OBSERVATORIO CIUDADANO

ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 20 de enero (apro).- En un acto sin precedente en México en materia de derechos humanos, el gobierno de Chiapas pidió perdón por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, perpetrada en diciembre de 1995 durante el mandato del gobierno de Julio César Ruiz Ferro.
La viuda Everilda Roblero Villatoro, el señor Enrique Flores González y su hija, Julieta Flores Castillo, detenidos junto a Reyes Penagos, quien no sobrevivió a la tortura y fue finalmente ejecutado de un tiro en el pecho, dijeron aceptar tal perdón público de las autoridades locales pero no sentirse satisfechos hasta en tanto los responsables que andan libres no pisen la cárcel.
En el marco del perdón público como uno de los requisitos del “acuerdo de solución amistosa” auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, este martes se llevo a cabo nuevamente y en presencia de la victimas el acto protocolario mediante el cual el Fiscal General del Estado (FGE), Mariano Herrán Salvatti leyó la carta, donde estuvo el gobernador Juan Sabines Guerrero como testigo.
En diciembre de 1995 un grupo 20 labriegos de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV) fueron detenidos en el marco de un operativo de desalojo para desbloquear el tramo carretera que comunica a la comunidad Nueva Palestina y su cabecera municipal Ángel Albino Corzo.
De ese grupo solo quedaron detenidas tres personas, Reyes Penagos, Enrique Flores y su hija Julieta Flores. Ambos fueron torturados para que confesaran donde habían quedado los restos de los candidatos del PRI a presidente y síndico municipal, Ausel Sánchez y Rito Solís Martínez, desaparecidos con vida en septiembre de 1995, pocos días antes de los comisiones locales para elegir alcaldes.
Los tres fueron sometidos a crueles actos de tortura, mientras que Enrique y su hija fueron llevados a prisión por tres meses, los policías judiciales al mando del fiscal para el caso José Uriel Estrada Martínez, entregaron en un ataúd el cuerpo de Reyes Penagos a sus familiares y lo que documentaron primero los organismos no gubernamentales de derechos humanos y luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló su muerte.
Reyes Penagos tenía quemaduras con cigarros en todo el cuerpo, moretones provocados por golpes, una costilla rota, un tobillo roto, fisuras en el cráneo, los testículos extirpados y lo peor el tiro de gracia. En tanto que Enrique solo fue torturado al igual que su hija que también fue víctima de una violación tumultuaria por parte de los judiciales.
El caso llegó ala CNDH que emitió al recomendación 061/96, misma que fue rechazada por el gobierno de Julio César Ruiz Ferro. El caso se elevó a la CIDH de la OEA en Washington, donde se llegó a un acuerdo de solución amistosa que entre otras acciónese previa que el gobierno pidiera perdón públicamente.
Hoy sí frente al señor Enrique Flores, su hija Julieta y la viuda de Reyes Penagos, se llevó a cabo ese acto protocolario. Ahí el gobernador Sabines Guerrero ordenó al fiscal Mariano Herrán Salvatti que leyera el documento que se había rehusado leer personalmente el pasado jueves 15 de febrero en la sede de la FGE.
En un largo discurso Herrán Salvatti dijo: “por todo ello, más allá de reconocer la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado de Chiapas y pedir perdón a las víctimas y sus familiares por estas censurables acciones, como fiscal general del Estado estoy decidido a tomar las medidas necesarias para afianzar la legalidad a que nos obliga el Estado de Derecho y dar el primer paso hacia ese sendero en el que podamos sentirnos seguros de que esas épocas oscuras queden en el pasado y no vuelvan nunca más”.
Entre otras cosas señaló que hubieron acciones extrajurídicas que permitieron que los responsables de los hechos pudieran evadir la acción de la justicia.
Además del gobernador Julio César Ruiz Ferrro y su entonces procurador Juorge Enrique Hernández Aguilar, la CND ha encontrado culpables a Claudia Trujillo Rincón, exsubprocuradora de derechos humanos, ahora funcionaria de la ayuntamiento de Tuxtla.
Otros implicados de forma directa son el exfiscal de la desaparecida PGJE, José Uriel Estrada Martínez, ahora secretario particular del subsecretario general de gobierno, Ángel Córdova Toledo así como los agentes bajo su mando Francisco Hernández Chacón, jefe de Grupo, y los elementos Bulmaro Trejo López, Martín Hernández Ocaña, Génaro I. Zenteno Orantes, Jaime Arturo Cabrera Ferro, Ronay Luna Pérez; así como Salomón Núñez Díaz, jefe de Grupo, y los elementos César Montes Alegría y Miguel Ángel Hernández Loranca.
En el acto estuvieron presentes, miembros del Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)y de la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos.
Fabián Sánchez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calificó el hecho como un acción sin precedente en materia de derechos humanos, sobre todo por la presencia del gobernador Juan Sabines Guerrero.
“Esto marca un hito, es pues un parteaguas y que sirva de ejemplo para que el Estado mexicano o cualquier gobierno estatal en cualquier estado del país asuma su responsabilidad en violaciones de derechos humanos, solo partiendo de estas acciones podremos arribar a un estatus democrático que nos encamine a un mejor escenario”, dijo Sánchez.
Martha Figueroa del Grupo de Mujeres dijo que este podría ser el principio de una serie de reformas estructurales para que se promueva y se respeten los derechos humanos como una política de Estado.
Sin embargo, Julieta y Everilda dijeron en su turno que si bien aceptan el perdón público y la indemnización después, eso no es suficiente para reparar el daño de forma integral.
“Yo la verdad no los perdono. Si quiere dios que los perdone, pero dejarme 12 años sin mi esposo nada ni nadie lo puede subsanar” dijo Everilda, quien pidió ver en la cárcel a los responsables de la muerte de Reyes Penagos.
“Si algo de culpa tenía en la muerte de los priístas no era para que lo mataran como lo hicieron bajo la tortura, con que lo hubieran llevado a la cárcel con eso era suficiente” concluyó.
--------------------o0o--------------------