Pagan millonada ¡para endeudarse!

José Eseverri

México/agencia reforma

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Los Gobiernos de Veracruz y Chiapas pagaron millonarias cuotas a un par de ejecutivos, los cuales cobran hasta nueve veces más que los bancos experimentados por servicios similares: asesoría en colocación de deuda.

De 2006 a 2009, Angel Céspedes y su empresa Corporativo en Finanzas, cobraron a las Administraciones de esos estados 270 millones de pesos en comisiones financieras.

Además, Carlos Jair Jiménez, un ex funcionario del Gobierno veracruzano, dispuso de al menos 72 millones de pesos por su asesoría para una colocación del estado de Chiapas.

Lo hizo justo antes de asumir la Secretaría de Hacienda chiapaneca, que hoy encabeza.

Ambos fungieron como asesores de los Gobiernos de Fidel Herrera y de Juan Sabines, respectivamente, para estructurar los documentos que servirían para pedir prestado a inversionistas, según información pública de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Pero la asesoría fue cara.

Las dos entidades pagaron entre 3.49 y 4.19 por ciento del dinero que recibieron prestado al colocar sus bonos en la BMV.

Esas emisiones representaron préstamos unitarios que van de los 212 millones hasta los 5 mil 193 millones de pesos, que las Administraciones estatales pagarán con dinero del erario durante años.

Hay un marcado contraste con otros estados. Por servicios similares, Oaxaca pagó 2.54 por ciento; Nuevo León, 2.06, y Michoacán, 1.25, como comisión, revela la información de la Bolsa.

Un caso extremo lo ejemplifica el Distrito Federal, cuyo Gobierno pagó apenas entre el 0.44 y 0.69 por ciento del monto total recibido en diversos préstamos.

Al respecto, el secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, Mario Delgado, explicó a REFORMA que los asesores o estructuradores compiten con la tarifa más baja para quedarse con un contrato, que les sirve a la postre como currículum para obtener colocaciones en otros estados.

Una fuente del sector financiero señaló que, a diferencia de una casa de Bolsa, los despachos que asesoran en estas emisiones no están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por lo que el cobro por sus servicios no es transparente.


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