INICIATIVA

Fue sugerencia del alto comisionado de las ONU al gobernador Sabines: Soberano.

"Acechanza", riesgo vs. el quehacer periodístico

"No sé cómo el Estado pretende morderse la lengua"

CUARTO PODER, 11 de septiembre del 2009

Hermes Chávez

http://noticias.cuarto-poder.com.mx/

Hermes Chávez * CP. Más allá de una mera iniciativa para modificar un artículo del Código Penal para el Estado de Chiapas, la "acechanza" es una realidad actual que contrapone el espíritu de democracia, violenta derechos humanos fundamentales como el acceso a la intimidad y a la libertad de expresión, con la intención de acallar voces con resultados nefastos y devastadores para las víctimas de la represión oficial.

Desde las oscuras entrañas de los cuerpos militares y policíacos de los tres niveles de gobierno, surge el espionaje, el acoso y el hostigamiento a líderes sociales, políticos, religiosos, comunicadores e, incluso, se extiende a la sociedad misma al caer accidentalmente en manos de policías o al ser parte de la venganza y el deseo desmedido del poder.

A lo largo de la historia de Chiapas se han registrado intimidaciones, destierros, encarcelamientos y hasta asesinatos que tuvieron su punto más álgido durante el gobierno dictatorial de Pablo Salazar Mendiguchía, quien utilizó como su inquisidor personal al temible ex procurador y ex fiscal general del estado Mariano Herrán Salvatti, actualmente preso en Nayarit.

A finales de agosto de este año, el gobernador Juan Sabines Guerrero envió una iniciativa de decreto para la adición del delito de "acechanza" al Artículo 222 bis, cuyo objetivo sería" dar certeza a los ciudadanos chiapanecos de que sus derechos humanos están protegidos, cuando se causen agravios a los ciudadanos y en particular a los defensores que en un momento determinado se les espíe, siga, persiga, observe a escondidas o deliberadamente, bajo un patrón de conducta persistente, de manera directa en su residencia; lugar de trabajo; medios electrónicos o cualquier otro medio escrito a ésta, causando intranquilidad en el acechado o a su familia, sin importar el motivo que lo induzca".

Esa definición de inmediato causó una alerta entre el medio periodístico tomando en cuenta que la interpretación de la figura delictiva corre a cargo de funcionarios del mismo Estado encargados de procurar y administrar la justicia, y que a lo largo del tiempo han servido a los fines perversos de gobiernos represores. Días después, Ana Elisa Coello, presidenta de la LXIII Legislatura chiapaneca, anunció que la iniciativa de Juan Sabines Guerrero era rechazada, pero el asunto no concluye ahí. El mandatario estatal anunció que se realizarían foros para analizar el tema y, según el resultado, podría ser reenviada al Congreso estatal o ser rechazada.

Cabe mencionar que Ignacio Soberano Velasco, fiscal especializado en Delitos contra Periodistas, reconoció que esa medida tal como fue considerada a primera vista, podría ser un riesgo contra el ejercicio periodístico; sin embargo, puntualizó que la iniciativa fue sugerencia del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas al gobernador Sabines.

Isaín Mandujano Camacho, Diego Cadenas Gordillo, Librado de la Torre y Florencio Madariaga, figuras inmersas en el periodismo, defensa de derechos humanos y víctimas de la represión oficial opinan desde sus perspectivas y experiencias particulares.

Mandujano, con una trayectoria de 15 años en diversos medios de comunicación, 11 de éstos como corresponsal de la Revista Proceso, autodefinido como activista y promotor de la libertad de prensa y expresión en Chiapas opina:

"La creación de esa nueva figura delictiva (acechanza) tiene dos vistas; en primer lugar aparenta proteger a ciudadanos que sean acosados, pero no olvidemos que la mayoría de las persecuciones provienen de las fuerzas policíacas que realizan agentes estatales o federales."

Agrega que los principales espías o "acechadores" provienen de los servicios de inteligencia militar o el Gobierno Federal (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, o Cisen, PGR y otras), las áreas de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta última donde según fuentes policiales se encuentra el principal centro de intervención telefónica.

Ellos, los organismos de espionajes, apunta Mandujano, son los encargados de recopilar información y los primeros que recurren a acechar u hostigar, en el mejor de los casos, a distintos actores públicos.

"No sé cómo el Estado pretende morderse la lengua". Esta medida chocante e incongruente señala que mientras las autoridades ahora pueden meterse a cualquier domicilio sin una orden de cateo, pueden criminalizar también a aquel reportero que esté filmando un acto de soborno de un agente policíaco, por citar un ejemplo, y si el periodista es sorprendido fácilmente se va a la cárcel.

Pero uno de los puntos más graves es que el intento de modificación al Código Penal se conoció por una extraña filtración a los medios de comunicación, ya que en caso contrario habría sido aprobada y conocida sólo hasta su publicación oficial, expresa el periodista.

Recordó la aprobación de la Ley Mordaza enviada por Salazar Mendiguchía, que elevaba al rango penal el delito de difamación y que fue aprobada en febrero de 2004 por unanimidad dentro de un paquete de reformas. "Cuando venimos a ver ya estaba aprobada. De haberlo sabido se hubiera hecho un movimiento para detenerla."

"Es terrible que finalmente la amenaza de crear medidas de represión a la libertad de expresión puedan estar y han estado... Siempre va a existir la intención de pretender controlar de la manera que sea posible a los medios y periodistas. La situación no es tan halagadora."

