De reversa y a la derecha:

Otra mirada sobre los derechos de las mujeres en Chiapas

Opinan las organizaciones sociales sobre “Ley de Paternidad responsable”

Roberto Colín

Siguiendo la tendencia que la derecha ha impuesto en el país respecto a la defensa de la vida desde el momento de la fecundación, Chiapas se convirtió el pasado mes de diciembre en el estado número 17 en reformar su legislación estatal para incluir en la Constitución del Estado el derecho a la vida desde la concepción.

Conocida en Chiapas como la Ley de Paternidad Responsable, ésta comprende la adición de un párrafo al artículo 4º de la Constitución local, así como reformas al Código Civil, Código Penal y Código de Procedimientos Civiles.

Según la información disponible en la página del Congreso del Estado, la iniciativa de reforma constitucional “fue presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Mauricio Mendoza Castañeda del PRI, acompañado por presidente y vicepresidente de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, Ana Elisa López Coello del PAN y Mario Casimiro Vega Román del PRD”, el 8 de diciembre y aprobada el 18 de diciembre.

El comunicado oficial dice que “Las comisiones que presentaron las iniciativas, reconocen que la reforma a favor de la vida y de la mujer responden a un claro sentimiento de la mayoría de la sociedad chiapaneca que si bien dan por hecho que la vida es el más importante de los derechos a defender, éste debe de ir acompañado de mayores garantías y protección a quienes son precisamente la fuente generadora de vida, que es la mujer, dijo el diputado priísta Mauricio Mendoza Castañeda”.

Y aunque los contenidos de las reformas nunca se hicieron públicos durante la sesión extraordinaria en que se aprobaron, el mismo comunicado señala que “En el pleno del Congreso, se dejó en claro que las reformas reconocen y están apegadas a tratados y acuerdos internacionales que consagran derechos de la mujer y de los no nacidos, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Pacto de San José.”

Siguiendo la versión oficial, las reformas al Código Penal sustituyen la pena de cárcel por atención médica integral para las mujeres que incurrieron en el delito de aborto, mientras que el Código Civil del Estado, establece apoyos para la mujer embarazada fuera del matrimonio, pudiendo solicitar al juez civil, de lo familiar o de jurisdicción mixta una medida de pago cautelar hasta del 50 por ciento, para sufragar los gastos de embarazo y parto, a quien presumiblemente sea el padre.

Publicitada por el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado como “vanguardista, única en el país, enfocada a respetar los derechos de la mujer y la vida”, y utilizada incluso para liberar a dos mujeres que presuntamente estaban encarceladas por abortar, esta ley ha sido rechazada por diversas organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres.

Es el caso de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, el Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C.; tres de las muchas organizaciones que también denunciaron públicamente la falta de consulta de parte de los diputados a las mujeres, la población más afectada por estas decisiones unilaterales.

Entrevistadas para Código Sur, esto son los argumentos que esgrimen las activistas por los derechos de las mujeres.

La Ley de Paternidad Responsable es una trampa y una contradicción: Nahela Becerril Albarrán

Integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Nahela Becerril Albarrán considera que la modificación al artículo 4o de la Constitución para proteger la vida desde la fecundación, es un retroceso para los derechos humanos conquistados por las mujeres, pues se antepone el derecho de una célula, aún sin la certeza de que se convertirá en ser vivo, a los derechos de las mujeres que son personas con todos los derechos reconocidos jurídicamente, incluyendo el derecho a la libertad que le permite decidir sobre su cuerpo.

Con estas decisiones dice la socióloga, experta en temas de género “los derechos humanos de las mujeres a la libertad, la salud y la vida, quedan en el aire; no tienen efecto porque sí toman la decisión de abortar, se convierten en delincuentes y aunque no vayan a la cárcel, siguen siendo acusadas, y según el gobierno les otorga como “concesión” la libertad, sólo si aceptan someterse a un tratamiento psicológico, es decir son tratadas como locas o delincuentes que deben “reformarse”, lo que en esencia significa negarles sus derechos”.

¿A estas alturas a qué se atribuyen estas disposiciones en el país?, se le cuestiona.

Evidentemente es una acción concertada entre Iglesia y sectores más retrogradas de la sociedad respaldados por el gobierno federal, responde. “Estos cambios hacen retroceder al país al siglo XIX cuando el Estado estaba sometido a los mandatos de la Iglesia y las mujeres vivían recluidas en su casa. Todo avance de la ciencia y los cambios en la familia y la sociedad es considerado por la Iglesia como una amenaza a sus valores religiosos. Estas modificaciones a las constituciones en 18 entidades tienen el propósito de cambiar la Constitución Federal. Por otro lado, es una forma de ocultar los escándalos de los curas pederastas, violadores de niños, los cuales han sido protegidos por la jerarquía de la Iglesia católica”.

¿Es válido que por una parte se hable de empoderamiento y por otra parte se impulse este tipo de leyes?

Claro que no es válido porque es un doble discurso, por un lado se promueven leyes a favor de los derechos de las mujeres y por otro, se anulan esos derechos con otras, dice la entrevistada. Esta ley de “Paternidad responsable” representa una trampa y una contradicción con el marco jurídico vigente en Chiapas, ya que obedece a una postura religiosa, anti-científica promovida desde el poder de la Iglesia apoyada por los grupos de ultraderecha y en respuesta a la Ley en el Distrito Federal que garantiza el aborto a las mujeres hasta las 12 semanas de gestación, sin penalizar a las mujeres, que por circunstancias diversas deciden tomar esta difícil decisión. Me parece que los diputados y diputadas (PAN, PRI Y PRD) que han aprobado estas reformas son ignorantes y definitivamente no representan los intereses de las mujeres, ni siquiera conocen el marco jurídico reconocido internacionalmente, afirma Nahela Becerril.

