San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Enero 22 de 2009.

 C A R T A     A B I E R T A 

LIC. JUAN SABINES GUERRERO.

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

Palacio de Gobierno, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas..

P r e s e n t e . 

El 26 de marzo de 2007 presentamos por primera vez a su gobierno un Pliego de Demandas de nuestras organizaciones, acompañándolo de una carta dirigida a Usted.. De entonces a la fecha, el presente es el quinto documento escrito que dirigimos a su persona, para hacerle saber que los distintos funcionarios públicos encargados de atender nuestros planteamientos, no sólo han incumplido en lo general con ésa función, sino que algunos han incurrido puntualmente en conductas indebidas y contrarias a la búsqueda de soluciones justas.

Dentro de esto último destacan dos casos, el de El Carrizal en el municipio de Ocosingo, y el de Petalcingo en el municipio de Tila, cuyo común denominador ha sido el encubrimiento y la actitud parcial por parte de funcionarios de su gobierno, en favor de los intereses concretos de otros funcionarios menores que han cometido actos de corrupción y violación de diversas leyes, así como abusos e injusticias de toda índole.

En el primero de ellos, distintos funcionarios del gobierno que Usted encabeza han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex-regidor de Ocosingo José Pérez Gómez y elgrupo paramilitar enquistado en la ORCAO que él mismo dirige; quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas tzeltales, que son compañeros nuestros de la OCEZ–FNLS. Hoy, por la vía de los hechos y no de las palabras, su gobierno indebidamente ha tomado posición parcial a favor del grupo de ORCAO, pasando así por encima de una supuesta mesa de diálogo.

En el segundo caso también han sido diferentes funcionarios de su gobierno, quienes han encubierto sistemáticamente la corrupción y violación de leyes cometidas durante la inconclusa construcción de un proyecto de agua entubada, por el hoy ex-Presidente Municipal de Tila, Juan José Díaz Solorzano: también de conocida filiación paramilitar pero éste en el grupo “Paz y Justicia”. El encubrimiento a esas irregularidades llegó al grado de que varios servidores públicos de la administración que Usted encabeza, no sólo toleraron que miembros de dicho grupo paramilitar de Petalcingo perpetraran una acción violenta en su presencia con el fin de incumplir flagrantemente los acuerdos firmados en una mesa de gobierno, sino que avalaron el arbitrario acto mediante el cual destituyeron de forma ilícita a compañeros nuestros del MRPS–FNLS que legalmente ocupaban los cargos de Comisariado Ejidal y Agente Municipal.

Ambos casos fueron denunciados por nosotros, tanto públicamente como directo en distintas oficinas de su gobierno estatal, en particular y personalmente ante cada uno de los titulares que han pasado por la Subsecretaría de Relaciones Políticas, sin que ninguno de ellos haya tenido la voluntad política de enmendar dichos atropellos.

De este modo, dichos conflictos latentes que funcionarios de su gobierno solaparon y dejaron crecer, han tenido su lógica evolución llegando hoy a niveles delicados de tensión.

En El Carrizal, dentro del marco en el que paramilitares de la ORCAO han escalado sus agresiones hacia bases del EZLN, también han aprovechado la situación para emprender una nueva ola de provocaciones hacia nuestros compañeros de la OCEZ–FNLS, principalmente amarrando ganado en sus parcelas de cultivo para propiciar un enfrentamiento que justifique lo que tanto han anhelado: que se instale en el lugar un campamento de la policía estatal, la cual siempre ha actuado en complicidad con ellos interviniendo así indebidamente en un conflicto de índole agraria. La impunidad que le brindan a dicha banda paramilitar de la ORCAO, lo mismo funcionarios estatales y municipales, que Ministerios Públicos de Ocosingo, le permite continuar cometiendo actividades delictivas como el robo a personas que transitan por la carretera o el reciente incendio de una casa en la vecina comunidad de Tomás Munzer.

En Petalcingo, ante nuevos actos flagrantes de corrupción de quienes arbitrariamente y bajo consentimiento oficial fueron impuestos como autoridades ejidales espurias, el propio pueblo realizó una Asamblea el 12 de diciembre de 2008 para elegir otro Agente Municipal: siendo éste un compañero nuestro del MRPS–FNLS, avalado por un Acta con 1,098 firmas y que desde entonces se encuentra cumpliendo responsablemente con su cargo. Sin embargo éste acto legítimo, sustentado en los usos y costumbres indígenas del pueblo tzeltal de Petalcingo, ha sido ignorado por el actual Presidente Municipal Limber Gutiérrez Gómez, quien se niega a otorgar el debido nombramiento oficial; dejando así deliberadamente un pueblo de 8 mil habitantes y 12 barrios sin la capacidad de vigilar el orden social interno, provocando la ingobernabilidad del lugar.

