OBSERVATORIO CIUDADANO

Han transcurrido ya más de dos años que le hemos presentado a su gobierno un Pliego de las demandas y necesidades de las organizaciones que conforman nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS); desde ese entonces hasta el momento de emitir esta sexta carta pública dirigida a su persona, no ha habido una respuesta positiva y seria de parte de su gobierno y de los distintos funcionarios públicos que nos han atendido, por el contrario, continúan incurriendo en faltas graves de respeto, conductas indebidas, así como se han mantenido las acciones de hostigamiento y provocación hacia nuestras comunidades y organizaciones.

Como ya se lo hemos manifestado en nuestros escritos anteriores y en distintas mesas de diálogo que hemos sostenido con representantes de su gobierno, nos preocupa la manera en que continúan interviniendo funcionarios de su gobierno en los casos de la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo, y el del ejido Petalcingo, municipio de Tila, ya que han provocado que en dichos casos lejos de encaminarse a su resolución y la búsqueda de soluciones justas, se hayan agudizado y se encuentren nuevamente en niveles sumamente delicados de tensión.

De continuar su gobierno y los distintos funcionarios en la posición de intervenir de manera parcial, favoreciendo y encubriendo a funcionarios menores como al ex-presidente municipal de Tila Juan José Díaz Solórzano, al actual presidente municipal de Tila Limber Gutiérrez Gómez, ambos de conocida filiación en el grupo paramilitar Paz y Justicia, así como a José Pérez Gómez, ex-regidor de Ocosingo y dirigente de la ORCAO, en donde hemos denunciado que se encuentra enquistado un grupo de corte delincuencial y paramilitar; entenderemos que es una política de su gobierno generar o empeorar conflictos, en vez de buscar soluciones justas y que se resuelvan de manera definitiva y con base en la justicia y la razón, y por tanto, usted sería considerado el principal responsable de lo que ocurra en el futuro en el ejido de Petalcingo y en la comunidad El Carrizal.

En el caso de El Carrizal del municipio de Ocosingo, hoy se vive un clima de tensión que resulta ya insostenible, como consecuencia del aval que ha hecho su gobierno del poblado en que se instaló el grupo de corte delincuencial y paramilitar enquistado en la ORCAO y que se encuentra asentado en el predio conocido como El Nacimiento, dentro de la comunidad de Carrizal. Dicho grupo conocido como "Los Petules" actúa con total impunidad y protección de la policía y autoridades de gobierno en contra de pobladores de El Carrizal y de la región, incluidas comunidades pertenecientes a nuestros compañeros del EZLN, provocando un clima de zozobra y tensión con acciones como las siguientes: consumo de bebidas alcohólicas y drogas, cortes de alambrados, destrucción de cultivos y cafetales, obstrucción de caminos y de la carretera, amarran su ganado en terrenos ajenos, hostigamiento y amenazas de violación sexual a las adolescentes que se trasladan a la escuela, deforestan árboles y contaminan el agua, realizan asaltos, intentan provocar pugnas intercomunitarias con el ejido de Tomás Munzer mediante quemas de casas, realizan constantes disparos de armas de alto poder en las noches.

Por esta situación, hacemos público que el día de hoy 15 de abril, nuestros compañeros de la comunidad El Carrizal, perteneciente a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS), le están haciendo llegar a usted y a diversos funcionarios e instancias de gobierno, un acta de asamblea en donde acuerdan exigirle al gobierno de Chiapas representado por usted, la reubicación inmediata del grupo de corte delincuencial y paramilitar asentado en el predio El Nacimiento fuera de la comunidad de El Carrizal y de la región como la única manera de garantizar la paz y la convivencia armónica en la zona.