No se respetan los derechos de las mujeres: CEPAZ

Esta normatividad que se está aprobando en diversos estados del país no respeta los derechos humanos de las mujeres, afirma categórica Alma Rosa Rojas Zamora, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. “porque si partimos del hecho que las mujeres somos en principio personas sujetas de derechos, con estas reformas se está negando nuestro derecho a la libertad, a decidir sobre nuestras vidas y nuestro cuerpo, nuestros derechos sexuales y reproductivos, a la integridad física y mental, a la diversidad. Está en juego también la libertad de creencia y de conciencia”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros instrumentos internacionales, explica la integrante de CEPAZ, “establecen el reconocimiento y la protección a estos derechos en el cumplimiento del ideal del ser humano libre. Esta ley contradice el artículo 3º de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, que se refiere a la obligación que adquieren los Estados Parte a tomar todas las medidas, incluyendo las legislativas, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, garantizando el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

En su opinión ¿cuál debió ser el procedimiento adecuado antes de que se legislara en esta materia?

Se debió considerar el proceso que se dio en la Ciudad de México, donde se abrió a debate el tema, escuchando la fundamentación de las diferentes posturas. Este ha significado un logro histórico y ejemplar en la construcción de la democracia. Aquí el procedimiento es muy cuestionable, debido a que careció de un análisis profundo, ético, científico, profesional, interdisciplinario, y fundamentalmente alejado del principio de laicidad.

¿Es adecuada esta ley en una entidad donde las estadísticas de muerte materna son tan altas?

Por supuesto que no. En Chiapas es muy cuestionable la forma en que se trata de solventar esta problemática: la atención del parto, el posparto, y particularmente en urgencias obstétricas, existen muchas carencias en el sistema de salud. Muchas mujeres no ejercen su derecho a la salud, no tienen acceso a una atención médica y servicios apropiados. Esta ley lo que hace es agravar la problemática, ya que está comprobado que el hecho de que se legisle para proteger la vida desde la concepción, no disminuye la practica de abortos. Al practicarse de manera clandestina pone en riesgo la vida de muchas mujeres principalmente pobres, porque son las que no cuentan con los recursos necesarios para pagar servicios ilegales pero seguros, o acudir a clínicas en la Ciudad de México o a otros países donde es permitido, esto la convierte en una ley discriminatoria.

Las mujeres quedamos como objetos donde se realiza la concepción y/o fecundación: Martha Figueroa Mier

Código Sur también entrevistó a la abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, quien accedió a dar su punto de vista.

¿En qué situación quedan los derechos de las mujeres?

Quedan pauperizados respecto de dos células fecundadas; quedamos en calidad de objeto en donde se realiza la “concepción y/o fecundación”. En estado de indefensión, pues no tenemos ningún derecho; al no ser sujetas de derechos, o hay una (ilegal) preponderancia de derechos entre un cigoto (que a lo mas es bien jurídico) sobre los derechos ya obtenidos de las mujeres poniéndose en riesgo la vida, la salud y la libertad de las mujeres

¿Podemos seguir hablando del empoderamiento que pregona el discurso oficial?

De ninguna manera ¿Qué poder tenemos si no existe el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ni sobre si podemos o queremos continuar un embarazo, que aún en los casos legales sigue practicándose en forma clandestina porque falta un reglamento y mecanismos que lo realicen? No hay respuestas concretas a problemas más graves como el feminicidio, la alerta de género y de pronto, sin una propuesta visible (mas allá del obvio complot del Vaticano y la derecha en México) para dedicar tiempo, dinero, esfuerzos, decretos, iniciativas, publicidad, etc. para sostener una iniciativa por demás absurda e innecesaria en Chiapas.

¿Qué acciones realiza el movimiento de mujeres?

Las políticas jurídicas que tienen fundamento y motivo dentro del marco legal que va desde los tratados internacionales hasta códigos locales pasando por la Constitución federal y estatal, Ley y Reglamento del Congreso y Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Presentamos solicitudes de acciones de inconstitucionalidad y controversias; otras de control legislativo ante la CNDH y las instancias locales de la CDH y la Procuraduría General de Justicia del Estado y en su caso con los municipios.

Denunciamos y difundimos este doble agravio a las mujeres en Chiapas, que implica incluso una burla, pues esta ley además de perjudicar gravemente el derecho a la vida, a la libertad y salud de las mujeres, insulta y violenta nuestra dignidad pues es presentada como “beneficio” cuando es todo lo contrario.

De igual manera observamos el proceso legislativo plagado de ilegalidades y absurdos como “publicar” la reforma con fecha anterior a la señalada en el Periódico Oficial.

¿Qué sigue ahora para las mujeres organizadas?

Continuar el proceso jurídico político hasta agotar formalmente dichas instancias para continuar con los amparos individuales de las mujeres que nos sentimos agraviadas y requerimos la protección a nuestras garantías por parte de la federación, todo ello documentando, fundamentando y motivando con las normas citadas a modo de si el Estado Mexicano y Chiapaneco insisten en conculcar nuestros derechos , acudiremos con otras organizaciones y redes en Chiapas y en los otros estados, principalmente en los restantes 16 en donde son vigentes estas reformas, a los mecanismos e instancias internacionales del sistema Universal e Interamericano.

Estamos estableciendo alianzas con otras redes, organizaciones de la sociedad civil y grupos contra este tipo de reformas y en defensa del estado laico, sumándonos a otras propuestas. Además de los amparos se hará una denuncia formal ante partidos y otras instancias de quienes no cumplen sus promesas de campaña, no acatan compromisos y principios de sus propios institutos políticos, a través de las cuales han obtenido un puesto de representación popular.

Esta historia todavía dará mucho de qué hablar…continuaremos documentando.