San Cristóbal de las Casas, Chiapas, febrero 4, 2010

Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de México

Residencia Oficial de los Pinos - Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec 11850, Distrito Federal México

Lic. Juan José Sabines Guerrero

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de gobierno, 1er Piso, C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MEXICO.

Lic. Raúl Placencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Periférico Sur 3469, Col. - San Jerónimo Lídice, 10200, Deleg. Magdalena Contreras, Mexico D.F. C.P. 10200

PRESENTES

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

CARTA – COMUNICADO

NUEVOS DESALOJOS EN MONTES AZULES: DESPEJE TERRITORIAL Y DESPOJO SOCIAL PARA BENEFICIO Y LUCRO MULTINACIONAL

1.- Los días 21 y 22 de enero de 2010, se realizaron dos operativos de desalojo de las comunidades indígenas tseltales Laguna El Suspiro ó El Semental y Laguna San Pedro o San Pedro Guanil (esta última Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional - BAEZLN), ambas en la Reserva de Biósfera de Montes Azules, dentro del municipio de Ocosingo. De acuerdo a fuentes gubernamentales, el operativo se dio en acción coordinada entre elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJECh), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), así como con la presencia de “representantes de Derechos Humanos del estado” (¿¿??).

2.- Según los testimonios de las familias desalojadas de la comunidad Laguna El Suspiro (llamada por el gobierno como “El Semental”), el día jueves 21 de enero de 2010 aterrizaron en su comunidad varios helicópteros, de los que bajaron unos 60 elementos policíacos, vestidos unos con uniformes de color negro y otros camuflajeados. Según estos mismos testimonios, los policías sacaron de su casa de manera violenta a las Sras. María Cortes Pérez y Magdalena García Cortes, concentrándolas en el centro de la población para después subirlas forzosamente a un helicóptero y trasladarlas a la cabecera municipal de Palenque. El desalojo se realizó sin previo aviso, sin mostrarles ningún documento oficial, ni orden judicial, sin ninguna explicación y sin permitirles llevar consigo pertenencia alguna.

3.- El día siguiente, viernes 22 de enero de 2010, alrededor de las 10 de la mañana bajaron 4 helicópteros a la comunidad Laguna San Pedro Guanil (llamada por el gobierno como “El Innominado”) integrada por BAEZLN. Según los testimonios, la comunidad fue rodeada por un numeroso contingente de elementos policíacos fuertemente armados, quienes de forma intimidatoria les gritaron a los indígenas pobladores, que el operativo era por una orden federal, llevándose violentamente a jalones hasta el helicóptero a 12 personas, entre niños, niñas, mujeres y hombres. Las familias desplazadas refieren que fueron trasladadas a la ciudad de Palenque, en donde algunos de ellos fueron llevados ante el Sr. Marcos Minor Flores, Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, para ser interrogadas, sin apoyo de ningún abogado defensor y menos de un traductor. Según testimonio de una de las personas desalojadas, al ser interrogada le exigían de forma intimidatoria que respondiera ¿donde tenía la tierrita con siembra de droga?. Al término de la diligencia les hicieron firmar un documento sin conocer el contenido del escrito.

4.-. Después de todo esto, las familias indígenas desalojadas fueron trasladadas al albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF regional) de Palenque, sin que hasta el momento se les haya dado una alternativa de reubicación. Testigos de la región han informado que, luego de los desalojos, todas las casas y pertenencias en dichos poblados fueron quemadas.

5.- Posteriormente, el día 26 de enero de 2010, en conferencia de prensa, el secretario general de gobierno, apoyado por autoridades ambientales estatales y federales, textualmente dijo –entre otras cosas-:

“…El gobernador Sabines de manera específica ha impulsado para la región Selva de Chiapas, el programa de reconversión productiva para evitar que se siga talando la Selva Lacandona , se han puesto programas específicamente el cultivo de la palma africana que está dando excelentes resultados (¡¡¡!!), no sólo por mejorar la situación económica, de quienes lo cultivan sino serán utilizados en el transporte con excelentes beneficios para evitar la contaminación.

