OBSERVATORIO CIUDADANO

Foro Internacional sobre la Criminalización  de los Defensores de los Derechos Humanos y de la Protesta Social

DECLARACIÓN  FINAL: 

Ante la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero, las organizaciones sociales y civiles nacionales e internacionales presentes en este Foro, expresamos nuestra solidaridad con las familias de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas para exigir al gobierno federal que atraiga las investigaciones a través de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede impune efectuándose investigaciones imparciales, objetivas y expeditas de tal manera que se castigue los responsables.

 El caso de Raúl y Manuel es un patrón que muestra la grave situación que viven en el país los defensores y defensoras de derechos humanos y los luchadores sociales quienes están siendo sometidos a una práctica de criminalización de la protesta que se ha intensificado al grado de materializarse en actos que atentan contra la integridad y vida. 

El día de hoy, los defensores y defensoras presentes reivindicamos nuestro derecho a protestar como consecuencia de que los mecanismos institucionales son ineficaces al no dar respuesta a las demandas sociales, quedando como única vía la protesta como ejercicio de los derechos de libre asociación, petición, reunión, expresión y manifestación de las ideas. 

El Estado mexicano no sólo ha criminalizado a los defensores mediantes distintos patrones  sino que tampoco ha cumplido los compromisos internacionales como las recomendaciones contenidas en el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas del 2006 y las recomendaciones hechas al Gobierno mexicano por parte del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal que son reiterativas en recomendar a México que debe reconocer el valioso aporte de los defensores de derechos humanos para la construcción de una sociedad democrática, además de que debe asegurar que los defensores y defensoras no pongan en riesgo su vida e integridad por hacer su trabajo, que debe efectuar investigaciones de amenazas y crímenes contra defensores de tal manera que no quede en la impunidad. 

Demandamos a las autoridades de que cese el hostigamiento y las amenazas que enfrentan desde el 2005, los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), cuyos dirigentes se han visto obligados a salir del estado por el inminente riesgo de sufrir algún atentado a sus vidas. Las autoridades del estado en lugar de reconocer y respetar el trabajo de los miembros de la OPIM como defensores y defensoras de derechos humanos se han obstinado en descalificar su trabajo, creando un ambiente de permisividad que alienta y legitima la agresión por parte de los diferentes agentes del Estado. 

A pesar de que existen las denuncias ante los órganos de procuración de justicia desde el 2003 hasta la fecha no existe un sólo responsable que haya sido procesado y castigado por sus actos que atentan contra el trabajo de los defensores y defensoras. Por el contrario, son los defensores y defensoras los que son investigados y hostigados por corporaciones policiacas  y agentes del Estado vestidos de civil que de manera sistemática los siguen, lo hostigan y les impiden realizar su trabajo con tranquilidad. Las autoridades municipales y estatales han puesto en entredicho el trabajo legal y legítimo de los defensores y defensoras y los ha dejado en un estado de indefensión porque son catalogados como actores incómodos que generan conflictos por ejercer sus derechos. 

 Las mujeres defensoras de derechos humanos como Obtilia Eugenio Manuel, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, son un gran ejemplo de tenacidad, valor y compromiso, que a pesar de sufrir las agresiones del Estado han sabido levantar la voz, denunciar y desnudar todas las tropelías de un gobierno que se ha negado a respetar la vida y la integridad física e las mujeres indígenas que a pesar de vivir en condiciones infrahumanas siguen contribuyendo a la causa de los derechos humanos.

 Demandamos la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio, preso de conciencia, quien es víctima de la fabricación de un delito y que ha pagado por más de un año una pena impuesta por un gobierno racista que castiga la pobreza y criminaliza a los defensores de derechos humanos.

 Demandamos la derogación de los tipos penales que criminalizan la protesta social y desarrollar actividades de capacitación de miembros de la Procuraduría y del Poder Judicial para una mejor aplicación de las normas penales y procesales penales frente a casos de protesta social. 

Demandamos la creación de un programa estatal de protección de defensores siguiendo los lineamientos establecidos por el informe elaborado por la Comisión Interamericana sobre Defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, del año 2006.

 Demandamos que en todos los procesos de reforma o implementación de políticas públicas relacionadas con la impartición y procuración de justicia, se tenga en cuenta la realidad pluricultural del estado y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas en el estado. 

Demandamos la desmilitarización del estado teniendo en cuenta que las fuerzas armadas tienen como función fundamental velar por la seguridad externa del país y no la seguridad interna.  

Organizaciones firmantes: