ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 03 de julio (apro).- Lo que empezó como un pleito callejero entre adolescentes, terminó en un acto de tráfico de influencias y abuso de poder de funcionarios estatales y municipales en Ocosingo quienes tras conbfabular llevaron a prisión al padre de uno de los menores involucrados involucrados.
El principal orquestador de este acto de injusticia fue el entonces director del Cereso Número 16 de Ocosingo, ahora destituido, Francisco Javier Espinosa Rodríguez, quien con el apoyo de sus custodios, policías de la Estatal de Seguridad Pública,, ministerios públicos y Agentes Estatales Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), un juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, policías municipales, el jurídico municipal y una regidora de Ocosingo.
La tarde del 18 del jueves 18 de abril, cuado iba a bordo de su auto, el joven Gustavo Toledo Díaz de 17 años, hijo del agente de ventas de la distribuidora de autos Ford, José Gustavo Toledo Ramos, sostuvo un roce con otro adolescente de 17 años, Francisco Javier Espinosa Camacho, hijo del entonces director del penal estatal número 16 ubicado en Ocosingo, Francisco Javier Espinosa Rodríguez.
Al bajar del auto al cual le habían roto un espejo lateral, Toledo Díaz empezó a discutir y pelear con Espinosa Camacho, quien en su ayuda intervinieron otros dos adolescentes, Mauricio Vázquez Solórzano y Alan Martínez Estrada, éste último hijo de la regidora municipal priísta de ese lugar, María de Lourdes Estrada.
Ambos jóvenes llamaron a sus padres y el primero en llegar fue el señor José Gustavo Toledo Ramos, quien intentó quitar a los jóvenes que golpeaban a su hijo, enseguida llegó el director del custodio que al ver la trifulca ordenó detener y esposar al padre del joven con quien peleaba su hijo, al agente de ventas.
Enseguida, otros custodios detuvieron a Toledo Díaz, fue en ese instante, en que cuando ambos servidores públicos lo sujetaban el hijo del director se le fue encima y le fracturó el tabique nasal de un puñetazo.
Los policías municipales, llegaron en ese instante y pidieron a los custodios les entregaran los detenidos pues no era su facultad hacer capturas, pero por órdenes del director fueron subidos a golpes a bordo de una camioneta de los custodios y minutos después traspasaron a los Toledo a otra camioneta de la policía estatal de seguridad pública.
Si bien liberaron a Toledo Díaz quien sangraba por la fractura en la nariz, su padre Toledo Ramos, fue llevado a la delegación de la FGE, donde empezó la confabulación de abuso de poder y tráfico de influencias.
Tan pronto como su esposo fue detenido, la esposa del detenido, Araceli Díaz Constantino acudió a las oficinas de la FGE, donde en un primer momento le dijo el ministerio público Natividad Villatoro Córdova, que todo se resolvería con una acta circunstanciada, con un armonioso acuerdo en el que los jóvenes no volverían a provocarse y que se fuera a casa para que más tarde resolvieran el incidente.
Pero al regresar por la tarde y ver a su esposo se dio cuenta de que algo de fraguaba, pues fue ignorada y su esposo no era liberado, ante ello decidió interponer una demanda penal contra el director del penal y su hijo por lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, abriéndose la averiguación previa 082/CAJ018-T1/2007.
Sin embargo, aprovechando su cargo de director del penal, Francisco Javier Espinosa Rodríguez, empezó a fraguar un plan “para darle la vuelta” a la demanda que se había interpuesto en su contra.
Para ello obtuvo, en un primer momento el apoyo del mismo ministerio público, Villatoro Córdova, asesorados también por el jurídico de la presidencia municipal Herald Trujillo, ahora candidato a síndico por el PRI en ese lugar, quien fue enviado por la regidora Estrada, cuyo hijo estaba involucrado en el caso.
El director del penal interpuso la demanda pero para no aparecer el como demandante, la hizo a nombre de su esposa María Lourdes Camacho Pereyra, una profesora que ese día se encontraba en su trabajo a casi 300 kilómetros de Ocosingo, una escuela primaria en el municipio de Villaflores.
El mismo ministerio público, Villatoro Córdova abrió la averiguación previa con el numeral siguiente a la anterior interpuesta por la esposa del detenido, la 083/CAJ018-T1/2007, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.
Si bien la 082 fue interpuesta primera, el ministerio público dio agilidad a la demanda 083 y pidió al juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Ocosingo, Guillermo González Rodríguez, liberarle una orden de aprehensión para detener al agente de ventas de la Ford, José Gustavo Toledo Ramos, quien permanecpia en manos de los policías estatales, Alfredo Rodríguez López, comandante del policía estatal comisionado al municipio de Ocosingo, sus subordinados Romeo Rodríguez López, Jaime Vázquez, Edilberto Estrada y Fernando Velásquez Gómez.