“…Uno de los factores que inciden de manera importante en la depredación de la Reserva ecológica de la Selva es la presencia de grupos humanos que están asentados o estaban asentados y algunos lo están, en la Reserva , de esto porque está aprobado y tratándose de esta Reserva natural, el hombre cuando no tiene plena conciencia de la conservación de la naturaleza se convierte en depredador más feroz de esta Reserva.”(¿¿???)

“A este respecto, es importante señalar que al inicio de este gobierno, a inicio del gobierno del licenciado Juan Sabines Guerrero, existían en la reserva 43 grupos irregulares asentados desde el 2003 a la fecha, que de ahí se ha iniciado en conjunto con el gobierno federal una labor permanente de diálogo, de concertación, de convencimiento (¿¿??) con estos grupos para hacerles notar que comprendan que es imposible de que puedan habitar la Reserva , no por una decisión arbitraria de gobierno sino que esto obedece a una necesidad natural y a cumplimiento de convenios nacionales (¿¿???) firmados por México para conservar estos pulmones mundiales como el que orgullosamente posee Chiapas que es la Selva Lacandona.”

“…Dentro de este accionar, se ha logrado base de diálogo, insisto, a base de concertación, que impulsa todos los días Sabines Guerrero, que el de 43 grupos que estaban asentados en la Reserva , 32 hayan aceptado abandonar su permanencia en la Reserva y trasladarse a otras regiones geográficas del estado,lo han hecho de manera voluntaria, de manera consensada y recibiendo la atención del gobierno federal y del gobierno estatal. De estos 43 grupos que repito, existían, insisto en que 32 han salido voluntariamente, sólo 4 han sido necesario establecer procedimiento de desalojo, cuando realmente se ha agotado el diálogo, cuando realmente ha sido imposible concertar con ellos un retiro voluntario de su permanencia en la Selva.”

“No obstante ello, en los cuatro procedimientos de desalojo, se ha tenido un cuidado exhaustivo para no violar garantías individuales, para no violar a la gente sus derechos humanos (¡¡¡!!), esos procedimientos de desalojo son de carácter federal, en ellos el gobierno del estado de Chiapas es coadyuvante en su realización apegados de manera puntual de esos procedimientos de ajuste a una reciente Ley que el gobernador Sabines promovió ante el Congreso que se ha convertido en un protocolo exhaustivo y cuidadoso para llevar a cabo desalojos en el estado de Chiapas . . .”

5.- Finalmente, el secretario de gobierno de Chiapas informó en la citada conferencia, que los gobiernos federal y estatal impulsan actualmente un esquema de circuitos turísticos de la ruta maya que incluirá sitios certificados como turismo de naturaleza para una estrategia de desarrollo y conservación de la Selva Lacandona , para luego rematar:

“. . . reiteramos la invitación a los siete grupos irregules que aún permanecen en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules a que acepten el dialogo, a que sigamos trabajando en la conservación para que se reubiquen en un lugar distinto, en un lugar a donde no dañen a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, creemos que con esto, una acción concertada, una acción de conservación del a Selva, vamos a caminar cada vez más por el bien de Chiapas, por el bien de México y por el bien del mundo en materia ecológica.”[1]

6.- Es claro y ha sido jurídicamente documentado por compañeras y compañeros defensores de derechos humanos, que desalojos violentos como el que se acaba de operar contra familias indígenas de las comunidades citadas (El Suspiro y San Pedro) –más allá del discurso oficial- son claramente violatorias a derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, como son, entre otros, los derechos a: la Libertad personal; a la Integridad personal; a la Seguridad personal; a la Tierra y al Territorio; el derecho a la Consulta y a no ser Desalojados; y a la Vivienda y a la Salud ; derechos contenidos todos ellos en Convenios Internacionales de carácter vinculante, firmados y ratificados por el gobierno y el Senado de México (Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Convenio 169 de la OIT ; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Particularmente grave es el caso de los niños y niñas desalojados violentamente, a quienes con este acto, el Estado Mexicano les violó sus derechos a la vida, a la supervivencia; al desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.; a la protección y asistencia especiales; y a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, todos ellos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

