ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ ,Chis., 26 de abril (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que a 13 años del conflicto armado, éste sigue vigente y se ha sostenido todo esto tiempo a pesar de gobierno locales y federal que vienen y se van, y que los grupos con acciones paramilitares se mantienen en impunidad ante ataques a poblaciones civiles y desalojos y amenazas a comunidades zapatistas.
En la segunda entrega del informe -Conflicto armado y sus actores en 2006-, que formalmente presentarán el próximo 2 de mayo, el Frayba dijo que observa la falta de políticas gubernamentales que posibiliten una resolución digna, justa y verdadera del conflicto armado y más lejos aún la voluntad para garantizar condiciones de paz en la entidad.
Este segundo apartado del Balance Anual 2006, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas” dijo que ha documentado todas las acciones y agravios que van del periodo enero de 2006 a marzo de 2007.
Recordó que durante el 2006, fin de periodos sexenales y de supuesta alternancia política, el contexto de un año electoral en el que concurrieron, la elección para presidente de la República con los comicios para gobernador del estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a una iniciativa civil y pacífica a través de la articulación de organizaciones, Pueblos y personas a lo que denominaron “La Otra Campaña”.
Y que aún en ese escenario, el gobierno mexicano continuó negando la existencia del conflicto armado en Chiapas, a pesar de las declaraciones públicas de la Secretaría de la Defensa contrarias a las de la Secretaría de Gobernación.
“Sin embargo, lo más preocupante han sido las omisiones y acciones que siguen configurando una sistemática violación a los derechos humanos. Acciones políticas y militares que se han recrudecido en torno a la incontenible protesta social y la articulación de organizaciones que han optado por la construcción de un movimiento nacional civil y pacifico”, apunta en el Frayba en el informe.
Señala que de esta manera, el conflicto armado interno en Chiapas configura una nueva etapa ya que al mantener en bajo perfil las funciones de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) se mantienen bajo la operación del gobierno estatal y federal la ejecución de acciones en lógica militar por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, cuerpos policiales federales y estatales y grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos AC (OPDDIC).
“Con conocimiento de causa el Frayba afirma que las “circunstancias de excepción” en Chiapas están vigentes al final y principio de cada sexenio gubernamental”, dijo el Frayba.
Prueba de ello, indicó, es que la militarización en el estado de Chiapas se mantiene ya que a pesar de haberse levantado 19 campamentos durante los últimos 14 meses se mantienen aún alrededor de 71 campamentos militares ocupando territorios indígenas.
Señaló que tras la documentación y registro del despliegue y permanencia del ejército en las comunidades indígenas, el Frayba ha observado la constante violación al derecho al territorio de los pueblos indígenas, el derecho al libre tránsito y derecho a la integridad como han denunciado mujeres que han sido violentadas por elementos del Ejército mexicano.
Explica que otro actor, aliado de las instituciones, que agrava el conflicto armado interno es el accionar de grupos paramilitares como la OPDDIC; y que durante el primer semestre del 2006, en el contexto de la salida de la Comisión Sexta del EZLN, se registró hostigamiento, amenazas de desalojo, robo de cosechas, destrucción de parcelas, detención, amenazas y advertencias públicas hacia bases de apoyo zapatistas.
Durante el segundo semestre del 2006, los patrones anteriormente observados se consumaron cuando en el mes de agosto, en el municipio de Palenque, Chiapas, se ejecutó un desalojo a la comunidad de Ch’oles de Tumbalá, perteneciente al Municipio Autónomo de El Trabajo del Caracol de Roberto Barrios. Un mes después, en septiembre, fueron detenidos dos bases de apoyo zapatistas de la comunidad Huitepec-Ocotal Segunda sección, del municipio de San Cristóbal.
Señala que para comienzos del 2007 las denuncias de hostigamiento por parte de miembros de OPDDIC aumentaron en diferentes regiones, se tienen registradas dos regiones con presencia de campamentos de entrenamiento paramilitar ligados a la OPDDIC, el primero en la cañada de San Manuel y otro en la cañada de Morelia, pero de acuerdo con la información recabada es posible que existan al menos dos más.
