MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS

Miguel Angel de los Santos

 

Los hechos dicen mas que las palabras. La Policía Sectorial de Chiapas, como otras corporaciones sale temprano a extorsionar migrantes. Conoce los lugar

es de paso, los refugios, sabe la hora del tránsito. La mañana del ultimo viernes algo salió mal, los policías por razones inexplicables comenzaron a perseguir en un tramo carretero federal a un camión de tres toneladas en que viajaba un grupo de migrantes sin documentos.

 

La policía sectorial no está facultada para patrullar las carreteras federales, y aunque lo estuviera tendría que existir una razón jurídica para marcar el alto a un vehículo o bien para llevar a cabo una revisión. En Chiapas se ha convertido en costumbre que todas las policías se sienten con facultad para establecer retenes y llevar a cabo revisiones a vehículos o personas sin que haya orden escrita de autoridad competente, lo que configura la violación de un derecho de seguridad jurídica.

 

Es posible que la Policía Sectorial le haya marcado el alto al vehículo en que eran transportados los migrantes y que al no obedecer se iniciara la persecución y el tiroteo hacia los migrantes que resultó en la muerte de tres de ellos y las lesiones a otros tantos. El no detenerse ante la petición de una autoridad incompetente no justifica la agresión.

 

El fondo del ataque a los migrantes es un asunto de derechos humanos; tiene que ver con la falta de una política estatal y comprometida en esta materia, y tiene que ver con los derechos negados a los migrantes sin documentos. De paso estos hechos también han revelado un asunto mas relacionado con el derecho a la información.

 

La actual administración gubernamental no toma los derechos humanos en serio, por eso no ha diseñado e implementado una política seria, amplia y comprometida con los mismos. Su preocupación es la apariencia, la imagen, y el entretenimiento. Reflejo de esta falta de política comprometida con los derechos humanos es la falta de un proyecto en la materia que abarque la construcción de una cultura de respeto en todas las áreas del gobierno, el diseño de una política legislativa que promueva las modificaciones legales que garanticen los derechos humanos y la implementación de mecanismos efectivos y eficaces que aseguren el ejercicio de los derechos humanos.

 

En reiteradas ocasiones hemos mencionado que la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, organismo público creado para promover y vigilar la observancia de los derechos humanos, no es un mecanismo eficaz  para llevar a cabo esa encomienda. No lo es porque el ejercicio de la defensa de los derechos que lleva a cabo es el que menos estorbe o moleste al poder político.

Por eso las violaciones a los derechos humanos de carácter individual o colectivo se suceden y el organismo se hace el desentendido, y en el mejor de los casos tibiamente los atiende y emite tímidas recomendaciones.

 

Lo cierto es que tanto el gobierno en su conjunto como la sociedad debería lamentar la inutilidad del organismo. Bien le haría al gobierno y a la ciudadanía contar con un organismo activo, creativo, comprometido y responsable en la defensa de los derechos humanos. Bien nos haría a todos entender que la vigencia de los derechos humanos fortalece las débiles democracias.

 

La critica viene al caso porque si existiera una política comprometida y amplia, que podría ayudar a diseñar el organismo publico, probablemente no se presentarían estos problemas en que los policías actúan como cazamigrantes. Para comenzar se les capacitaría en el apego a la ley y el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción, y se les podría también capacitar en el conocimiento exacto de sus facultades. Por no darse este proceso es que sucede que en los niveles mas altos del gobierno se jactan del respeto a los derechos humanos, llenan planas de espacios pagados en los periódicos para refrendar su respeto a estos derechos y reciben premios por su política de atención al migrante, mientras en los niveles bajos las practicas contradicen todo lo que aquellos anuncian.

 

El ataque a los migrantes revela la urgencia de una política en la materia. Debe comenzar por la investigación profunda del negocio de la extorsión, en la que se encuentran involucradas policías y sus directivos. No es posible pensarlo de otro modo.

 

También se requiere capacitación sistemática, no aislada como suele hacerse, en materia de derechos humanos específicos de los migrantes. Debe abandonarse esa percepción sobre los migrantes como motín de robo o extorsión, como sujetos inferiores por no tener empleo y encontrarse fuera de su país, como sujetos sin derechos. Es necesario dejar claro que los migrantes viajan con carencias y dificultades, pero con derechos internacionalmente reconocidos.

 

Entre todos los males, el ataque a los migrantes, descubrió la verdadera cara del gobierno con relación a los derechos humanos. Se pretendió cambiar los hechos por un accidente o bien por un enfrentamiento entre polleros y la policía. Un angustiado director de comunicación social del gobierno del estado intentaba también impedir que la información objetiva saliera a la luz. Solo tuvo éxito entre los medios de comunicación y los diarios subordinados al Ejecutivo.

 

Por suerte los hechos se dieron en el área de San Cristóbal de Las Casas, donde existe y resiste un grupo de valientes comunicadores que activaron la red de periodistas democráticos y comprometidos con el ejercicio honesto del derecho a la libertad de expresión. No obstante, quedó al descubierto que el gobierno del Estado y algunos periódicos violan el derecho a la información de la sociedad. También se evidenció que existe una percepción gubernamental errónea sobre los derechos humanos.

 

A veces lo grave no es solo que se presenten las violaciones a los derechos humanos, sino que se pretenda ocultarlas y no se impongan los remedios que impidan la repetición de las mismas. Aceptar las violaciones a los derechos humanos no resta legitimidad a un gobierno, ocultarlas o negarlas si que habla mal de un gobierno.