OBSERVATORIO CIUDADANO

C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

C. Lic. Juan Sabines Guerrero.

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

C. Lic. Eduardo Medina Mora.

Procurador General de la República

A la opinión pública:

El pasado 2 de abril, Raúl Mandujano Gutiérrez, de 27 años, quien se desempeña como Director de Atención a Migrantes de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del Gobierno del Estado de Chiapas, fue privado ilegalmente de su libertad por cuatro sujetos fuertemente armados en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Si bien los motivos de la desaparición quedan a la fecha desconocidos, presumimos que se debe a las acciones que Raúl desempeñaba con sensibilidad y compromiso como parte del equipo del Gobierno del Estado, en favor de las personas migrantes; todo esto en cumplimiento a la política migratoria del Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.

Su trabajo, además de generar acciones en beneficio de los migrantes centroamericanos en tránsito por México, pero también de los chiapanecos en el exterior, ha sido entablar y fortalecer las relaciones del Gobierno del Estado de Chiapas con las instituciones públicas de los tres ámbitos de Gobierno; instituciones académicas; hospitales; albergues de menores, mujeres y hombres migrantes; organismos internacionales como ACNUR, OIM y OPS; Centros y Comisiones de Derechos Humanos; y Consulados de Guatemala, Honduras y El Salvador; entre otros.

El 3 de abril, los familiares de Raúl Ángel presentaron una denuncia de los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) en la ciudad de Tapachula, quedando a cargo el Lic. Raciel López Salazar. A raíz de la apertura de la averiguación previa, la Fiscalía Estatal Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) del Gobierno de Chiapas se encargó de la investigación relativa al caso, la cual se encuentra al frente el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

El 16 de abril, la FECDO realizó un operativo en Mazatán, Chiapas, donde se había ubicado a los responsables del delito, con el fin de rescatar a Raúl Ángel. Sin embargo, el operativo falló, debido a la fuga de información dentro de las mismas autoridades locales; por lo que la banda delictiva pudo huir antes de que se realizara algún cateo. Mientras tanto, las autoridades no dieron explicaciones de lo sucedido, pero, de fuentes extraoficiales, se supo que en ese momento Raúl se encontraba con vida precisamente en el domicilio que se iba a catear; y que Raúl fue llevado con rumbo desconocido, descalzo, esposado y con los ojos vendados.

A la fecha, desgraciadamente, no ha habido resultados concretos ni detenciones, y todavía se desconoce la causa del plagio y el paradero de Raúl. Por lo que vemos, se ha perdido el apoyo e interés por parte del Gobierno de Chiapas, en particular de la PGJE y la FECDO, por proteger y defender a uno de sus funcionarios más comprometidos; esto es, las autoridades dejaron de investigar el caso, y desde hace un mes, ya no proporcionan protección y seguridad a la familia de Raúl.

Mientras tanto, las instituciones estatales (en particular la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur) guardan absoluto silencio respecto al caso, y desde hace unos meses, han limitado su comunicación con la familia, de manera inesperada e injustificada, cuando antes el apoyo era total y la comunicación diaria. Además, a últimas fechas se ha tratado de desvirtuar el caso pretendiendo involucrar a Raúl con el narcotráfico; de ser así, que lo demuestren.

Por todo esto, pedimos explicaciones y hacemos responsables a las autoridades de Chiapas de lo que le pueda ocurrir a Raúl Ángel Mandujano, así como a sus familiares.

Cabe mencionar que a la fecha la agenda del Procurador de Justicia de Chiapas no haa podido atendernos, sin dar razón alguna de este derecho constitucional.

Como parte de la lucha por encontrar a Raúl Ángel, sus familiares y amigos se unieron para escribir y enviar un aproximado de 80 cartas de petición, dirigidas al Presidente de México, al Secretario de Gobernación, al Procurador General de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Gobernador del Estado de Chiapas, al Presidente de la Junta de Coordinación Política y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, al Ministro de Justicia del Estado, al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, al Procurador General de Justicia del Estado y a los tres Senadores por Chiapas.

Como resultado de esta diligencias, el 24 de junio se presentó ante la Comisión Permanente del Senado, un punto de acuerdo para solicitar que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación del caso.

Sin embargo, son escasas las personas e instituciones que han dado respuesta a estas peticiones, aunque de acuerdo con el artículo 8° de la Constitución Mexicana estén obligadas a hacerlo.

Por estas razones y al estar desamparados frente a la falta de apoyo y respuesta de las autoridades, nos unimos y exigimos a las autoridades del Gobierno de Chiapas:

Para sus familiares y amigos, Raúl se encuentra vivo hasta que se demuestre lo contrario. Por lo mismo, es responsabilidad de las autoridades agotar todas las posibilidades para su liberación. Nos indigna ver de qué manera el Gobierno de Chiapas difunde hacia afuera una imagen de respeto a los derechos humanos de los migrantes, mientras no es capaz de proteger a sus propios funcionarios, particularmente a los que obran con compromiso y sensibilidad, para hacer realidad esta política.