Chiapas: Farsa justiciera

ISAíN MANDUJANO

Proceso No. 1693, 12 al 18 de abril del 2009

Mientras el gobernador Juan Sabines alardea de haber excarcelado a más de 600 “presos del pasado”, dirigentes de organizaciones civiles y líderes de movimientos campesinos que purgan condenas o fueron recientemente recluidos alertan: el mandatario provoca la división y confrontación entre quienes aceptan sus formas de cooptación y quienes las rechazan. Los que no se someten a sus pactos, dicen, son perseguidos, reprimidos y encarcelados. Por eso no todos los que salen del penal son inocentes, y muchos de los que ingresan sólo son presos políticos. 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Como su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía, el gobernador Juan Sabines Guerrero hace alarde de liberar a reos injustamente recluidos en administraciones pasadas, mientras que, por otra parte, reprime y confina a otros inocentes que no se apegan a sus dictados. 

Dirigentes de organizaciones civiles denunciaron lo anterior y precisaron que Sabines entabla “pactos de paz y reconciliación” con ciertos grupos a cambio de la liberación de algunos reos que se declaran presos políticos aunque nunca lo hayan sido, pero en cambio persigue y encarcela a quienes no aceptan sus formas de cooptación.

Los operadores del mandatario, afirman, han sido el subsecretario general de Gobierno, Nemesio Ponce, hombre de todas las confianzas de Sabines Guerrero; su antecesor Alejandro Gamboa López, actual líder estatal del PRD; el secretario de Desarrollo Social, Seth Yassir Vázquez, y Carlos Esquinca Cancino, exlíder estatal perredista.

De acuerdo con Sabines, Salazar Mendiguchía y su zar antidrogas, Mariano Herrán, encarcelaron a tal cantidad de campesinos e indígenas que, según presume en actos masivos, se ha visto precisado a excarcelar a más de 600 “presos del pasado” en los penales de Chiapas. 
No obstante, numerosos reos comunes se dicen presos políticos; otros se amotinan para impedir que la policía tome el control de las cárceles; unos más se declaran en huelga de hambre, se cosen los labios o crucifican, mientras familiares de ellos marchan o se plantan frente al palacio de gobierno. 
Esto, a pesar de que en marzo de 2008 Sabines instaló una “Mesa para la Reconciliación con el Movimiento Social de Chiapas”, donde se revisaron al menos 360 expedientes penales, y el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) vio salir a casi todos sus presos. 
Pero una división que se produjo en el interior de esa organización –entre quienes se inclinaban por la lucha social independiente y quienes propugnaban sumarse a los programas gubernamentales– ocasionó que otros 40 de sus miembros fueran encarcelados, entre quienes se hallan Erick Bautista Gómez, Pedro López Gómez, Genaro Gómez Gómez, Ramiro Hernández Gómez, Marlen Ruiz Gómez y Filemón Ruiz Sánchez, quienes fueron recluidos en los primeros días de abril.
Al primero de ellos, preso en el penal de El Amate, lo acusan de haber sido corresponsable del homicidio de Martha Gómez, una militante de su propia organización, cometido en noviembre de 2008, en combinación con su compañero Wilfrido Hernández Jarquín. 
Desde prisión, Wilfrido Hernández Jarquín, un líder del Mocri privado de la libertad hace pocos meses, dice a Proceso por teléfono que quien realmente mató a Martha Gómez fue un grupo disidente de su organización que ahora es protegido por el gobierno estatal y que lideran Ismael Jiménez Pablo, Aristeo Gómez Cruz y Alfonso Ceja Chávez.
Según Hernández Jarquín, estas personas “actúan como grupo de choque, como grupo paragubernamental” para confrontarlos, restarles fuerza y recluir a los dirigentes del movimiento. 
La más reciente detención de seis agremiados del movimiento provocó la reacción de la secretaria de Derechos Humanos del CEN del PRD, Socorro Ceseña, quien demandó al gobernador Sabines liberar a los capturados y revisar los expedientes de los presos políticos encarcelados.
“La postura del gobierno de Chiapas de que revisarían expedientes sólo si levantaban la huelga, llevó a los familiares a instalar un plantón frente al palacio de gobierno; sin embargo, preocupa a esta Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Secretariado Nacional del PRD que la respuesta dada por el gobierno del estado sea la del desalojo violento y la detención”, apuntó Socorro Ceseña en una misiva enviada al mandatario. 
En contraste con el silencio que al respecto mantiene el perredismo chiapaneco, dicha sección del CEN del PRD exigió a Sabines garantizar “la integridad física y psicológica de los que se encuentran en huelga de hambre, así como de sus familiares y amigos que están en apoyo”, además de respetar y hacer “cumplir lo estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos signados y ratificados por México”.
El martes 7, unos 500 campesinos comenzaron una marcha hacia Tuxtla para exigir la libertad de los seis detenidos, pero operadores políticos del gobierno estatal los interceptaron para ofrecerles que, si detenían su camino, los casos serían revisados. 
Hasta la noche del miércoles 8 no habían sido liberados y, en cambio, fueron remitidos a la casa de arraigos Quinta Pitiquito.

