CHIAPAS: REFORMAS CRIMINALES

Martha Angélica Tagle Martínez


En medio de una serie de inconsistencias, el pasado 18 de diciembre, cuando ya todos estaban con un pie en las fiestas de fin de año, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad reformas a la constitución y al código penal estatales para proteger y tutelar “el derecho a la vida que todo ser humano tiene, desde el momento de la concepción” y definir que ese óvulo fecundado “entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido paratodos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”; además de permutar la pena de cárcel por tratamiento integral médico a las mujeres que abortan, por supuesto se refieren a una cura psicológica que ha sido la nueva manera que nuestros legisladores han encontrado para criminalizar a las mujeres.

Desde el punto de vista social, mucho se dice de las condiciones de pobreza en las que vive Chiapas y por las cuales poco se ha hecho; pero que los números ratifican. De acuerdo a datos del INEGI y CONAPO, Chiapas es el segundo estado con mayor grado de marginación del país; tiene cerca de 1 millón de habitantes que pertenecen a un pueblo indígena, además de la mayor tasa de fecundidad del país. Por lo que respecta a la educación el 42,76% de la población chiapaneca de quince años o más no tiene primaria completa y el 20,4% no ha recibido ninguna forma de instrucción. En materia de salud, según estadísticas de la Secretaria de Salud en 2007, en Chiapas, se cuenta con menos de un médico por 1000 habitantes, lo cual es la cifra más baja de todo el país; ocupa también el cuarto lugar a nivel nacional de mujeres infectadas con VIH; la tasa de mortalidad infantil en las localidades rurales e indígenas es de 75 por cada mil menores, equivalente a los indicadores que se reportan en los países del África subsahariana; en cuanto a la mortalidad materna 117 mujeres mueren por 100 mil nacidos, ocupando así el tercer lugar en el ámbito nacional; los datos arrojan además que “la muerte materna afecta principalmente a las mujeres pobres y tiene como causas la deficiencia y la inaccesibilidad a los servicios de salud, tanto como la desnutrición, la violencia familiar, así como los embarazos prematuros y no deseados y los abortos mal practicados”.

Con estos datos no tengo mucho que explicar para considerar como criminales las reformas que penalizan a las mujeres que abortan en Chiapas.

Desde el punto de vista legal, como se puede ver con cada contrarreforma que se realiza, se retrocede más. En Chiapas, todos los legisladores la votaron por unanimidad y ciegamente por designios del gobernador Juan Sabines y en un acto de cinismo pretenden presentarlas como la “única reforma que concibe respetar los derechos de la mujer y de la vida” como se tituló el boletín oficial por parte del gobierno estatal, que circuló el mismo día de la aprobación, para ratificar de quien era la autoría.

Por el contrario, las reformas en ese estado “violan flagrantemente el derecho de las mujeres a la igualdad, a la no discriminación, el derecho a recibir educación laica, ajena a cualquier doctrina religiosa y basada en el progreso científico, el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la libertad y el derecho a la intimidad, todos ellos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” como lo argumentan organizaciones y personalidades de Chiapas al exigir al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, interponga una acción de inconstitucionalidad contra las reformas, sin embargo hoy vence el plazo y no vemos intención alguna para hacerlo, ni de él ni de ningún otro actor político con personalidad jurídica.

Una de las inconsistencias más evidentes de las reformas está en el hecho de que el mismo día que se aprobaron, el 18 de diciembre, se publicaron en el diario oficial del estado, que se supone se edita desde un día anterior; pero además la publicación se escondió y empezó a circular públicamente hasta el 8 de enero, seguramente con la intención de que no diera tiempo de encontrar a alguien que se atreviera a oponerse jurídicamente a las reformas.

Otras de las inconsistencias que el periodista Isaín Mandujano ha documentado, son, por un lado que aparentemente las iniciativas habían sido presentadas por tres diputados del PRD, PRI y PAN y aparecen publicadas como reformas del gobernador Juan Sabines; y por otro lado, el acta establece que se aprobaron en una sesión ordinaria cuando en realidad la sesión de ese día era extraordinaria y tenía como fin el análisis del III informe de gobierno. Así que cómo se puede constatar, las reformas están plagadas de errores debido, seguramente, a la prisa por aprobarlas sin hacer ruido. Sin duda, estás inconsistencias además de contravenir la Constitución federal, son materia para que jurídicamente se revoquen y muchas personas daremos la batalla para ello.