Los agentes estatales que ejecutaron la orden de aprehensión, Rodibert Álvarez García, Rubén Antonio López López y otros inmediatamente trasladaron al penal a Toledo Ramos, para ponerlo a disposición del juez, donde fue hostigado y amenazado por el mismo director del penal, Espinosa Rodríguez.
Araceli Díaz Constantino esposa del detenido y madre del joven que resultó lesionado de la nariz denunció que vio con frustración como la demanda penal que ella había interpuesto nunca tuvo la prontitud con al que fue atendida la que interpuso el director a nombre de su esposa.
Señaló que a todas luces fue evidente el tráfico de influencias y abuso de poder en el que se vieron involucrados funcionarios estatales, de la policía de Seguridad Pública, de la FGE, del Poder Judicial del Estado y de la presidencia municipal, por órdenes de la regidora priísta.
Indicó a casi tres meses de los hechos su esposo sigue recluido en el penal de Ocosingo, por un pleito callejero que bien pudo arreglarse en un acuerdo armonioso. Dijo que ya interpuso una queja contra el juez Guillermo González Rodríguez, ante el consejo de la judicatura, pues sin mayores trámites ordenó capturar a su esposo y le dicto el auto de formal prisión que lo mantiene sujeto a proceso penal.
Angustiada, Díaz Constantino dijo que ha tocado muchas puertas pero se ha dado cuenta del poder que tienen los servidores públicos en Chiapas cuando fraguan un plan para cometer un abuso de autoridad y traficar influencias, teniendo como consecuencia un acto de injusticia.
Dijo que incluso los diputados locales del PRD, Marco Antonio Orozco Zuart y Juan Antonio Castillejos Castellano, fue buscado por el propio ahora exdirector del cereso para solucionar el problema de forma amistosa pero nada han hecho al respecto.
Díaz Constantino dijo que su esposo nunca cometió el delito del cual lo acusan pues no hay elementos, dice que a otras personas que se les acusa de ello tienen cómplices para hacer algo así, su esposo nunca hizo llamada alguna para cobrar rescate, no tiene una casa de seguridad para esconder a alguien, no tiene armas, no reúne la acusación en su contra los elementos de prueba que podrían llevarlo a prisión.
Desesperada demanda que liberen a su esposo y que con tal de verlo en su casa no acudirá más quejarse a ninguna instancia por todo el atropello del cual ha sido víctima ella, su esposo y su hijo: “contra el abuso del poder y tráfico de influencias no se puede luchar en Chiapas”.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 03 de julio (apro).- Lo que empezó como un pleito callejero entre adolescentes, terminó en un acto de tráfico de influencias y abuso de poder de funcionarios estatales y municipales en Ocosingo quienes tras conbfabular llevaron a prisión al padre de uno de los menores involucrados involucrados.
El principal orquestador de este acto de injusticia fue el entonces director del Cereso Número 16 de Ocosingo, ahora destituido, Francisco Javier Espinosa Rodríguez, quien con el apoyo de sus custodios, policías de la Estatal de Seguridad Pública,, ministerios públicos y Agentes Estatales Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), un juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, policías municipales, el jurídico municipal y una regidora de Ocosingo.
La tarde del 18 del jueves 18 de abril, cuado iba a bordo de su auto, el joven Gustavo Toledo Díaz de 17 años, hijo del agente de ventas de la distribuidora de autos Ford, José Gustavo Toledo Ramos, sostuvo un roce con otro adolescente de 17 años, Francisco Javier Espinosa Camacho, hijo del entonces director del penal estatal número 16 ubicado en Ocosingo, Francisco Javier Espinosa Rodríguez.
Al bajar del auto al cual le habían roto un espejo lateral, Toledo Díaz empezó a discutir y pelear con Espinosa Camacho, quien en su ayuda intervinieron otros dos adolescentes, Mauricio Vázquez Solórzano y Alan Martínez Estrada, éste último hijo de la regidora municipal priísta de ese lugar, María de Lourdes Estrada.
Ambos jóvenes llamaron a sus padres y el primero en llegar fue el señor José Gustavo Toledo Ramos, quien intentó quitar a los jóvenes que golpeaban a su hijo, enseguida llegó el director del custodio que al ver la trifulca ordenó detener y esposar al padre del joven con quien peleaba su hijo, al agente de ventas.
Enseguida, otros custodios detuvieron a Toledo Díaz, fue en ese instante, en que cuando ambos servidores públicos lo sujetaban el hijo del director se le fue encima y le fracturó el tabique nasal de un puñetazo.
Los policías municipales, llegaron en ese instante y pidieron a los custodios les entregaran los detenidos pues no era su facultad hacer capturas, pero por órdenes del director fueron subidos a golpes a bordo de una camioneta de los custodios y minutos después traspasaron a los Toledo a otra camioneta de la policía estatal de seguridad pública.
