PARAMILITARES DEMANDAN LIBERTAD A SABINES
ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de febrero (apro).- Al menos seis indígenas choles miembros del extinto grupo paramilitar Paz y Justicia, demandaron al gobierno estatal acogerse a la Ley de Sentencia Suspendida que ofreció aplicar para liberar a decenas de campesinos miembros de diferentes organizaciones sociales presos en las cárceles de Chiapas en los últimos años.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), calificó esta situación como grave, pues dijo que si el gobierno cede a estas pretensiones estará cayendo en una contradicción luego de que anunciara la investigación de la masacre de Acteal, perpetrada por un grupo paramilitar que al igual que Paz y Justicia dejó una estela de muerte y destrucción a su paso entres las comunidades indígenas.
Este miércoles, Savelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López, Urgenio Torres Martínez, Juan Méndez Arcos, exmiembros de Paz y Justicia y que ahora se dicen miembros de la Organización Productiva Agrícola Campesina (OPAC), dieron a conocer una carta pública pagada en los medios impresos locales su petición al hacer un reconocimiento primero al gobernador Juan Sabines Guerrero por haber instalado la mesa de la comisión especial que evaluará los casos en el marco de la Ley de Sentencia Suspendida.
Nosotros, presos políticos de la OPAC, recluidos en el penal de El Amate, manifestamos nuestro beneplácito hacia al buena voluntad al promover la Ley de Amnistía, que con esta mencionada ley salimos beneficiados los que pertenecemos a diferentes organizaciones sociales que nos encontramos en reclusión”, dice la carta pública.
También queremos manifestar que con esta ley de “amnistía” se contribuye a la paz social, la tranquilidad y la reconciliación de nuestro estado”, agregan los indígenas choles.
Al conocer esta carta, la titular del Frayba, Blanca Martínez Bustos manifestó su preocupación por el hecho de que estos miembros del otrora grupo paramilitar Paz y Justicia, logren su cometido y sorprendan al gobernador Juan Sabines con esos elogios a su intención de liberar a los verdaderos presos políticos de otras organizaciones que sociales.
“Esto me parece grave. Y si el gobierno cede a esta solicitud podría estar abonando no a la pacificación en Chiapas sino a que se vuelvan a reactivar los diferentes grupos de choque como lo está haciendo ya la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en la Selva Lacandona”, dijo Martínez Bustos.
Martínez Bustos calificó de “delicado” la petición de los indígenas choles pues dejaron tras de si una estela de muertes violentas y desapariciones, y que “hay heridas que no cierran con el paso de estos años”.
La titular del Frayba dijo que si el gobernador libera a los indígenas de Paz y Justicia, se estaría contradiciendo, pues un por un lado ofrece justicia y castigo tóquese a quien se toque con respecto al caso Acteal y por otro lado libera a otros.
Dijo que en realidad en Chiapas no hay ninguna “ley de amnistía” comos e ha mencionado públicamente, lo que si hay es una Ley de Sentencia Suspendida y el hecho de hablar de “amnistía” es para vender una buena imagen de benevolencia del gobernador Juan Sabines Guerrero.
La activista del Frayba dijo que en este escenario “pareciera que el compromiso del gobierno es más con la impunidad que con la verdadera justicia”.
Dijo que si bien no tiene pruebas para ligar a los otroras grupos paramilitares con el gobierno actual es evidente que con la llegada del nuevo gobierno en Chiapas los diferentes grupos de choque empiezan a reagruparse y reactivarse.
“Se nos hace esta (carta) como nuevo signo de posible reactivación e grupos paramilitares. No tenemos ninguna prueba que te permita decir que el gobierno de Sabines lo está impulsando y promoviendo grupos, pero lo que si es palpable es que estos grupos están aprovechando la nueva coyuntura de un gobierno que inicia para reorganizarse”, dijo Martínez Bustos en entrevista.
