CASO REYES PENAGOS: PEDIRÁ PERDÓN EL GOBIERNO
ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de febrero (apro).- Más de 11 años después, en un acto público el gobierno mexicano y en particular el gobierno de Chiapas pedirían perdopn y reconocerán este jueves la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, perpetrada por agentes judiciales en diciembre de 1995.
Tras un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, funcionarios del gobierno federal y del gobierno del Estado, celebrarán el Acto Público de la Declaración de Reconocimiento de responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos en la que resultaron agraviados los labriegos miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV).
En este acto se reconocerá la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Reyes Penagos Martínez, y las detenciones arbitrarias, graves vejaciones y tortura de la señora Julieta Flores Castillo y el señor Enrique Flores González.
Paradójicamente dos de los implicados en ese caso de violación flagrante ocupan cargos públicos en el gobierno municipal y el gobierno estatal. En el despacho del subsecretario de Gobierno del Estado, Ángel Córdova, trabaja el entonces fiscal del Caso Jaltenango que presenció los hechos, Uriel Estrada Martínez y en como secretaria municipal en el Ayuntamiento de Tuxtla, Claudia Trujilla Rincón.
Estrada Martínez llegó a ese cargo a invitación de ángel Córdova y Trujillo Rincón a invitación del entonces alcalde y ahora gobernador, Juan Sabines Guerrero.
Según la recomendación 061/96 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazó el gobierno chiapaneco, José Uriel Estrada Martínez fue hallado culpable por permitir que el detenido bajo su responsabilidad fuera torturado para extraerle la confesión sobre el paradero de un líder prísta ejecutado en septiembre de 1995.
En tanto que Trujillo Rincón como subprocuradora de derechos humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE) obstaculizó los trabajos de investigación de la CNDH y actuó con prácticas dilatorias para distraer a los peritos que investigación.
Los hechos
Un documento de organismos no gubernamentales refiere que durante el año de 1995, se realizaron campañas políticas para la elección de presidentes municipales en Chiapas.
En ese contexto fueron víctimas de homicidio el entonces candidato por el PRD a la presidencia municipal de Ángel Albino Corzo, Antelmo Roblero Roblero, el doctor José Rito Solís Martínez, militante prisita y el señor Ausel Sánchez Pérez, candidato del PRI. Por estos hechos la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (ahora Fiscalía General del Estado) crea la Fiscalía Especial para investigar estos hechos y se conoció como el Caso Jaltenango.
Mientras se investigaban los hechos, el 16 de diciembre de 1995 se llevó a cabo un bloqueo en el camino que conduce a la cabecera municipal por parte de vecinos de la colonia Nueva Palestina.
Durante los operativos que se llevaron a cabo para desalojar dicho camino, las autoridades detuvieron ilegalmente y abusando de su autoridad a 17 campesinos, entre los que se encontraba el señor Reyes Penagos Martínez, Julieta Flores Castillo y Enrique Flores Castillo.
Estas personas fueron objeto además de incomunicación, sometidos y sometida a actos de tortura e incluso el señor Reyes Penagos fue ejecutado sumariamente por los agentes de la Policía Judicial del Estado que estuvieron encargados de su custodia, durante el operativo de localización del cadáver Rito Solís Martínez.
El 15 de julio 1996, la CNDH emitió la Recomendación 61/96 con motivo de los homicidios de Reyes Penagos Martínez, y las personas muertas previamente. Misma que fue aceptada por el gobierno de Chiapas en 1996.
Al no cumplirse y continuar la impunidad de estos actos diversas organizaciones de derechos humanos, se presentó en octubre de 1997 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personales, garantías judiciales y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 31 de octubre de 1997 la CIDH dio trámite a la petición, en diciembre de 1998 se llevó a cabo una reunión de trabajo ante la CIDH, en la que se propone dar inicio a un procedimiento de solución amistosa, y en diciembre del mismo año aceptan las partes para someterse este procedimiento; el Estado asumió cuatro compromisos: La investigación de los hechos de que fue víctima el señor Reyes Penagos Martínez, sometimiento a juicio a los responsables.
