OBSERVATORIO CIUDADANO

Ante la negligente actuación que, en agosto pasado, tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenando liberar a 20 personas señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal, este Centro de Derechos Humanos declara que una vez más el sistema de justicia en México es ineficaz y cómplice para dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados como parte de la estrategia contrainsurgente en Chiapas.

En ese sentido este Centro considera que una de las máximas instancias de Justicia en México, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha perdido legitimidad ante las expectativas de la ciudadanía para impartir justicia en casos emblemáticos que han lastimado la memoria colectiva cuando se han violado derechos humanos de pueblos indígenas, organizaciones campesinas, de sectores urbanos en resistencia y de mujeres en este país.

Sin embargo, los Ministros de la Corte nuevamente tienen en sus manos la posibilidad de contribuir a la justicia y reconocimiento de la verdad o ser parte de los actores que contribuyen a remarcar actos de impunidad. Este Centro, ha recibido información que apunta a que los Ministros de la Primera Sala de la SCJN deliberarán a favor de la liberación de 31 personas que fueron sentenciadas por jueces federales como autores materiales de la Masacre de Acteal, mismos que han sido identificados por las víctimas y sobrevivientes.

Ante esa situación manifestamos nuestro exhorto a los Ministros de la SCJN para qué consideren y reflexionen la dimensión de las implicaciones de una decisión que tomarán al juzgar la forma de los procedimientos judiciales pero no el fondo de los crímenes cometidos en la comunidad de Acteal aquel 22 de diciembre de 1997. Tenemos el precedente de la decisión que tomaron el pasado 12 de agosto donde resolvieron poner en libertad a 20 de los sentenciados que también participaron en dicha masacre, otorgándoles amparo liso y llano, lo que significa un evento más de denegación de justicia en este crimen de lesa humanidad.

Cabe recordar al respecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares (Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo de 1998, párrafo 173).

Por ello, las resoluciones de la SCJN del 12 de agosto pasado, ponen en evidencia de manera contundente, que el Estado Mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas y sobrevivientes, dejando de observar el derecho a la verdad, justicia, reparación del daño, y medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables, materiales e intelectuales y evitar la impunidad.

De manera particular nos preocupa que la justicia ejercida desde los Tribunales omita valorar los testimonios de personas violentadas directamente además de hechos contundentes como el de la situación en que viven actualmente las personas desplazadas en el campamento de Acteal quienes además padecen la presencia del Ejército Mexicano que contribuye al rompimiento del tejido social.

Este Centro seguirá acudiendo a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de acompañar el proceso y caminos de justicia que los pueblos de Chiapas opten como medida de no repetición y reparación de daño en el contexto de memoria histórica.