7.- Por todo lo anterior, resulta totalmente falso que, tanto los desalojos violentos como éstos, como las reubicaciones forzosas ejercidas en la mayoría de los casi 40 efectuados con anterioridad, por las administraciones actuales y las anteriores, y que se enmarcan en una política de reordenamiento y de despeje territorial emprendido en toda la Selva Lacandona , pero particularmente en la zona de Montes Azules, sean respetuosos de los derechos humanos; por el contrario, escudándose demagógicamente en ellos, el Estado mexicano promueve así el despojo social y la incertidumbre jurídica, destruyendo la posibilidad de las comunidades y familias indígenas afectadas, a poder forjarse un proyecto de vida digna y sustentable. Ejemplo cruento y paradigmático de esta política llevada a le extremo, lo fue la acción de corte paramilitar orquestada en contra del poblado Viejo Velasco, mima que el 13 de noviembre de 2007 desembocó en una impune masacre en la que fueron asesinados y desaparecidos 8 indígenas tseltales (entre ellos una mujer embarazada y seis ancianos).

8.- Estos operativos de desalojo violento –así como todas las acciones previas de este tipo, ó las llamadas “reubicaciones” igualmente realizadas- pretender ser justificadas, tanto por el Gobierno Federal (SRA; PA; SEMARNAT; CONANP; PROFEPA) como por el gobierno de Juan Sabines, en base a un doble pretexto:

a) Un supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al calificar como invasores a todos los poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, ubicados en la llamada Zona Lacandona y en la REBIMA ; y

b) La acusación de “depredadores” de la Reserva , que se les imputa a estos mismos poblados.

9.- La acusación de despojo e invasión, parte y se fundamenta en un ilegítimo y fraudulento decreto agrario publicado el 6 de marzo de 1972, mediante el cual se “reconoce y titula” -de forma totalmente ilegal- 614 mil hectáreas de la selva a favor de únicamente 66 familias mal llamadas “Lacandonas”, habitantes entonces de 3 poblados (Lacanjá Chansayab; Nahá y Metzabok), complementadas luego en 1978, con la incorporación como “subcomuneros”, de indígenas tseltales y ch’oles que aceptaron entonces su reubicación forzosa.

10.- Por su parte, el señalamiento de “depredadores”, pretende fundamentarse en el hecho de que dichas comunidades y familias indígenas, orilladas por la necesidad de supervivencia y por la política agraria neoliberal que hoy -luego de las contrarreformas al artículo 27º.constitucional de 1992- les niega el derecho a la tierra, han tenido que asentarse dentro de la Reserva de Biosfera Montes Azules, Reserva cuyo decreto, elaborado desde un escritorio y emitido en 1978, se sobrepuso a una ya desde entonces conflictiva e injusta problemática agraria.

11.- Queremos ratificar hoy una vez más que –desde nuestro punto de vista- esta estrategia global de “despeje y control territorial”, disfrazado hábilmente bajo un filantrópico “espíritu conservacionista para beneficio de la humanidad”, (ó, como textualmente dijera el Secretario de Gobierno: “…por el bien de Chiapas, por el bien de México y por el bien del mundo en materia ecológica”) responde en realidad, a los intereses corporativos multinacionales de largo plazo, interesados ahora sí en la conservación ecológica -con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro- de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas de México y Mesoamérica: biodiversidad, cubierta forestal, agua dulce no contaminada, bellezas escénicas y minerales, todos ellos recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis; Bimbo); farmacéutico (Pharmacia; Baye; Phizer; Sanofi Adventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Co; General Motors; Shell; Federación Internacional Automotriz (FIA)); de embotelladoras (Coca Cola; Nestlé; Pepsi Cola); hoteleras y de falso “ecoturismo” (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo - AMTAVE)), así como minero (CEMEX y el propio PEMEX)), varias de las cuales llevan años con una presencia directa o indirecta en la Selva Lacandona.