En el caso del ejido Petalcingo, se ha dado una larga lucha de mujeres y hombres indígenas tzeltales del pueblo de Petalcingo pertenecientes al Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS) por el reconocimiento de su gobierno hacia nuestro compañero Agustín Pérez Gómez, quien tomó posesión de su cargo como agente rural municipal en base a usos y costumbres, el convenio 169 de la OIT y en asamblea ejidal del 14 de Diciembre del 2008 con el respaldo de un acta de asamblea con 1,098 firmas; la cual tuvo su momento culminante con un bloqueo carretero permanente que inició el 16 de enero a las 6 de la mañana y que se levantó a la misma hora del 18 de enero, ello como la única manera que encontró el MRPS-FNLS para que se respetara la legítima voluntad del pueblo de Petalcingo, así como para frenar los constantes actos de corrupción de los funcionarios municipales y de las autoridades ejidales espurias pertenecientes al PVEM, luego de dos años de indiferencia y falta de voluntad política de distintos funcionarios estatales y federales.

Como resultado de esta lucha y de nuestra petición hecha a usted en nuestra carta abierta del 22 de enero, se inicia un proceso de diálogo en la Secretaría General de Gobierno el cual concluye el 12 de febrero, en la que estuvieron presentes una comisión del MRPS-FNLS de Petalcingo y de la Coordinación Estatal del FNLS, resultando de este diálogo una minuta de acuerdo firmada por dicha comisión, así como por el Dr. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno, Carlos Alejandro Constantino, Sub-secretario de operación regional zona selva, Ana del Carmen Valdivieso, Delegada de gobierno en Yajalón, Limber Gutiérrez Gómez, presidente municipal de Tila, y el grupo del PVEM. En dicha minuta se acordó que como medida de solución, el gobierno del estado garantizaría el reconocimiento de 2 agentes municipales, es decir se reconoció a nuestro compañero Agustín Pérez Gómez, quién despachará en el edificio de la agencia municipal, así también a un agente municipal del grupo del PVEM. Sin embargo no hubo respuestas de nuestras demandas de realizar una auditoría al ex-presidente municipal Juan José Díaz Solórzano por el proyecto de agua potable que nunca se concluyó y que además se construyó de manera ilegal, arbitraria y con evidente desvío de recursos, así como de la ilegal destitución de nuestro comisariado ejidal.

En dicho proceso de diálogo quedó de manifiesto que tanto el Lic. Alejandro Constantino, Sub-secretario de operación regional de la zona selva, así como la Lic. Ana del Carmen Valdivieso, Delegada de gobierno en Yajalón, mostraron una falta de operación política, incapacidad para resolver la problemática y privilegiaron acercamientos con el presidente municipal de Tila Limber Gutiérrez Gómez y su grupo del PVEM, lo cual fue interpretado por compañeros del MRPS-FNLS como una señal de parcialidad en la negociación. Este comportamiento ha prevalecido, por lo que para nosotros no son interlocutores válidos para encabezar una eventual nueva mesa de diálogo.

Al darse el proceso legal de relevo del Comisariado Ejidal en Petalcingo en este mes de abril, se presenta nuevamente un escenario de delicada tensión, ya que como antes lo hemos denunciado, diversos funcionarios de su gobierno avalaron de manera ilegal la destitución de nuestro compañero Comisariado Ejidal y solaparon el nombramiento de un comisariado ejidal espurio del PVEM, por lo que como MRPS-FNLS también decidimos nombrar a nuestro comisariado ejidal legítimo, quien ha trabajado de manera honesta y se ha ganado el respeto de la gente del ejido. Por lo que en este momento existen dos comisariados ejidales.

Como una señal de voluntad política del MRPS-FNLS, y con la claridad de que el proceso de elección de un nuevo comisariado es de competencia agraria, acudimos la semana pasada a la delegación de la Procuraduría Agraria en Tuxtla Gutiérrez para buscar que se establezca una ruta crítica para que se generen las condiciones y los mecanismos que permitan que la asamblea de elección de comisariado ejidal pueda llevarse a buen término y con apego a lo que establece la ley agraria al respecto.