Las gestiones de los actuales titulares de la Subsecretaría de Operación Regional Zona Selva y de la Delegación de Gobierno en Yajalón, quienes a diferencia de sus antecesores en el cargo, parecen sí tener la voluntad de resolver correctamente el problema, no sólo no han logrado persuadir al edil de Tila para que proceda a cumplir con su obligación de otorgar dicho nombramiento oficial, sino que tampoco consiguieron que éste se presentara a la primera mesa de negociación; en tanto que a la segunda llegó con retraso de 2 horas y en una posición ventajosa e intransigente, la cual fue exacerbada por su Secretario Municipal y conocido dirigente del  grupo paramilitar “Paz y Justicia”, José de Celis, provocando que no se pudiera llegar a ningún acuerdo.

Lo anterior fue acompañado de una radicalización por parte de dicho grupo paramilitar en el ejido, hoy encubierto bajo las siglas del PVEM, quienes emprendieron una escalada de amenazas y hostigamiento contra nuestros compañeros del MRPS–FNLS que legítimamente y por voluntad del pueblo mantienen bajo su resguardo la Agencia Municipal, propiciando así la posibilidad de un enfrentamiento de lamentables consecuencias.

Lo antes expuesto, Señor Gobernador, es una llamada de atención para poner freno a funcionarios de su gobierno que se han coludido lo mismo para encubrir actos de corrupción y comisión de ilícitos, que para seguir brindando tolerancia e impunidad a los grupos paramilitares que tanto han dañado al tejido social de nuestro estado.

Finalmente exigimos de su gobierno, que la atención a estos dos problemas en particular corra directamente a cargo de funcionarios de mayor jerarquía y capacidad de decisión, como son el Secretario de Gobierno, Lic. Noé Castañón León, o la Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas, Blanca Ruth Esponda.

Igualmente hacemos el llamado al Congreso del Estado, al cual según ciertos informes le fue turnado esta semana el caso de Petalcingo, para que actúe buscando una solución política justa y respetuosa de la legítima voluntad del pueblo indígena tzeltal de dicho ejido; evitando incurrir en un nuevo acto de encubrimiento.

EXIGIMOS a todos los órganos de fiscalización y auditoría, tanto estatales como federales, que al fin tomen en consideración nuestra reiterada demanda de que se realice una revisión exhaustiva del uso de los recursos económicos otorgados por Banobras para la construcción de un inconcluso proyecto de agua potable en el ejido Petalcingo, municipio de Tila, Chiapas, así como la respectiva inspección técnica a la calidad de los trabajos que se realizaron.

Por último informamos que en próximos días, diferentes comisiones del FNLS estarán recorriendo las distintas ciudades de Chiapas y el Distrito Federal, para hacer entrega personal de las copias a quienes va dirigida la presente carta abierta.

A T E N T A M E N T E

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Correo Electrónico: fnls_2008@yahoo.com.mx

c.c.p.  Doña Rosario Ibarra de Piedra, Senadora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), y Lic. Blanca Martínez Bustos y Pedro Faro, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), y Lic. Isabel Uriarte, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sres. Dolores Sarabia, Directora de Servicios por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento y seguimiento del caso.

P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Mario Solórzano y Lic. Mayra Lorez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Noemí Ramírez, Coordinadora del Proyecto Pueblos Indígenas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loer, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Patricia Miller, Coordinadora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Amnistía Internacional, para su conocimiento y seguimiento del caso.

A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Rodolfo Stavenhagen, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Minorías Étnicas en México, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Luis H. Álvarez Álvarez, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Senador Andrés Galván Rivas, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Senador Eduardo Nava Bolaños, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Marcos Matías Alonso, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Ramón Ceja Romero, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Marcela Nolazco Pastorizo, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Nestor M. Aguirre Espinoza, Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Ing. Carlos Esquinca, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento.

Lic. Carlos Alejandro Constantino, Subsecretario de Operación Regional Zona Selva de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Ana del Carmen Valdivieso, Delegada de Gobierno en Yajalón, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Juana López González, Delegada Regional Zona Selva Norte de la Secretaría de Pueblos Indios, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Manuel Espinoza Córdova, representante de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de Chiapas, de la Secretaría del Campo, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Representación Especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Antrop. Roger Helí Díaz Guillen y Lic Arturo Orta Rodríguez, representantes de la Procuraduría Agraria en Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.