“Las diferentes acciones documentadas por el Frayba, revelan que la OPDDIC se ha posicionado en una lógica envolvente, que en coordinación con la presencia militar, van cerrando un círculo territorial en la zona denominada de conflicto”, deduce el Frayba.
En la ola de agravios, enlistadas por el Frayba, recuerda también que el conflicto mantiene una continuidad desde 1994 pero que en el 2006 se comenzaron a dar expresiones de una nueva etapa que retoma signos de conflicto directo a través de la acción de grupos con rasgos paramilitares: “Existe la clara intervención de agentes estatales que por medio de acciones en lógica de estrategia contrainsurgente que buscan desmantelar el proceso de construcción de las autonomías de los pueblos zapatistas”.
“Las circunstancias en la denominada zona de conflicto revelan el aumento de hostigamiento y amenazas por grupos afines a los grupos tradicionales de poder hacia la población civil, situación que incrementa la tensión social y agrava la situación de tal modo que se dificulta el logro gradual de circunstancias en beneficio de una paz justa y duradera”, agrega.
El Frayba reiteró la necesidad de que el gobierno mexicano reencause sus iniciativas también por la vía política, civil y pacífica, y con pleno respeto de los derechos fundamentales, no por la fuerza de la violencia y la simulación, sólo de esa manera será posible reencontrarse en el diálogo: “Es imperante la desmilitarización del territorio y de la política en Chiapas”.
Además del primer apartado difundo ayer sobre el derecho al territorio y a la tierra de los pueblos indígenas y éste del conflicto armado y sus actores en 2006, se espera que el Frayba de a conocer los otros capítulos como son las agresiones a defensores de derechos humanos, sobre los centros de detención: violencia y muerte, sobre la tortura y sobre privaciones arbitrarias de la libertad en Chiapas.
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TUXTLA GUTIÉRREZ ,Chis., 26 de abril (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que a 13 años del conflicto armado, éste sigue vigente y se ha sostenido todo esto tiempo a pesar de gobierno locales y federal que vienen y se van, y que los grupos con acciones paramilitares se mantienen en impunidad ante ataques a poblaciones civiles y desalojos y amenazas a comunidades zapatistas.
En la segunda entrega del informe -Conflicto armado y sus actores en 2006-, que formalmente presentarán el próximo 2 de mayo, el Frayba dijo que observa la falta de políticas gubernamentales que posibiliten una resolución digna, justa y verdadera del conflicto armado y más lejos aún la voluntad para garantizar condiciones de paz en la entidad.
Este segundo apartado del Balance Anual 2006, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas” dijo que ha documentado todas las acciones y agravios que van del periodo enero de 2006 a marzo de 2007.
Recordó que durante el 2006, fin de periodos sexenales y de supuesta alternancia política, el contexto de un año electoral en el que concurrieron, la elección para presidente de la República con los comicios para gobernador del estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a una iniciativa civil y pacífica a través de la articulación de organizaciones, Pueblos y personas a lo que denominaron “La Otra Campaña”.
Y que aún en ese escenario, el gobierno mexicano continuó negando la existencia del conflicto armado en Chiapas, a pesar de las declaraciones públicas de la Secretaría de la Defensa contrarias a las de la Secretaría de Gobernación.
“Sin embargo, lo más preocupante han sido las omisiones y acciones que siguen configurando una sistemática violación a los derechos humanos. Acciones políticas y militares que se han recrudecido en torno a la incontenible protesta social y la articulación de organizaciones que han optado por la construcción de un movimiento nacional civil y pacifico”, apunta en el Frayba en el informe.
Señala que de esta manera, el conflicto armado interno en Chiapas configura una nueva etapa ya que al mantener en bajo perfil las funciones de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) se mantienen bajo la operación del gobierno estatal y federal la ejecución de acciones en lógica militar por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, cuerpos policiales federales y estatales y grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos AC (OPDDIC).