Una emboscada jurídica

Aunque en los últimos tres años la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ) ha visto salir de las cárceles a cientos de personas, ninguno de sus cinco reos ha sido excarcelado.
Ángel Hidalgo Espinosa, José Arnulfo Díaz Vázquez y los hermanos Mario, Enrique y Alberto Coutiño Morales se hallan en prisión, unos, acusados por matar a ocho labriegos de una organización rival en Venustiano Carranza, y otros, por encabezar bloqueos carreteros desde 2001.
Tras marchar y exigir la libertad de sus presos, dirigentes de la OCEZ se sentaron con los operadores políticos de Sabines en la Mesa para la Reconciliación con el Movimiento Social de Chiapas, donde recibieron la promesa de que se revisarían los expedientes.
No obstante, apenas habían vuelto a su comunidad cuando, el 26 de marzo, un juez del ramo penal le confirmó a Ángel Hidalgo Espinosa, principal dirigente y fundador de la OCEZ, una sentencia de más de 36 años de cárcel.
Un reo prozapatista también es reclamado: Alberto Patishtán Gómez, cuya liberación exige el Comité de Expresos y Familiares de Presos Políticos “Voces Inocentes” de La Voz del Amate y de Los Llanos, adherentes a La Otra Campaña y a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.
Alberto Patishtán Gómez, maestro rural indígena bilingüe que tenía un fuerte liderazgo político y social entre las comunidades de El Bosque, Simojovel y Huitiupán, fue condenado a 60 años de prisión mediante un proceso que, según sus defensores, estuvo plagado de irregularidades.
Tras una emboscada que, en junio de 2000, un grupo armado tendió a policías estatales –donde murieron seis uniformados–, el indígena tzotzil fue detenido sólo por la declaración en su contra que hizo un adolescente de 15 años, hijo del alcalde de El Bosque, Manuel Gómez Ruiz. 
De acuerdo con el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Diego Cadenas, ni Patishtán Gómez ni su acusador contaron con traductor ante el juez, no hubo pruebas periciales o científicas que lo vincularan a la matanza y, sin embargo, fue sentenciado a 60 años de prisión (causa penal número 126/2000) bajo los cargos de homicidio, lesiones, asalto y portación de armas de fuego, entre otros delitos. 
A juicio de Diego Cadenas, quien a lo largo de casi nueve años ha luchado en vano para demostrar la inocencia de Patishtán Gómez, todo indica que este caso fue fraguado por las autoridades en contra del indígena, quien ahora purga su condena en la prisión de San Cristóbal de las Casas después de haber fungido en la cárcel de El Amate como coordinador de la Pastoral Profética, como guía espiritual y como ministro extraordinario de la Eucaristía en la iglesia de la prisión.
Mientras Diego Cadenas recordó que así ha operado siempre la justicia en Chiapas, Erick Bautista denunció, antes de caer preso, que el gobierno chiapaneco sólo libera a los presos de las organizaciones que firman “pactos de sumisión”.
“Nuestra combatividad y nuestra lucha es por nuestros derechos como campesinos, como indígenas. Aceptar esos pactos es atarnos de boca y manos”, advirtió Erick Bautista Brindis.
Para Diego Cadenas, estos reclamos de organizaciones sociales, campesinas e indígenas también han sido constantes en la historia de Chiapas, que en pleno siglo XXI vive los lastres de la mala procuración y administración de la justicia. 
Muchas personas inocentes se hallan presas y muchos culpables encuentran la libertad, señala, porque existe “un sistema de procuración de justicia con grandes vacíos, con lagunas jurídicas que alientan las violaciones de los derechos humanos y la violación del debido proceso. Todo ello, más un servicio pericial deficiente y obsoleto, propicia la corrupción en los servidores públicos en estos órganos de procuración de justicia”.

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Isaín Mandujano
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