El gobierno mexicano se comprometió a continuar las investigaciones y ejercitar las acciones penales que correspondieran, a partir de las declaraciones de Enrique Flores González y su hija Julieta; determinar y entregar el monto de la ayuda económica a las víctimas y sus familiares, con la participación de los peticionarios; así como informar a la CIDH sobre el avance de las acciones comprometidas, debiendo al SRE coadyuvar mediante el seguimiento periódico de las investigaciones de la Fiscalía General y los demás puntos de la solución amistosa.
Pedir perdón a las víctimas
En octubre de 2005, los peticionarios y el Estado mexicano, en la reunión de trabajo en el marco del 123 periodo de sesiones de la CIDH, acordó dar cumplimiento a parte de estos compromisos.
La CIDH determinó como beneficiarias de la reparación de daño como víctima o como familiar de la víctima, por la muerte de Reyes Penagos Everilda Roblero Villatoro y sus 5 menores hijos e hijas, así como Julieta Flores Castillo, y Enrique Flores González como víctimas directas por la tortura y detención ilegal sufrida.
Según el documento, el Estado mexicano se comprometió realizar un pronunciamiento público en donde reconozca su responsabilidad por la muerte de Reyes Penagos Martínez y la detención y tortura de Julieta Flores y su señor padre Enrique Flores González, cometidos por diversos servidores públicos del Estado de Chiapas.
“Dentro del mismo acto se les pedirá perdón a las víctimas y a sus familiares por la violación de derechos humanos, como parte de la reparación del daño inmaterial que tiene como finalidad dignificar a las víctimas de los hechos y al mismo tiempo garantizar que las violaciones de derechos humanos no se repetirán en el futuro”, dijo la CIDH.
“El proceso de solución amistosa permanecerá vigente, hasta en tanto se concluyan cabalmente las investigaciones y procesos que deriven en el enjuiciamiento de los responsables de los hechos que motivaron la petición”, dijo al CIDH.
Además de las víctimas y sus familiares, el Grupo de Mujeres de San Cristobal de las casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), son solo algunos de los organismos no gubernamentales locales, nacionales e internacional que estarán presentes en el acto.
Por parte del gobierno mexicano estarán presentes miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno de Chiapas estarán presentes, funcionarios de la FGE.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de febrero (apro).- Más de 11 años después, en un acto público el gobierno mexicano y en particular el gobierno de Chiapas pedirían perdopn y reconocerán este jueves la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del campesino Reyes Penagos Martínez, perpetrada por agentes judiciales en diciembre de 1995.
Tras un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, funcionarios del gobierno federal y del gobierno del Estado, celebrarán el Acto Público de la Declaración de Reconocimiento de responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos en la que resultaron agraviados los labriegos miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV).
En este acto se reconocerá la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Reyes Penagos Martínez, y las detenciones arbitrarias, graves vejaciones y tortura de la señora Julieta Flores Castillo y el señor Enrique Flores González.
Paradójicamente dos de los implicados en ese caso de violación flagrante ocupan cargos públicos en el gobierno municipal y el gobierno estatal. En el despacho del subsecretario de Gobierno del Estado, Ángel Córdova, trabaja el entonces fiscal del Caso Jaltenango que presenció los hechos, Uriel Estrada Martínez y en como secretaria municipal en el Ayuntamiento de Tuxtla, Claudia Trujilla Rincón.
Estrada Martínez llegó a ese cargo a invitación de ángel Córdova y Trujillo Rincón a invitación del entonces alcalde y ahora gobernador, Juan Sabines Guerrero.
Según la recomendación 061/96 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazó el gobierno chiapaneco, José Uriel Estrada Martínez fue hallado culpable por permitir que el detenido bajo su responsabilidad fuera torturado para extraerle la confesión sobre el paradero de un líder prísta ejecutado en septiembre de 1995.
En tanto que Trujillo Rincón como subprocuradora de derechos humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Estado (PGJE) obstaculizó los trabajos de investigación de la CNDH y actuó con prácticas dilatorias para distraer a los peritos que investigación.
Los hechos
Un documento de organismos no gubernamentales refiere que durante el año de 1995, se realizaron campañas políticas para la elección de presidentes municipales en Chiapas.