“Con conocimiento de causa el Frayba afirma que las “circunstancias de excepción” en Chiapas están vigentes al final y principio de cada sexenio gubernamental”, dijo el Frayba.
Prueba de ello, indicó, es que la militarización en el estado de Chiapas se mantiene ya que a pesar de haberse levantado 19 campamentos durante los últimos 14 meses se mantienen aún alrededor de 71 campamentos militares ocupando territorios indígenas.
Señaló que tras la documentación y registro del despliegue y permanencia del ejército en las comunidades indígenas, el Frayba ha observado la constante violación al derecho al territorio de los pueblos indígenas, el derecho al libre tránsito y derecho a la integridad como han denunciado mujeres que han sido violentadas por elementos del Ejército mexicano.
Explica que otro actor, aliado de las instituciones, que agrava el conflicto armado interno es el accionar de grupos paramilitares como la OPDDIC; y que durante el primer semestre del 2006, en el contexto de la salida de la Comisión Sexta del EZLN, se registró hostigamiento, amenazas de desalojo, robo de cosechas, destrucción de parcelas, detención, amenazas y advertencias públicas hacia bases de apoyo zapatistas.
Durante el segundo semestre del 2006, los patrones anteriormente observados se consumaron cuando en el mes de agosto, en el municipio de Palenque, Chiapas, se ejecutó un desalojo a la comunidad de Ch’oles de Tumbalá, perteneciente al Municipio Autónomo de El Trabajo del Caracol de Roberto Barrios. Un mes después, en septiembre, fueron detenidos dos bases de apoyo zapatistas de la comunidad Huitepec-Ocotal Segunda sección, del municipio de San Cristóbal.
Señala que para comienzos del 2007 las denuncias de hostigamiento por parte de miembros de OPDDIC aumentaron en diferentes regiones, se tienen registradas dos regiones con presencia de campamentos de entrenamiento paramilitar ligados a la OPDDIC, el primero en la cañada de San Manuel y otro en la cañada de Morelia, pero de acuerdo con la información recabada es posible que existan al menos dos más.
“Las diferentes acciones documentadas por el Frayba, revelan que la OPDDIC se ha posicionado en una lógica envolvente, que en coordinación con la presencia militar, van cerrando un círculo territorial en la zona denominada de conflicto”, deduce el Frayba.
En la ola de agravios, enlistadas por el Frayba, recuerda también que el conflicto mantiene una continuidad desde 1994 pero que en el 2006 se comenzaron a dar expresiones de una nueva etapa que retoma signos de conflicto directo a través de la acción de grupos con rasgos paramilitares: “Existe la clara intervención de agentes estatales que por medio de acciones en lógica de estrategia contrainsurgente que buscan desmantelar el proceso de construcción de las autonomías de los pueblos zapatistas”.
“Las circunstancias en la denominada zona de conflicto revelan el aumento de hostigamiento y amenazas por grupos afines a los grupos tradicionales de poder hacia la población civil, situación que incrementa la tensión social y agrava la situación de tal modo que se dificulta el logro gradual de circunstancias en beneficio de una paz justa y duradera”, agrega.
El Frayba reiteró la necesidad de que el gobierno mexicano reencause sus iniciativas también por la vía política, civil y pacífica, y con pleno respeto de los derechos fundamentales, no por la fuerza de la violencia y la simulación, sólo de esa manera será posible reencontrarse en el diálogo: “Es imperante la desmilitarización del territorio y de la política en Chiapas”.
Además del primer apartado difundo ayer sobre el derecho al territorio y a la tierra de los pueblos indígenas y éste del conflicto armado y sus actores en 2006, se espera que el Frayba de a conocer los otros capítulos como son las agresiones a defensores de derechos humanos, sobre los centros de detención: violencia y muerte, sobre la tortura y sobre privaciones arbitrarias de la libertad en Chiapas.
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