Acusan al gobierno estatal de queerer encontrar irregularidades donde lo nos hay.

Ángeles Mariscal/corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de abril. Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) pusieron a disposición de cualquier auditoria y escrutinio 42 proyectos productivos financiados por Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (Fonaes), dependencia federal que según el gobierno del estado, autorizó recursos que fueron desviados para actividades “antisistémicas y paramilitares”.

            Por su parte trabajadores del Fonaes, quienes pidieron el anonimato, explicaron que la detención de Hurby Ovando Zamora, jefa de departamento de esta dependencia en Chiapas, presuntamente involucrada en esta acusación, fue una arbitrariedad y usurpación de funciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE ), ya que se trata de fondos federales, y cualquier supuesta irregularidad debe ser sujeta a una auditoria administrativa antes que cualquier acción penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

            Los integrantes del Mocri –quienes en las últimas semanas han efectuado varias movilizaciones y un plantón en esta capital para pedir la liberación de presos de su organización, y que el pasado 7 de abril fueron desalojados y allanadas sus oficinas- hicieron público los detalles de los 42 proyectos que el Fonaes le financió a grupos de trabajo y sociedades de producción de su organización entre 2004 y 2008, por no más de 8.6 millones de pesos.

            En los detalles de los proyectos que según la acusación del gobierno del estado dijo no fueron aplicados, se señala el nombre de los beneficiarios, su figura o razón social en la que se constituyeron, dirección, monto financiero y aplicación.

            Francisco Jiménez Pablo, uno de los dirigentes del Mocri, explicó que cualquier ciudadano o dependencia puede verificar la aplicación de los recursos del Fonaes. “El único que no encontrarán es el de un centro de cómputo que estaba ubicado en el asentamiento Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, y que fue saqueado durante la expulsión de nuestros militantes por parte del grupo que se apoderó de la colonia el pasado 11 de noviembre”.

El resto de los proyectos son para la producción de ganado, artesanías, una comercializadora de pescados, granjas avícolas, centros de cómputo, papelerías, balconerias, un taller mecánico, un taller de soldadura, una ferretería y una sala de belleza, todos ellos finaciados por el Fonaes.

Esta dependencia entregó a los grupos del Mocri durante 2008 aproximadamente 3.8 millones de pesos para 14 proyectos que se aplicaron en los municipios de Ocosingo, Amatán, Tecpatán, Siltepec, Frontera Comalapa, Bella Vista, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

En 2007 se destinaron 930 mil pesos para cinco proyectos; en 2006 2.9 millones de pesos para 15 actividades productivas; en 2005 fueron 875 mil pesos para 4 proyectos, y en 2004 50 mil para uno más. En total el Fonaes financió un total de 42 proyectos a esta organización.

Entrevistados por La Jornada, el personal del Fonaes explicó que las reglas de operación de esta dependencia son estrictas en cuanto a que en un periodo de entre 40 días y seis meses luego de entregado el recurso, se hace a los grupos de trabajo una primera auditoria y verificación en campo para ver la aplicación de los recursos.

Si se encuentra alguna insolvencia, se cancela cualquier otra solicitud y financiamiento, se inicia un proceso administrativo, se da parte a la contraloría interna y en caso extremo se inicia un proceso ante la PGR, debido a que se trata de recursos federales.

“Si a los grupos de trabajo de la organización llamada Mocri se les hubiera detectado algún uso irregular de los recursos, no se les hubiera seguido financiando por cinco años consecutivos”, señaló la fuente del Fonaes.

Explicó que en este caso la detención por parte de la Procuraduría de Chiapas de Hurby Ovando Zamora, jefa de departamento de esta dependencia en Chiapas, quien fue sujeta a arraigo en una casa de seguridad del gobierno estatal, “fue una arbitrariedad en la que se usurparon funciones”.

El pasado 15 de abril la PGJE estatal dio a conocer dio a conocer que detuvo y arraigó a la funcionaria federal, “acusada de desviar créditos para financiar a un grupo del Mocri”, grupo al que se le llamó “antisistémica y paramilitar”.

Ello presuntamente por la denuncia de un grupo disidente de la organización, quienes desde noviembre pasado se han enfrentado los líderes de esta organización afiliada a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, porque esta última acusó a los disidentes de efectuar marchas y movilizaciones de acuerdo a la agenda política de funcionarios estatales.

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