ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 18 de julio (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) solicitó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declare admisible el caso en contra del Estado Mexicano, por la muerte de 122 personas producto de la política contrainsurgente implementada en Chiapas entre los años 1995 y 1999 en la zona norte de Chiapas donde operó el grupo paramilitar Paz y Justicia.
En audiencia transmitida vía internet, ante el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, los abogados del área jurídica del Frayba Miembros del Itzel Silva Monroy y Diego Cadenas Gordillo denunciaron que a 12 años de muchas de estas ejecuciones perpetradas por el grupo paramilitar Paz y Justicia,
El 21 de octubre del 2004, el Frayba pidió a la CIDH la apertura de caso en contra del Estado Mexicano por considerar que se violaron diversos derechos contenidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La petición fue etiquetado con el número 1121-04 Rogelio Jiménez y otros.
Si bien hoy, el Frayba abordó de forma emblemática ocho de los casos, el documento refiere de 122 personas ejecutadas y muchas más desaparecidas por miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia que operó en varios municipios de la etnia chol y cuyos líderes se encuentran presos en el penal de El Amate sin que juez alguna les dicte sentencia.
Ante el presidente de la CIDH, y el funcionario estatal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Marcelo Vega, como representante del gobierno mexicano, el Frayba insistió en la responsabilidad del Estado mexicano de haber promovido una política contrainsurgente en Chiapas que produjo crímenes de lesa humanidad.
Según el Frayba, el caso Zona Norte -1121-04 Rogelio Jiménez y otros- incluye seis personas ejecutadas: Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Díaz, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Pérez Peñate; y dos casos de desaparición forzada: Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán. Todos estos crímenes cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia en diversas fechas y lugares de la zona norte de Chiapas, en el contexto de desplazamientos forzados. Estos 8 casos, son representativos de 122 documentados por este Centro de Derechos Humanos -37 desapariciones y 85 ejecuciones-.
El Frayba demandó a dicha instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), declarar admisible el caso en contra del Estado Mexicano, por ser responsable de violaciones a: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño, derecho a la propiedad, igualdad ante la ley y derecho a la protección judicial.
En la audiencia, el Frayba documentó la falta de mecanismos eficaces en México, para hacer justicia, tanto de las autoridades de procuración como las de administración de justicia.
Primero, dijo que con respecto a la procuración de justicia, de los 122 casos registrados, sólo existen -hasta donde la información es disponible- 2 causas penales abiertas en etapa de juicio en contra de miembros de Paz y Justicia, por los homicidios de seis personas; tres de las cuales son parte de la petición a la CIDH, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López y Mateo Arcos Guzmán.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscal Investigadora en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Claudia Chacón, aún existen cuatro Averiguaciones Previas en integración y una más recientemente consignada al Juzgado por segunda ocasión: el homicidio de Héctor Pérez Torres.
El Frayba expusó ante la CIDH que las investigaciones han excedido el tiempo razonable pues, en algunos casos, han transcurrido hasta 11 años.
“A pesar de que los hechos denunciados son complejos dadas sus características, esto no justifica que las investigaciones se prolonguen tanto. Incluso no todas las indagatorias han sido turnadas al Poder Judicial, sino que simplemente se han quedado en Averiguaciones Previas.”, dijo Itzel Silva Monroy
En el ámbito de la administración de justicia, consideró el Frayab que los jueces han desestimado sistemáticamente el crimen organizado o la asociación delictuosa, lo cual hace imposible evidenciar judicialmente la acción del grupo paramilitar Paz y Justicia y sus vínculos con entidades gubernamentales, incluido el Ejército Mexicano: “se sigue mostrando negligencia por parte de las autoridades de administración de justicia”.
El Frayba denunció que como ejemplo de ello, se espera que en los próximos meses, el Juez Primero de Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Walter Constantino Veleeshower, emita sentencia favorable contra algunos inculpados en la causa 110/2004, en la cual son procesados algunos de los principales dirigentes de Paz y Justicia: Marcos Albino, Samuel Sánchez, Sabelino Torres y Diego Vásquez.
“Dentro de este juicio, se aportaron videograbaciones que contienen testimonios de uno de los comandantes de Paz y Justicia, pero el Juez Primero no admitió la prueba sin haber motivado debidamente dicha negación”, indicó.
El Frayba puso en evidencia ante la CIDH que el Estado Mexicano, en ninguno de los 122 casos, ha sancionado a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona norte de Chiapas pues, ni siquiera, reconoce que existan tales violaciones, ni ha otorgado la reparación de los daños a los familiares de las víctimas.
El Frayba argumentó el Estado Mexicano ha violado, también, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares y no ha generado medidas de no repetición de una política contrainsurgente que, como entre los años 1995 y1999 derivó en desplazamientos, ejecuciones y desapariciones forzadas.