12.- Esta política de “privatización conservacionista”, de “verde filantropía” y de mercantilización de la Naturaleza , impulsada por organismos multilaterales, financieros y de cooperación internacional, tales como el Banco Mundial (Corredor Biológico Mesoamericano); la Unión Europea (PRODESIS); la Agencia Internacional para el Desarrollo de EUA (AID) ("Selva Lacandona Siglo XXI Estrategia Conjunta para la Conservación de la Biodiversidad "); ha sido operativizada localmente por supuestas Organizaciones “No Gubernamentales”, de carácter trasnacional, tales como Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC) ó World Wildlife Fund (WWF); y de índole nacional, como son Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A, C, (ENDESU); Merolek, A.C: el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba); Natura y Ecosistemas Mexicanos AC; el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y PRONATURA Nacional (todos los cuales tienen a varias de las citadas corporaciones multinacionales, sea dentro de sus respectivos patronatos ó Consejos Directivos y/ó, en calidad de importantes donantes).

13.- Es en este contexto en el que, como organismo de la sociedad civil, exigimos:

v Reparación integral del daño físico, económico, material, psicológico y moral, ocasionado a las familias indígenas afectadas por el desalojo forzoso de las comunidades Laguna Suspiro o El Semental y Laguna San Pedro o San Pedro Guanil.

v Que el gobierno mexicano respete y cumpla cabalmente (y haga cumplir) con sus obligaciones establecidas en los Convenios y Convenciones Internacionales: Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Convenio 169 de la OIT ; Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención sobre los Derechos del Niño. Específicamente para este caso y de manera inmediata, que cumpla con lo establecido en el artículo 11.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativo a reconocerles y hacerles valer a las familias desalojadas, su derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

v Que el gobierno mexicano se abstenga de ejecutar nuevos actos de desalojo ó reubicación forzosa en Montes Azules, considerando, además de los preceptos jurídicos ya citados, las recomendaciones emitidas al respecto por el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas.

v Que el gobierno mexicano modifique radicalmente su política de reordenamiento territorial, reconversión productiva y regularización agraria en las regiones y territorios indígenas de Chiapas, particularmente en Montes Azules y en toda la Selva Lacandona , de tal manera que procure y garantice justicia e igualdad, frente a derechos e intereses enfrentados entre comunidades y organizaciones, procurando en todo momento el apego a la legislación internacional en materia de derechos humanos, individuales y colectivos, al mismo tiempo que como Estado Nacional, garantice la defensa de los recursos naturales de la Región Lacandona y del país, mismos que son estratégicos para la Soberanía Nacional y para el bienestar de todo el pueblo mexicano.

Atentamente

A nombre del Consejo Directivo

Miguel Angel García A. Luis Miguel Robles Gil C.

Coordinador General Coordinador de Comunicación

Ccp.- Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta - Secretario de Gobernación

Ccp.- Lic. Rafael Elvira Quezada – Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Ccp.- Dr. Ernesto Enkerlin H.- Presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP)

Ccp.- Lic. Arturo Chávez Chávez Procurador General de la República (PGR)

Ccp.- Agr. Abelardo Escobar Prieto - Secretario de la Reforma Agraria

Ccp.- Lic. Rosendo González Patiño - Procurador Agrario

Ccp.- Dr. Noé Castañón León - Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas

Ccp.- Lic. Raciel López Salazar - Procuraduría General de Justicia de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra - Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza

Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ccp.- Sr. Santiago Cantón.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Washington, EUA

C.c.p. Dra. Irene Khan-Amnistía Internacional.- Londres, Inglaterra

Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

Cc.p. Obispo Samuel Ruiz.- Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL).- México, DF

C.c.p. Junta de Buen Gobierno “Hacia la Esperanza ” - Caracol: Madre de los Caracoles del Mar de Nuestro Sueño.- La Realidad , Selva Lacandona, Chiapas

C.c.p. Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC-ID) - Ocosingo, Chis.

C.c.p. Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Histórica -Ocosingo, Chiapas

C.c.p. Congreso Nacional Indígena (CNI)

Ccp.- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.- San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Ccp.- Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada - Ocosingo, Chiapas

Ccp.- Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) – México DF y Ocosingo, Chis

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales Defensores de Derechos Humanos

Ccp.- A los medios de comunicación, nacionales e internacionales