En ese contexto fueron víctimas de homicidio el entonces candidato por el PRD a la presidencia municipal de Ángel Albino Corzo, Antelmo Roblero Roblero, el doctor José Rito Solís Martínez, militante prisita y el señor Ausel Sánchez Pérez, candidato del PRI. Por estos hechos la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (ahora Fiscalía General del Estado) crea la Fiscalía Especial para investigar estos hechos y se conoció como el Caso Jaltenango.
Mientras se investigaban los hechos, el 16 de diciembre de 1995 se llevó a cabo un bloqueo en el camino que conduce a la cabecera municipal por parte de vecinos de la colonia Nueva Palestina.
Durante los operativos que se llevaron a cabo para desalojar dicho camino, las autoridades detuvieron ilegalmente y abusando de su autoridad a 17 campesinos, entre los que se encontraba el señor Reyes Penagos Martínez, Julieta Flores Castillo y Enrique Flores Castillo.
Estas personas fueron objeto además de incomunicación, sometidos y sometida a actos de tortura e incluso el señor Reyes Penagos fue ejecutado sumariamente por los agentes de la Policía Judicial del Estado que estuvieron encargados de su custodia, durante el operativo de localización del cadáver Rito Solís Martínez.
El 15 de julio 1996, la CNDH emitió la Recomendación 61/96 con motivo de los homicidios de Reyes Penagos Martínez, y las personas muertas previamente. Misma que fue aceptada por el gobierno de Chiapas en 1996.
Al no cumplirse y continuar la impunidad de estos actos diversas organizaciones de derechos humanos, se presentó en octubre de 1997 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personales, garantías judiciales y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 31 de octubre de 1997 la CIDH dio trámite a la petición, en diciembre de 1998 se llevó a cabo una reunión de trabajo ante la CIDH, en la que se propone dar inicio a un procedimiento de solución amistosa, y en diciembre del mismo año aceptan las partes para someterse este procedimiento; el Estado asumió cuatro compromisos: La investigación de los hechos de que fue víctima el señor Reyes Penagos Martínez, sometimiento a juicio a los responsables.
El gobierno mexicano se comprometió a continuar las investigaciones y ejercitar las acciones penales que correspondieran, a partir de las declaraciones de Enrique Flores González y su hija Julieta; determinar y entregar el monto de la ayuda económica a las víctimas y sus familiares, con la participación de los peticionarios; así como informar a la CIDH sobre el avance de las acciones comprometidas, debiendo al SRE coadyuvar mediante el seguimiento periódico de las investigaciones de la Fiscalía General y los demás puntos de la solución amistosa.
Pedir perdón a las víctimas
En octubre de 2005, los peticionarios y el Estado mexicano, en la reunión de trabajo en el marco del 123 periodo de sesiones de la CIDH, acordó dar cumplimiento a parte de estos compromisos.
La CIDH determinó como beneficiarias de la reparación de daño como víctima o como familiar de la víctima, por la muerte de Reyes Penagos Everilda Roblero Villatoro y sus 5 menores hijos e hijas, así como Julieta Flores Castillo, y Enrique Flores González como víctimas directas por la tortura y detención ilegal sufrida.
Según el documento, el Estado mexicano se comprometió realizar un pronunciamiento público en donde reconozca su responsabilidad por la muerte de Reyes Penagos Martínez y la detención y tortura de Julieta Flores y su señor padre Enrique Flores González, cometidos por diversos servidores públicos del Estado de Chiapas.
“Dentro del mismo acto se les pedirá perdón a las víctimas y a sus familiares por la violación de derechos humanos, como parte de la reparación del daño inmaterial que tiene como finalidad dignificar a las víctimas de los hechos y al mismo tiempo garantizar que las violaciones de derechos humanos no se repetirán en el futuro”, dijo la CIDH.
“El proceso de solución amistosa permanecerá vigente, hasta en tanto se concluyan cabalmente las investigaciones y procesos que deriven en el enjuiciamiento de los responsables de los hechos que motivaron la petición”, dijo al CIDH.
Además de las víctimas y sus familiares, el Grupo de Mujeres de San Cristobal de las casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), son solo algunos de los organismos no gubernamentales locales, nacionales e internacional que estarán presentes en el acto.
Por parte del gobierno mexicano estarán presentes miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno de Chiapas estarán presentes, funcionarios de la FGE.
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