Si bien liberaron a Toledo Díaz quien sangraba por la fractura en la nariz, su padre Toledo Ramos, fue llevado a la delegación de la FGE, donde empezó la confabulación de abuso de poder y tráfico de influencias.
Tan pronto como su esposo fue detenido, la esposa del detenido, Araceli Díaz Constantino acudió a las oficinas de la FGE, donde en un primer momento le dijo el ministerio público Natividad Villatoro Córdova, que todo se resolvería con una acta circunstanciada, con un armonioso acuerdo en el que los jóvenes no volverían a provocarse y que se fuera a casa para que más tarde resolvieran el incidente.
Pero al regresar por la tarde y ver a su esposo se dio cuenta de que algo de fraguaba, pues fue ignorada y su esposo no era liberado, ante ello decidió interponer una demanda penal contra el director del penal y su hijo por lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, abriéndose la averiguación previa 082/CAJ018-T1/2007.
Sin embargo, aprovechando su cargo de director del penal, Francisco Javier Espinosa Rodríguez, empezó a fraguar un plan “para darle la vuelta” a la demanda que se había interpuesto en su contra.
Para ello obtuvo, en un primer momento el apoyo del mismo ministerio público, Villatoro Córdova, asesorados también por el jurídico de la presidencia municipal Herald Trujillo, ahora candidato a síndico por el PRI en ese lugar, quien fue enviado por la regidora Estrada, cuyo hijo estaba involucrado en el caso.
El director del penal interpuso la demanda pero para no aparecer el como demandante, la hizo a nombre de su esposa María Lourdes Camacho Pereyra, una profesora que ese día se encontraba en su trabajo a casi 300 kilómetros de Ocosingo, una escuela primaria en el municipio de Villaflores.
El mismo ministerio público, Villatoro Córdova abrió la averiguación previa con el numeral siguiente a la anterior interpuesta por la esposa del detenido, la 083/CAJ018-T1/2007, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.
Si bien la 082 fue interpuesta primera, el ministerio público dio agilidad a la demanda 083 y pidió al juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Ocosingo, Guillermo González Rodríguez, liberarle una orden de aprehensión para detener al agente de ventas de la Ford, José Gustavo Toledo Ramos, quien permanecpia en manos de los policías estatales, Alfredo Rodríguez López, comandante del policía estatal comisionado al municipio de Ocosingo, sus subordinados Romeo Rodríguez López, Jaime Vázquez, Edilberto Estrada y Fernando Velásquez Gómez.
Los agentes estatales que ejecutaron la orden de aprehensión, Rodibert Álvarez García, Rubén Antonio López López y otros inmediatamente trasladaron al penal a Toledo Ramos, para ponerlo a disposición del juez, donde fue hostigado y amenazado por el mismo director del penal, Espinosa Rodríguez.
Araceli Díaz Constantino esposa del detenido y madre del joven que resultó lesionado de la nariz denunció que vio con frustración como la demanda penal que ella había interpuesto nunca tuvo la prontitud con al que fue atendida la que interpuso el director a nombre de su esposa.
Señaló que a todas luces fue evidente el tráfico de influencias y abuso de poder en el que se vieron involucrados funcionarios estatales, de la policía de Seguridad Pública, de la FGE, del Poder Judicial del Estado y de la presidencia municipal, por órdenes de la regidora priísta.
Indicó a casi tres meses de los hechos su esposo sigue recluido en el penal de Ocosingo, por un pleito callejero que bien pudo arreglarse en un acuerdo armonioso. Dijo que ya interpuso una queja contra el juez Guillermo González Rodríguez, ante el consejo de la judicatura, pues sin mayores trámites ordenó capturar a su esposo y le dicto el auto de formal prisión que lo mantiene sujeto a proceso penal.
Angustiada, Díaz Constantino dijo que ha tocado muchas puertas pero se ha dado cuenta del poder que tienen los servidores públicos en Chiapas cuando fraguan un plan para cometer un abuso de autoridad y traficar influencias, teniendo como consecuencia un acto de injusticia.
Dijo que incluso los diputados locales del PRD, Marco Antonio Orozco Zuart y Juan Antonio Castillejos Castellano, fue buscado por el propio ahora exdirector del cereso para solucionar el problema de forma amistosa pero nada han hecho al respecto.
Díaz Constantino dijo que su esposo nunca cometió el delito del cual lo acusan pues no hay elementos, dice que a otras personas que se les acusa de ello tienen cómplices para hacer algo así, su esposo nunca hizo llamada alguna para cobrar rescate, no tiene una casa de seguridad para esconder a alguien, no tiene armas, no reúne la acusación en su contra los elementos de prueba que podrían llevarlo a prisión.
Desesperada demanda que liberen a su esposo y que con tal de verlo en su casa no acudirá más quejarse a ninguna instancia por todo el atropello del cual ha sido víctima ella, su esposo y su hijo: “contra el abuso del poder y tráfico de influencias no se puede luchar en Chiapas”.
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