Otro punto ya olvidado, explica Mandujano, es la aprobación de la ley que crea otra figura cuestionable: la incitación a la violencia, también interpretativa y que pudiera ser utilizada como arma represiva. En su momento no hubo reacciones y la prensa crítica se mostró pasiva, puntualizó. En conclusión, el comunicador expone que la legislación chiapaneca debe ser clara y transparente, y no como actualmente se aprueban leyes a escondidas de la sociedad ante la posibilidad de que un error voluntario o involuntario acarree consecuencias nefastas a la sociedad.

Por su parte, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quien ha sido perseguido por sujetos desconocidos a bordo de vehículos no identificados, resume que más allá de la creación de leyes para encarcelar a los acechadores, el Estado mexicano y el Gobierno de Chiapas deben eliminar esas prácticas que surgen de los mismos aparatos gubernamentales. Sin embargo, recordó que en otros países existen leyes que incluyen delitos similares a la acechanza propuesta por el Ejecutivo Estatal, y sugiere en todo caso hacer un análisis de derecho comparativo.

En México, agregó Cadenas, la defensa a los derechos humanos tiene muchos obstáculos legales, pero los gobiernos no han acabado de entender que el Estado de Derecho respetuoso de las garantías cumple cabalmente con los principios de la democracia. "Los organismos defensores de los derechos humanos recordamos al gobierno su compromiso con los tratados internacionales... y mientas existan gobiernos que no lo entiendan van a continuar las violaciones a los derechos humanos", enfatizó. Estos tratados y compromisos del gobierno mexicano y aplicable a los estados son: Declaración universal sobre los derechos humanos; Conjunto de principios para la protección de todas las personas bajo cualquier forma de detención o prisión; Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; Comisión Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Protocolo de Estambul, entre muchos otros.

Frente a la inocultable realidad de persecución, tortura y devastación, surgen dos personajes de la vida social en Chiapas que en carne propia cedieron, aún con el espíritu en alto, al acoso y literal acecho de un gobierno represor: Librado de la Torre González y Florencio Madariaga Granados.

Ambos fueron perseguidos por Pablo Salazar Mendiguchía con derroche de saña, fabricándoles delitos que según los veredictos finales, nunca cometieron. Entre éstos el peculado.

De la Torre y Madariaga, además de tener en común ser blancos de una venganza política por haber sido funcionarios del gobierno del ex mandatario chiapaneco Roberto Albores Guillén, decidieron entregarse cuando fueron tocados en el punto más sensible de todo ser humano: su familia.

El 26 de setiembre de 2007, en punto de las 19:30 horas, José Librado de la Torre González, ex secretario de Agricultura y Ganadería de la administración alborista salió libre del Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa tras ser recluido por más de cinco años.

De la Torre purgaba una condena por presunto delito de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, pero por falta de elementos no se le pudo fincar culpabilidad alguna. Pero, ¿quién le devuelve a uno seis años de su vida?

Lo que actuamos de buena fe es valedero, si lo que se pretende es positivo. Pero si es hacer daño no debe permitirse, expresa en respuesta a la necesidad o no de crear una ley para castigar la acechanza.

Con el buen ánimo que lo caracteriza y que no pudo robarle los seis años de encierro, Librado de la Torre recuerda los dolorosos momentos en que fue perseguido. "Estaban en Monterrey", pero el aviso llegó punzante: sus hijos eran, literalmente, acechados por los esbirros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado bajo las órdenes de Herrán Salvatti.

Así, en unas cuantas horas un gobierno represor puede destruir muchas vidas. Hasta hoy, De la Torre no se ha recuperado económicamente (el espíritu sigue firme) del desvastador golpe asestado. No tiene crédito, no siembra, no hay el recurso de los casi seis años de cárcel. No sólo estuvo gastando más de lo normal ante un amparo que generalmente cuesta 20 mil pesos a los, 200 mil que debía desembolsar, porque los abogados temían a Pablo y sólo se arriesgaban con excesivos recursos.

Mientras, perversamente el patrimonio familiar fue saqueado. Su rancho productor de papayas fue secuestrado por la PGJE, "lo destruyeron todo, se llevaron todo", recuerda el ex funcionario. "Inventaron delitos con la complacencia de jueces, del Procurador... vale poco el prestigio de uno, la intención es destruir su nombre, su dignidad."

Aún no recupera su rancho, pero confía en la buena fe del gobernador Sabines para que se lo regresen, finalmente nunca hubo delito.

"Cuando a uno lo detienen es como si lo subieran a un vagón en movimiento. Primero se tienen que acostumbrar a caminar en ese vehículo. Segundo, saber que nada más hay un baño y un excusado y sólo la comida en el vagón.

La gente con la que convive uno será por mucho tiempo. Unos suben y otros bajan. Conforme pasa el tiempo el vagón va a mayor velocidad. Imagínate a los seis años a qué velocidad, y de repente te sueltan, te tiran del tren, la distancia es inmensa. Y ya no tienes nada, familiares han muerto, tus bienes están destruidos, y no se vale únicamente el perdón."

Reitera: ¿quién le devuelve a uno seis años de vida?

"Juan Sabines (Guerrero) es buen hombre, de buena fe. Traté muchísimo a don Juan (Sabines Gutiérrez) y este hombre es bastante similar a su padre, quiere trascender", por eso es necesario disolver las dudas para que no haya malinterpretaciones en la adición al Código Penal del delito de acechanza.