“En el Estado mexicano no existe el recurso idóneo, no hay pues un recurso necesario jurídico, rápido y sencillo que pueda garantizar los derechos de una persona en situación de desaparición forzada”, dijo por su parte Diego Cadenas Gordillo.
Cadenas hizo referencia a un recurso jurídico sobre el cual la CIDH ya ha manifestado su ausencia en México, como lo es el habeas corpus, y que lo más cercano a ello es el juicio de amparo que no salvaguarda los derechos de la persona desaparecida.
“En algunos de los ocho casos que consideramos, de los 122 en total, hemos visto que ya son 12 años de haber ocurrido los crímenes y aun no hay dictadas sentencias en ninguno de ellos. El asunto no es de tal complejidad como para que se lleven 10 y hasta 12 años de investigación o en juicio, dijo Itzel Silva.
Estos ocho casos son representativos de al menos 122 casos que el Frayba tiene documentados y registrados y que algunos de los casos que no se presentaron y que la misma FGE le ha informado que hay muchas averiguaciones previas perdidas, “situación que es increíble”.
Silva Monroy se refirió a un videotestimonio de un exmiembro de Paz y Justicia, que fue presentado ante la PGR, quien a su vez turnó el caso a la FGE, donde el fiscal Marcelo Vega le tomó su declaración, peor hasta ahí no ha pasado nada.
“El testigo hizo hincapié del vínculo que existía entre Paz y Justicia y miembros de Paz y Justicia, y hastala fecha desconocemos que tipo de investigaciones existen respecto a ese liga entre el grupo paramilitar y la institución castrense, así como otros funcionarios de alto nivel del gobierno federal, estatal y municipales”, dijo Silva Monroy.
Marcelo Vegas, fiscal especial de la FGE y representante del Estado mexicano en la audiencia reconoció: “Hubo una inactividad procesal y eso es responsabilidad del Estado mexicano, consideramos suficiente que podamos considerar un retardo en la impartición de justicia por parte del Estado mexicano”.
Tras evaluar los argumentos del Frayba, en las próximas semanas la CIDH resolverá si declara o no admisible el caso por medio del cual se podría declarar responsable al Estado mexicano.
---------------------o0o-----------------
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 18 de julio (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) solicitó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declare admisible el caso en contra del Estado Mexicano, por la muerte de 122 personas producto de la política contrainsurgente implementada en Chiapas entre los años 1995 y 1999 en la zona norte de Chiapas donde operó el grupo paramilitar Paz y Justicia.
En audiencia transmitida vía internet, ante el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, los abogados del área jurídica del Frayba Miembros del Itzel Silva Monroy y Diego Cadenas Gordillo denunciaron que a 12 años de muchas de estas ejecuciones perpetradas por el grupo paramilitar Paz y Justicia,
El 21 de octubre del 2004, el Frayba pidió a la CIDH la apertura de caso en contra del Estado Mexicano por considerar que se violaron diversos derechos contenidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La petición fue etiquetado con el número 1121-04 Rogelio Jiménez y otros.
Si bien hoy, el Frayba abordó de forma emblemática ocho de los casos, el documento refiere de 122 personas ejecutadas y muchas más desaparecidas por miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia que operó en varios municipios de la etnia chol y cuyos líderes se encuentran presos en el penal de El Amate sin que juez alguna les dicte sentencia.
Ante el presidente de la CIDH, y el funcionario estatal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Marcelo Vega, como representante del gobierno mexicano, el Frayba insistió en la responsabilidad del Estado mexicano de haber promovido una política contrainsurgente en Chiapas que produjo crímenes de lesa humanidad.
Según el Frayba, el caso Zona Norte -1121-04 Rogelio Jiménez y otros- incluye seis personas ejecutadas: Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Díaz, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Pérez Peñate; y dos casos de desaparición forzada: Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán. Todos estos crímenes cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia en diversas fechas y lugares de la zona norte de Chiapas, en el contexto de desplazamientos forzados. Estos 8 casos, son representativos de 122 documentados por este Centro de Derechos Humanos -37 desapariciones y 85 ejecuciones-.
El Frayba demandó a dicha instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), declarar admisible el caso en contra del Estado Mexicano, por ser responsable de violaciones a: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derechos del niño, derecho a la propiedad, igualdad ante la ley y derecho a la protección judicial.
En la audiencia, el Frayba documentó la falta de mecanismos eficaces en México, para hacer justicia, tanto de las autoridades de procuración como las de administración de justicia.
Primero, dijo que con respecto a la procuración de justicia, de los 122 casos registrados, sólo existen -hasta donde la información es disponible- 2 causas penales abiertas en etapa de juicio en contra de miembros de Paz y Justicia, por los homicidios de seis personas; tres de las cuales son parte de la petición a la CIDH, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López y Mateo Arcos Guzmán.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscal Investigadora en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Claudia Chacón, aún existen cuatro Averiguaciones Previas en integración y una más recientemente consignada al Juzgado por segunda ocasión: el homicidio de Héctor Pérez Torres.
El Frayba expusó ante la CIDH que las investigaciones han excedido el tiempo razonable pues, en algunos casos, han transcurrido hasta 11 años.
“A pesar de que los hechos denunciados son complejos dadas sus características, esto no justifica que las investigaciones se prolonguen tanto. Incluso no todas las indagatorias han sido turnadas al Poder Judicial, sino que simplemente se han quedado en Averiguaciones Previas.”, dijo Itzel Silva Monroy
En el ámbito de la administración de justicia, consideró el Frayab que los jueces han desestimado sistemáticamente el crimen organizado o la asociación delictuosa, lo cual hace imposible evidenciar judicialmente la acción del grupo paramilitar Paz y Justicia y sus vínculos con entidades gubernamentales, incluido el Ejército Mexicano: “se sigue mostrando negligencia por parte de las autoridades de administración de justicia”.
El Frayba denunció que como ejemplo de ello, se espera que en los próximos meses, el Juez Primero de Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Walter Constantino Veleeshower, emita sentencia favorable contra algunos inculpados en la causa 110/2004, en la cual son procesados algunos de los principales dirigentes de Paz y Justicia: Marcos Albino, Samuel Sánchez, Sabelino Torres y Diego Vásquez.
“Dentro de este juicio, se aportaron videograbaciones que contienen testimonios de uno de los comandantes de Paz y Justicia, pero el Juez Primero no admitió la prueba sin haber motivado debidamente dicha negación”, indicó.
El Frayba puso en evidencia ante la CIDH que el Estado Mexicano, en ninguno de los 122 casos, ha sancionado a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona norte de Chiapas pues, ni siquiera, reconoce que existan tales violaciones, ni ha otorgado la reparación de los daños a los familiares de las víctimas.
El Frayba argumentó el Estado Mexicano ha violado, también, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares y no ha generado medidas de no repetición de una política contrainsurgente que, como entre los años 1995 y1999 derivó en desplazamientos, ejecuciones y desapariciones forzadas.
“En el Estado mexicano no existe el recurso idóneo, no hay pues un recurso necesario jurídico, rápido y sencillo que pueda garantizar los derechos de una persona en situación de desaparición forzada”, dijo por su parte Diego Cadenas Gordillo.
Cadenas hizo referencia a un recurso jurídico sobre el cual la CIDH ya ha manifestado su ausencia en México, como lo es el habeas corpus, y que lo más cercano a ello es el juicio de amparo que no salvaguarda los derechos de la persona desaparecida.
“En algunos de los ocho casos que consideramos, de los 122 en total, hemos visto que ya son 12 años de haber ocurrido los crímenes y aun no hay dictadas sentencias en ninguno de ellos. El asunto no es de tal complejidad como para que se lleven 10 y hasta 12 años de investigación o en juicio, dijo Itzel Silva.
Estos ocho casos son representativos de al menos 122 casos que el Frayba tiene documentados y registrados y que algunos de los casos que no se presentaron y que la misma FGE le ha informado que hay muchas averiguaciones previas perdidas, “situación que es increíble”.
Silva Monroy se refirió a un videotestimonio de un exmiembro de Paz y Justicia, que fue presentado ante la PGR, quien a su vez turnó el caso a la FGE, donde el fiscal Marcelo Vega le tomó su declaración, peor hasta ahí no ha pasado nada.
“El testigo hizo hincapié del vínculo que existía entre Paz y Justicia y miembros de Paz y Justicia, y hastala fecha desconocemos que tipo de investigaciones existen respecto a ese liga entre el grupo paramilitar y la institución castrense, así como otros funcionarios de alto nivel del gobierno federal, estatal y municipales”, dijo Silva Monroy.
Marcelo Vegas, fiscal especial de la FGE y representante del Estado mexicano en la audiencia reconoció: “Hubo una inactividad procesal y eso es responsabilidad del Estado mexicano, consideramos suficiente que podamos considerar un retardo en la impartición de justicia por parte del Estado mexicano”.
Tras evaluar los argumentos del Frayba, en las próximas semanas la CIDH resolverá si declara o no admisible el caso por medio del cual se podría declarar responsable al Estado mexicano.
---------------------o0o-----------------
+copia.jpg)
Entradas
0 Comments Received
Publicar un comentario