DE "EL CHIQUERO" Y "EL ARROYO DE LOS PATOS" Y EL MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS, DONDE COLINDA. NINGUNA AUTORIDAD FEDERAL HIZO CASO A NUESTRO LLAMADO. ESE MISMO DIA, 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTARON TRES CAMIONES DE CARGA, PARA EL SAQUEO DE MADERA DE PINO EN ROLLO DE 2.50 METROS. RESPALDADOS POR LA PATRULLA MUNICIPAL DE CINTALAPA,CHIAPAS. EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DECIDIMOS BLOQUEAR EL PASO HACIA EL SUPUESTO EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ INVASOR DE LOS BIENES COMUNALES. YA QUE CON SU TALA CLANDESTINA AFECTA A LAS COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO. BLOQUEAMOS EL CAMINO PARA IMPEDIR LA SALIDA DE LOS CAMIONES, QUEDANDO ESTOS EN DIAZ ORDAZ. LAS AUTORIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA LLEGARON A RESCATAR LA PATRULLA MUNICIPAL DE CINTALAPA, ACUSANDO A LAS COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO DE SECUESTRO DE LA PATRULLA. 2.- EL JUEVES 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, JOSE ANTONIO CRUZ ORDAZ, NOS CITO A UNA COMISION DE LAS DOS COMUNIDADES (BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO), JUNTO CON LAS AUTORIDADES DE CITALAPA CHIAPAS, DONDE NO SE LLEGO A NINGUNA SOLUCION FAVORABLE PARA EL POBLEMA QUE VIVE EN LA ZONA ORIENTE, QUE NOS HA LLEVADO YA, 40 AÑOS DE LUCHA. 3.- EL DIA VIERNES 23 DE ENERO, SE LLEVA ACABO EN LA CIUDAD DE MEXICO UNA AUDIENCIA, DONDE SE CITA A LAS AUTORIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA Y SAN ANTONIO.ESTANDO PRESENTES TAMBIÈN LAS AUTORIDADES FEDERALES Y MUNICIPALES DE CHIAPAS, DONDE PEDIMOS SE RESUELVA EL PROBLEMA AGRARIO. QUE LAS MISMAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO PROVOCARON, SIN EMBARGO, NO LLEGAMOS A NINGUN ACUERDO. TODAS LAS AUTORIDADES, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, NOS PIDEN, COMO REQUISITO PARA SOLUCIONAR NUESTRO PROBLEMA, DESBLOQUEAR EL CAMINO HACIA DIAZ ORDAZ. INCLUSO NOS OFRECEN PROYECTOS. NOSOTROS DECIDIMOS MANTENER EL BLOQUEO HASTA DAR SOLUCION AL PROBLEMA AGRARIO, YA QUE ESAS PROMESAS LAS HEMOS ESCUCHADO DURANTE 40 AÑOS. HOY NOS PRESENTAMOS A LA OPINION PUBLICA, PARA INFORMAR QUE COMO COMUNIDADES NO CEDEREMOS EN NUESTRAS LUCHAS HASTA QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEN SOLUCION A NUESTRO PROBLEMA AGRARIO. ATENTAMENTE: COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA. JUCHITAN,OAXACA.
Chiapas, la guerra política
COLUMNA Serpientes y Escaleras
Por: Salvador García Soto
EL UNIVERSALmiércoles 28 de enero de 2009,
Desalojan a mujeres comerciantes en Chiapas
Impunidad en el Caso Tres Cruces: Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de enero de 2009
Boletín de prensa 03
Impunidad en el Caso Tres Cruces
· Se cumplen seis años de la agresión perpetrada por el gobierno de Pablo Salazar contra la comunidad de Tres Cruces, municipio de Chamula
· Mediante operativo policíaco, sin fundamento legal y sin la planeación debida derivó en la muerte de 5 personas
El día de hoy se cumplieron seis años del operativo realizado en el Paraje Tres Cruces, municipio de San Juan Chamula, acción en donde elementos de distintas corporaciones policíacas del estado intentaron efectuar órdenes de aprehensión de manera negligente terminando con la vida de cinco personas.
La acción que tenia como objetivo ejecutar una orden de presentación en contra de Candelario Heredia Hernández, Pascual Heredia y Enrique Hernández Hernández, acusados falsamente de participar en los homicidios de dos personas, fue ejecutada por integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Sectorial, elementos de la Policía municipal de Chamula (Mayoles) y civiles que fueron dirigidos por la entonces Subprocuraduria de Justicia Indígena.
En el saldo del operativo resultaron muertas las siguientes personas; el joven Gregorio Heredia Hernández, muerto a la vista de su familiares, y cuatro personas que participaban en el ejecución de las ordenes: Salvador Pérez Sánchez, Domingo Girón Shilón, Policías Mayoles; y Emiliano Aguilar Toledo, Martín Gómez Pérez o Rojas Pérez, elementos de AEI, que según testimonios de pobladores del Paraje Tres Cruces, fueron víctimas del fuego cruzado de las mismas corporaciones policiales.
De estos hechos se culpó a Candelario Heredia Hernández, Pascual Heredia Hernández, Mariano Heredia Gómez, Enrique Hernández Hernández y Zacario Hernández. Los testimonios refieren que los inculpados estaban durmiendo cuando empezó el tiroteo por parte de los elementos policíacos, y que fueron estos quienes al rodear las casas se dispararon entre sí.
Enrique, Pascual, Mariano y Zacario fueron detenidos y privados de su libertad por más de cinco años, acusados falsamente de estos homicidios, siendo liberados hasta el año del 2008, después de sostener una huelga de hambre que se prolongó por más de 34 días lo que motivó movilizaciones del Pueblo Creyente, organizaciones y comunidades que se solidarizaron por la libertad de estas personas.
Este contexto de represión y persecución se dio en contra de personas que profesaban una religión distinta a la tradicionalista o que militaran en partido político distinto al PRI. De este contexto histórico recordamos la violencia generalizada que marcó al municipio de San Juan Chamula, situación alentada por cacicazgos locales protegidos por los gobiernos del PRI y después aun, por el gobierno de Pablo Salazar Mendíguchia.
La Subprocuraduria de Justicia Indígena en aquel entonces encabezada por Isidro Gómez Entzín, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo titular era Mariano Herrán Salvatti, fueron quienes ordenaron el operativo y en su momento quienes alteraron las pruebas en contra de los indígenas tsotsiles para cubrirse con el manto de la impunidad respecto a estos crímenes.
El día de hoy recordamos con indignación estos hechos que tuvieron como mártir al joven Gregorio Heredia Hernández, cuyo delito fue ser un ferviente católico, integrante del grupo de alabanza en su paraje y que ciertamente no era integrante del PRI, sino un disidente de los partidos políticos en general, lo cual le costo la vida. Rememoramos con aprecio al compañero Gregorio, que cayo por la lucha de liberación de su pueblo y enviamos un saludo fraterno a su familia, vecinos y al Pueblo Creyente por está perdida.
Por las muertes de estas personas, este Centro de Derechos Humanos continúa en la exigencia de justicia para que hechos como este no se repitan, demandamos se realice una investigación diligente e imparcial que dé con la verdad de los hechos, sancionando a las personas que por acción u omisión resulten responsables, se indemnice a los familiares de las cinco personas asesinadas y a las cuatro personas que arbitrariamente se les mantuvo privadas de su libertad por cinco años.
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De Arcadio Acevedo
SALUDOS.
SE LES RUEGA ACOGER EN EL ASILO DE SU ATENCIÓN A ESTA CARICATURA HUÉRFANA, FIERA, PERO GRATIS. SALUD.
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