Dijo que Sabines tiene la oportunidad de cerrarles le paso a tiempo e impedirles que se vuelvan dar situaciones como las que vivimos en la segunda mitad de la década pasada.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de febrero (apro).- Al menos seis indígenas choles miembros del extinto grupo paramilitar Paz y Justicia, demandaron al gobierno estatal acogerse a la Ley de Sentencia Suspendida que ofreció aplicar para liberar a decenas de campesinos miembros de diferentes organizaciones sociales presos en las cárceles de Chiapas en los últimos años.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), calificó esta situación como grave, pues dijo que si el gobierno cede a estas pretensiones estará cayendo en una contradicción luego de que anunciara la investigación de la masacre de Acteal, perpetrada por un grupo paramilitar que al igual que Paz y Justicia dejó una estela de muerte y destrucción a su paso entres las comunidades indígenas.
Este miércoles, Savelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López, Urgenio Torres Martínez, Juan Méndez Arcos, exmiembros de Paz y Justicia y que ahora se dicen miembros de la Organización Productiva Agrícola Campesina (OPAC), dieron a conocer una carta pública pagada en los medios impresos locales su petición al hacer un reconocimiento primero al gobernador Juan Sabines Guerrero por haber instalado la mesa de la comisión especial que evaluará los casos en el marco de la Ley de Sentencia Suspendida.
Nosotros, presos políticos de la OPAC, recluidos en el penal de El Amate, manifestamos nuestro beneplácito hacia al buena voluntad al promover la Ley de Amnistía, que con esta mencionada ley salimos beneficiados los que pertenecemos a diferentes organizaciones sociales que nos encontramos en reclusión”, dice la carta pública.
También queremos manifestar que con esta ley de “amnistía” se contribuye a la paz social, la tranquilidad y la reconciliación de nuestro estado”, agregan los indígenas choles.
Al conocer esta carta, la titular del Frayba, Blanca Martínez Bustos manifestó su preocupación por el hecho de que estos miembros del otrora grupo paramilitar Paz y Justicia, logren su cometido y sorprendan al gobernador Juan Sabines con esos elogios a su intención de liberar a los verdaderos presos políticos de otras organizaciones que sociales.
“Esto me parece grave. Y si el gobierno cede a esta solicitud podría estar abonando no a la pacificación en Chiapas sino a que se vuelvan a reactivar los diferentes grupos de choque como lo está haciendo ya la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en la Selva Lacandona”, dijo Martínez Bustos.
Martínez Bustos calificó de “delicado” la petición de los indígenas choles pues dejaron tras de si una estela de muertes violentas y desapariciones, y que “hay heridas que no cierran con el paso de estos años”.
La titular del Frayba dijo que si el gobernador libera a los indígenas de Paz y Justicia, se estaría contradiciendo, pues un por un lado ofrece justicia y castigo tóquese a quien se toque con respecto al caso Acteal y por otro lado libera a otros.
Dijo que en realidad en Chiapas no hay ninguna “ley de amnistía” comos e ha mencionado públicamente, lo que si hay es una Ley de Sentencia Suspendida y el hecho de hablar de “amnistía” es para vender una buena imagen de benevolencia del gobernador Juan Sabines Guerrero.
La activista del Frayba dijo que en este escenario “pareciera que el compromiso del gobierno es más con la impunidad que con la verdadera justicia”.
Dijo que si bien no tiene pruebas para ligar a los otroras grupos paramilitares con el gobierno actual es evidente que con la llegada del nuevo gobierno en Chiapas los diferentes grupos de choque empiezan a reagruparse y reactivarse.
“Se nos hace esta (carta) como nuevo signo de posible reactivación e grupos paramilitares. No tenemos ninguna prueba que te permita decir que el gobierno de Sabines lo está impulsando y promoviendo grupos, pero lo que si es palpable es que estos grupos están aprovechando la nueva coyuntura de un gobierno que inicia para reorganizarse”, dijo Martínez Bustos en entrevista.
Dijo que Sabines tiene la oportunidad de cerrarles le paso a tiempo e impedirles que se vuelvan dar situaciones como las que vivimos en la segunda mitad de la década pasada.
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