CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

01 DE FEBRERO DEL 2010

Al gobernador del Estado

A la opinión pública

El 16 de enero del 2010, la Asamblea del ejido Bella Vista del Norte, en el municipio de Frontera Comalapa, aplicó ilegalmente, el artículo 37 de su Reglamento Interno para sancionar a Amalia Vázquez Rodríguez por haber contraído matrimonio con Reynaldo Rafael Valentín, una hombre originario del municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero.

Sanción que consiste en no permitirle al esposo de Amalia vivir en el Ejido, las autoridades ejidales argumentaron que no es a Amalia a quien sancionan sino a su esposo, acción tramposamente expuesta ya que de antemano sabemos que de esa manera se violan los derechos de Amalia a decidir con quién casarse y su derecho a tener una familia, una vida digna

Esta decisión que se basa en un artículo declarado nulo por el Tribunal Agrario del Distrito 4, implica una serie de conductas, actitudes e ideologías basadas en el machismo, la misoginia, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. En este caso es indudable la responsabilidad que le asiste a la Procuraduría Agraria, y demás autoridades competentes, permitiendo que una disposición claramente violatoria de derechos, fuera asesorada y avalada con su inclusión en el Reglamento Interno del Ejido y hasta hoy día no haya realizado acciones concretas para sensibilizar a los ejidatarios en relación al respeto a los derechos de las mujeres, a pesar de existir ya una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La sanción que la Asamblea impuso a Amalia, además de injusta, representa una clara violación a los derechos de las mujeres, a la constitución y a las demás normas jurídicas nacionales e internacionales que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres.

El señor Eduardo Pérez Roblero, presidente del Comisariado Ejidal, ha sido quien desde el 2009 ha promovido la expulsión de Amalia, la salida del señor Reynaldo Rafael Valentín y la privación de los derechos ejidales del señor Maurilio Vázquez Hernández, cuñado de Amalia. Actitud que se explica, en primer lugar porque Amalia tuvo el valor de hacer pública esta situación; en segunda porque los esposos de algunas otras mujeres ya han abandonado el ejido e incluso a su pareja, y en tercera porque otras mujeres han aceptado formar parte de organizaciones populares con presencia en el municipio, obviamente esto tiene tintes políticos no muy alejados de la situación que se padece en Frontera Comalapa, basta recordar el papel que el presidente del Comisariado ejidal jugo en las manifestaciones realizadas en contra del Presidente Municipal.

Amalia es una mujer sencilla, trabajadora, nacida en Bella Vista del Norte, y desde muy joven tuvo que migrar al norte del país para conseguir dinero y enviárselo a su madre viuda, período en el que conoció a su actual esposo con quien tiene una hija de ocho años de edad.

El señor Reynaldo Rafael Valentín es indígena de guerrero, hablante de la lengua Náhuatl, respetuoso de los derechos de los demás y participa en las actividades comunitarias, así mismo se encuentra con la disposición de colaborar para el beneficio de la comunidad.

Es evidente que aun cuando en nuestro Estado existen diversos instrumentos jurídicos que garantizan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que sancionan la discriminación por cuestiones de género, origen étnico, nacionalidad, etc., estos no se hacen valer, y parece que tampoco interesa para los actuales gobiernos, que todo queda en palabras y papeles, y por consiguiente los famosos “objetivos de desarrollo del milenio” solo representan para el Estado una forma de obtener prestigio y mal informar a la población sobre los supuestos avances hacia los derechos de las mujeres y la “equidad de género”.

Por lo tanto exigimos:

1- Al Gobierno Chiapaneco actúe para que la discriminación sea erradicada, para que familias no se vean desintegradas o confrontadas.

2- Urgimos a las autoridades asuman su responsabilidad y dejen de privilegiar a grupos con supuesta fuerza política.

3- Se garantice a Amalia, a su familia y a todos los que habitamos en este territorio una vida libre de violencia.

4- Que las autoridades correspondientes, como la Procuraduría Agraria, asuman su responsabilidad en el asesoramiento y validación a los reglamentos ejidales que de antemano sean violatorios de derechos de las mujeres

5- Que las autoridades correspondientes, como la Procuraduría Agraria, capaciten y concienticen a los ejidatarios sobre la importancia de incluir los derechos de las mujeres en los reglamentos internos.