SEÑALES ENCONTRADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Miguel Angel de los Santos

En anteriores colaboraciones he sugerido que el gobierno del Estado realiza esfuerzos en materia de derechos humanos que merecen ser destacados como acciones positivas y loables. Así deben considerarse el acto publico en que el gobernador pidió perdón a los familiares de Iván Correa, cuyo homicidio aún no se esclarece; también las recientes reformas legales que fortalecen los derechos de las mujeres y la ley en materia de discriminación; de igual modo, merece aplaudirse que la UNICH otorgara el doctorado Honoris Causa al Obispo Samuel Ruiz. También son positivas las liberaciones de algunos presos injustamente detenidos, y la creación, aunque innecesaria, de una fiscalía especial para atender delitos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, las acciones antes mencionadas se presentan desarticuladas, faltas de cohesión en torno a un proyecto de transición política que busca fortalecer el estado de derecho y los derechos humanos. A veces, tales acciones se presentan como improvisadas, espontáneas y como mensajes de ocasión. Si es el día de la mujer, enviamos una iniciativa de ley en la materia, si hay un reclamo de las ONG´s , creamos una fiscalía, etcétera. Soy de la idea que a este gobierno le hace falta un proyecto en materia de transición política en general y en materia de derechos humanos en particular. De esa manera, tampoco las diferentes instancias del gobierno se percibirían desarticuladas en su funcionamiento y en el desarrollo de sus políticas.

Un proyecto comprometido con la observancia de los derechos humanos evitaría que las acciones positivas no se contradijeran con otras acciones políticas o judiciales. Los mensajes deben ser claros y unidireccionales hacia el fortalecimiento de los derechos humanos y del estado democrático.

La falta de este proyecto ha generado que, pese a todas las acciones positivas y encomiables que hemos mencionado, hoy día nos encontremos con acciones que apuntan en sentido contrario.

Desde mi perspectiva no era necesario el exceso en el desalojo a los manifestantes del MOCRI que se encontraban apostados fuera del palacio de gobierno o aquellos que se manifestaban dentro del Centro de Readaptación Social “El Amate”. En ambos casos se ejercía el derecho a la protesta social, inscrito en el derecho a la manifestación de las ideas y la reunión pacifica. Resulta por demás claro que la protesta social constituye el ultimo de los recursos que las personas ejercen para hacer escuchar sus peticiones, y que en la medida en que estas se atienden, la protesta social deja de tener sentido. Por otro lado, resulta también un contrasentido, el hecho de que se reconozca que la administración de el ex fiscal Herrán Salvatti se caracterizó por su autoritarismo y excesos en la procuración de justicia, y que no se revisen los casos que tal administración encausó.

Hoy día también tenemos reclamos por detenciones arbitrarias y tortura a integrantes del MOCRI y a militantes de la Otra Campaña. Después de expresar mi complacencia y destacar las buenas acciones de este gobierno en materia de derechos humanos, las prácticas que se denuncian me parecen inaceptables y fuera de todo proyecto democrático.

Dado que se suele actuar en función de las circunstancias, esperaría que los casos y las violaciones a los derechos humanos denunciadas a propósito de las detenciones de miembros del MOCRI y de la Otra Campaña, conduzcan a encarar las mismas, liberando a quienes injustamente hayan sido detenidos y castigando a quienes hayan incurrido en las violaciones denunciadas. Un gobierno no disminuye en nada su autoridad cuanto reconoce los errores, restituye el ejercicio de los derechos y repara los daños causados, al contrario, se fortalece como uno democrático y comprometido con los derechos humanos. De no rectificar estos errores, las acciones positivas antes mencionadas dirigidas al fortalecimiento de los derechos humanos, serán muy pronto cubiertas por la avalancha de acciones que generen las detenciones arbitrarias llevadas a cabo, y con ello el debilitamiento del gobierno del estado en materia de derechos humanos.