Pide Congreso de la Unión, la cancelación inmediata de ordenes de aprehensión de luchadores ambientales de Chicomuselo
Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 17 Sep.- El cese inmediato de las acciones de hostigamiento, y la cancelación rápida de las órdenes de aprehensión giradas en contra de luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras en Chiapas, pidió la Comisión permanente del Congreso de la Unión al titular del Poder Ejecutivo Federal.

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión”, dice el punto de acuerdo de la cámara.

En el dictamen aprobado el pasado 19 de agosto del presente año, la Cámara de Diputados solicita a las distintas autoridades, cancelar actas circunstanciadas, averiguación previa o proceso penal instruido en contra de: Mariano Abarca Roblero, Álvaro Aguilar Sánchez, Bulmaro Ramírez González, Franselia Ventura Gordillo y Aracely Ruiz Aguilar, luchadores ambientales de la Mina de Barita del ejido Grecia del municipio de Chicomuselo.

El pasado 5 de agosto, los diputados federales del PRD, José Jacques y Medina, Armando Barreiro Pérez, y José Antonio Almazán González, expusieron ante la LX legislatura el fuerte impacto que la explotación minera a cielo abierto está teniendo en poblados y comunidades en la región de la Sierra de Chiapas.

“Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, principalmente a través de sus secretarias de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, revise y modifique su actual política pública de fomento a la actividad minera, especialmente a través de grandes explotaciones a cielo abierto, que están causando enormes costos sociales y ambientales en las comunidades afectadas por la actividad”, dijo el legislador José Jacques y Medina, también integrante del Frente Amplio Progresista.

Impacto ambiental terrible: diputados

Los legisladores del PRD señalaron que en la zona existe una denuncia generalizada por parte de los pobladores de las comunidades afectadas por la minería, que se encuentran verdaderamente indefensos ante las circunstancias en que se presenta la actividad minera.

“Los pobladores son avasallados por los poderosos intereses económicos que representan las empresas mineras”, dijo Jacques y Medina.

El diputado Armando Barreiro, señaló que las empresas mineras en su mayoría de capital extranjero, principalmente canadiense, “están causando graves impactos sociales y ambientales no solo en territorio chiapaneco, sino también en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas”.

Los pobladores, indicó el diputado Jacques y Medina, “tienen el reclamo de que las empresas cuentan con todo el apoyo de las autoridades de gobierno, principalmente federales y estatales, y en muchos casos de las municipales; incluso, cuando han existido protestas para detener las explotaciones mineras, en diversos casos ha sido utilizada la fuerza pública en contra de quienes protestan por la explotación de las mineras”.

Los diputados del PRD explicaron que en los últimos dos sexenios, la Secretaría de Economía ha entregado títulos de concesiones mineras por todo el país, considerando que la Ley Minera promulgada en 1992, no prevé como requisito legal que se realicen consultas públicas previas al otorgamiento de concesiones.

Por ello, las comunidades son las últimas en enterarse de un proyecto minero en su territorio, además de que disponen de información limitada sobre los impactos previstos de las operaciones mineras en su salud, sus tierras y en general en su entorno.

Los diputados en el foro contra la minería.

El pasado 22 y 23 de julio del 2009, los diputados federales del PRD, José Jacques y Medina, Armando Barreiro Pérez, y José Antonio Almazán González, asistieron al foro: “La Minería de tajo a cielo abierto, sus impactos en la sociedad, el medio ambiente, la ecología, y los recursos naturales. La Tarea legislativa”, donde recogieron innumerables testimonios de representantes comunitarios relativos al impacto socioambiental que causa la conducta ilícita de la industria minera.

De acuerdo a los diputados, las transnacionales mineras no solo violan las leyes ambientes en complicidad con los tres órdenes de gobierno, sino que también atenta contra la soberanía nacional.