OBSERVATORIO CIUDADANO

ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 27 de febrero (apro).- El único preso en el penal de El Amate por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, es el que presuntamente le dio el tiro de gracia, Salomón Núñez Díaz.
En este caso, el curso de los procesos penales iniciados contra los ex servidores públicos involucrados en la ejecución extrajudicial y tortura de Reyes Penagos Martínez, y tortura contra Julieta y Enrique Flores, campesinos de esta entidad, no ha sido transparente, denunciaron los representantes de las víctimas, quienes sostuvieron que esta situación ha dado pie a que los acusados evadan la acción de la justicia y continúen ocupando puestos públicos.
El denominado Caso Reyes Penagos –en alusión al nombre del campesino ejecutado extrajudicialmente en diciembre de 1995- mereció la recomendación 61/96 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y un llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Mexicano.
Doce años después de los hechos, para la Fiscalía de Justicia del Estado dos de los tres expedientes abiertos ya fueron confluidos, con el saldo de sólo un expolicía judicial detenido, de un total de 27 funcionarios de distintos niveles de gobierno involucrados.
Según las autoridades, “ninguno de los involucrados ha sido exonerado completamente”, sin embargo dos de ellos continúan operando como servidores públicos, y otro más, el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, se ostenta como articulista de un diario estatal propiedad del diputado local del PRI, Gerardo Toledo.
En el marco del acto público de reconocimiento de responsabilidad sobre el caso Reyes Penagos, el representante de las víctimas ante la CIDH, Fabián Sánchez, explicó que desde que el gobierno de esta entidad inició los procesos judiciales derivadas de la recomendación 61/96 de la CNDH, se ha manejado con secrecía el procedimiento.
“De pronto nosotros nos enteramos que algunos de los involucrados ya fueron detenidos, luego que fueron puestos en libertad, que otros se ampararon, que unos más ya fueron exonerados… de todo ello no se ha informado ni siquiera a los agraviados”, dijo.
Sánchez explicó que es en los primeros días de este mes de marzo, cuando se lleve a cabo la audiencia en Washington, entre las organizaciones civiles que llevan el caso Reyes Penagos y funcionarios de la CIDH, donde expondrán que el acto del perdón público ya se realizó con la satisfacción de los deudos y victimas. Que incluso destacarán la presencia del gobernador y el discurso leído por el Fiscal, Mariano Herrán.
Pero que además le dirán a la CIDH que hay poca transparencia en el proceso de investigación y castigo a los responsables y que se ha actuado con mala fe en la investigación para que éstos puedan evadir la acción de la justicia.
“Este hecho por si mismo denota deficiencias en la investigación. En algunos momentos eso les ha servido para que los responsables se amparen y evadan la acción de la justicia. Incluso se han dado casos en que nos han informado que algunos se encuentran en calidad de prófugos.”
Martha Figueroa, también representante de los agraviados, dijo que ha sido una sorpresa cuando alguna de las víctimas les señala que sus agresores siguen siendo funcionarios de gobierno o servidores públicos, incluso que han coadyuvado en las investigaciones, como en el caso de Gilberto Castellanos, quien como director del penal de Cerro Hueco en 1995, atestiguó que las víctimas no tenían ningún daño, y luego fue nombrado director de Asuntos Relevantes ante el cual fue remitido el caso.
“Las víctimas casi se desmayan cuando son citadas a declarar y ahí lo ven como encargado del caso. Ahí creo que hace falta una mayor disposición de la Fiscalía en poder señalar a estos responsables”, añadió.
“El ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien dijo: llévense a estos cabrones´ anda por la ciudad”, acusó Julieta Flores.
Las víctimas y sus representantes exigieron al gobierno hacer una revisión de los funcionarios que están participando en el gobierno de Juan Sabines y que fueron copartícipes en la ejecución y tortura.
“La fiscalía tiene que hacer un señalamiento al gobierno respecto a quienes están o pueden estar inmiscuidos en algunas violaciones a los derechos humanos para que si hay voluntad, se tomen las decisiones necesarias. O si ya fueron exonerados, que también lo den a conocer y expliquen como fue el proceso”, pidió Martha Figueroa.
Entrevistado al respecto, el Fiscal General Mariano Herrán Salvatti, justificó la denuncias al señalar: “cuando nosotros iniciamos las investigaciones encontramos un proceso y una averiguación amañada. Encontramos que habían hecho consignaciones por homicidio, pero los jueces penales absolvieron a los responsables, en el caso del ex procurador Jorge Enrique Hernández, este nunca alcanzó a ser consignado”.
“En nuestro sistema jurídico –dijo- nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que estamos buscando ubicar otras figuras delictivas que puedan ser acordes con los hechos que sucedieron. Se pude decir que ninguno de los 27 sindicados ha sido exonerado”,
En prisión únicamente se encuentra Salomón Núñez Díaz, uno de los ejecutores. Extraoficialmente se informó que de los tres procesos penales que se iniciaron, dos han sido concluidos en su totalidad, se trata de los relacionados a la ejecución extrajudicial cometido contra Reyes Penagos Martínez; y la tortura cometida contra Enrique Flores.
Sólo el DAR/004/2002-02, por el caso de tortura contra Julieta Flores continúa abierto.
La CNDH pidió en su recomendación de junio de 1996, “un severo extrañamiento con copia a su expediente personal, por haber incurrido en una conducta negligente e irresponsable”, para Jorge Enrique Hernández Aguilar, Procurador General de Justicia del Estado.
Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Claudia Trujillo Rincón, Directora General de Protección a los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien obstaculizó las investigaciones.
Ahora funcionaria municipal, Trujillo Rincón pidió a este reportero no ser involucrada más en estos lamentables hechos, dice que ella ya fue exonerada. Dice que el caso le ha acarreado muchos problemas a sus familiares, que dañan su prestigio y su calidad moral como ser humano y como servidor público
Aunque se comprometió hacer llegar a este reportero documento que probaran su dicho, hasta este momento no los ha expuesto para ser difundidos.
La CNDH pidió además sanción para José Uriel Estrada Martínez, Fiscal Especial para el Caso Jaltenango, “por la deficiente y negligente integración del desglose de las averiguaciones previas acumuladas”.
El ahora secretario particular del subsecretario general de gobierno, Ángel Córdova Toledo, pidió a este reportero también vía telefónica no ser más vinculado al caso, señala que ya fue dos veces procesado por el mismo caso y ha sido absuelto.
“Ya pasé varios meses en El Amate, por favor ya no me mencione señor, no me pueden ni me deben juzgar muchas veces por el mismo delito si acaso cometí alguno”, dice Estrada Martínez a este reportero vía telefónica.
A ambos servidores públicos se les sugirió una entrevista sobre el caso en el cual podrían deslindarse o no pero se rehusaron a ello.
La recomendación 061/96 pide iniciar procedimientos administrativos y sanciones a Francisco Hernández Chacón, Bulmaro Trejo López, Martín Hernández Ocaña, Genaro I. Zenteno Orante, Jaime Arturo Cabrera Ferro, Ronay Luna Pérez, Salomón Núñez Díaz y César Montes Alegría, elementos de la Policía Judicial del Estado de Chiapas.
También a Tomás Castillo Camacho, agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador, al doctor Fausto Madariaga Pérez, perito médico adscrito al Servicio Médico Forense del Estado de Chiapas, al señor Juan Otilio López Guillén, primer oficial de Seguridad Pública en el Estado, a José Luis Fuentes Nucamendi y Ramón Casanova Ozuna, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y a los licenciados Gustavo A. Aguilar Mendoza y Alejandro Domínguez Farrera, agentes del Ministerio Público en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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