Sin embargo, ha sido de nuestro conocimiento que en estos días la Delegación de gobierno de Yajalón ha sostenido de manera unilateral reuniones de trabajo con el presidente municipal de Tila, funcionarios de la Procuraduría Agraria, el comisariado espurio del PVEM para definir los mecanismos para realizar la asamblea de elección de comisariado. Ante este hecho queda nuevamente de manifiesto la persistencia de la actitud parcial y la tendencia a encubrir, solapar y apoyar al presidente municipal de Tila y su grupo del PVEM, ello en detrimento de los derechos de nuestros compañeros ejidatarios del MRPS-FNLS y del ejido de Petalcingo. Recordamos que el presidente municipal de Tila Limber Gutiérrez Gómez, es originario de Petalcingo y no es ejidatario, ha sido parte del conflicto y de ninguna manera es un actor neutral, ya que es parte del grupo que sostiene al comisariado espurio del PVEM. Su insistencia en involucrarse en la sucesión del comisariado ejidal, que como ya mencionamos es un asunto netamente agrario en el cual no tiene ninguna competencia, ello con la complicidad de funcionarios de gobierno constituye actos ilegales que incluso ameritan responsabilidad penal.

Por lo antes expuesto, Señor Gobernador, una vez más le hacemos un llamado serio de atención para que ponga un freno a funcionarios de su gobierno que continúan con una actitud parcial y que se han coludido para encubrir actos de corrupción y una serie de ilícitos, y para seguir brindado protección e impunidad a grupos de corte paramilitar y delincuencial que tanto daño ha causado al tejido social de comunidades y pueblos de Chiapas.

EXIGIMOS de su gobierno, que estos dos casos sean atendidos directamente por el Secretario General de Gobierno Noé Castañón León, ya que los delicados niveles de tensión que se han alcanzado en El Carrizal y en Petalcingo requieren una respuesta de primer nivel.

EXIGIMOS que en el caso del Ejido Petalcingo cesen de intervenir de manera unilateral y parcial en favor del grupo que mantiene el comisariado espurio del PVEM, la Lic. Ana del Carmen Valdivieso, delegada de gobierno en Yajalón, el Lic. Carlos Alejandro Constantino, Sub-secretario de operación regional de la zona selva, el Ing. Humberto Velasco Andrade , visitador agrario de la Procuraduría Agraria en Yajalón, y Limber Gutiérrez Gómez, presidente municipal de Tila.

EXIGIMOS que se realicen una auditoría y una investigación exhaustiva del uso de los recursos económicos otorgados por Banobras para la construcción del inconcluso proyecto de agua potable en el ejido Petalcingo, municipio de Tila, Chiapas.

ATENTAMENTE

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).



c.c.p. Doña Rosario Ibarra de Piedra, Senadora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), y Lic. Blanca Martínez Bustos y Pedro Faro, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), y Lic. Isabel Uriarte, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sres. Dolores González, Directora de Servicios y asesoría por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento y seguimiento del caso.

P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Mario Solórzano y Lic. Mayra Lorez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Noemí Ramírez, Coordinadora del Proyecto Pueblos Indígenas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loera, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Patricia Miller, Coordinadora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Amnistía Internacional, para su conocimiento y seguimiento del caso.

A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Sr. Rodolfo Stavenhagen, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Minorías Étnicas en México, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Luis H. Álvarez Álvarez, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Senador Andrés Galván Rivas, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Senador Eduardo Nava Bolaños, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Marcos Matías Alonso, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Dip. Ramón Ceja Romero, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Marcela Nolazco Pastorizo, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento y seguimiento del caso.

Antrop. Roger Helí Díaz Guillen, Sub-Delegado de Conciliación Agraria de la Procuraduría Agraria en Chiapas, para su conocimiento e intervención.


Ing. Carlos Esquinca, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento.

Lic. Carlos Alejandro Constantino, Subsecretario de Operación Regional Zona Selva de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Ana del Carmen Valdivieso, Delegada de Gobierno en Yajalón, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Lic. Juana López González, Delegada Regional Zona Selva Norte de la Secretaría de Pueblos Indios, para su conocimiento y seguimiento del caso.

Representación Especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas, para su conocimiento y seguimiento del caso.