CASO ACTEAL: BOTÍN POLÍTICO Y ECONÓMICO DE MUCHOS

El Comité de Amigos y Familiares de los Presos Inocentes del Caso Acteal, cinco indígenas tzotziles que cumplieron casi 12 años en prisión, acusados ilegalmente de participar en la masacre y la organización Voz de los Mártires exigieron al Gobierno Federal y Estatal de Chiapas, que se forme una Mesa de Diálogo para que los liberados puedan regresar a su comunidad de manera pacífica.

A pesar de que el Gobierno local de Chiapas redactó un documento que debieron firmar los 29 liberados del Caso Acteal, en el que los comprometen a no regresar a sus viviendas en el municipio de Chenalhó, los tzotziles insistieron en “dar la cara” a sus vecinos y limpiar así su imagen, luego de que son acusados de ser “un grupo paramilitar” que “asesinaron” a 45 indígenas en diciembre de 1997.

HASTA MINISTROS DE CULTO HAN SACADO SU PARTE

En conferencia de prensa, los indígenas sostuvieron que el Caso Acteal ha sido “botín político y económico”, del que se han beneficiado incluso ministros de culto, quienes a nombre de las víctimas han pedido recursos económicos en Iglesias nacionales y extranjeras, que nunca llegan a manos de los verdaderos afectados.

Las acusaciones de pertenecer a grupos paramilitares que “volverán a incitar a la violencia” han sido genéricas y no dan nombres, sólo han hecho esta afirmación sin tener pruebas, dijo Estela Luna Pérez, quien encabeza al Comité que aglutina a los familiares de los detenidos que cumplen sentencias de hasta 36 años.

Hubo pastores que nos pidieron 3 mil pesos a cada familia con la promesa de que iban a salir libres y a la mera hora no nos cumplieron, acusó estela Pérez y argumentó que después el mismo pastor les pidió cantidades que iban de los 5 mil hasta los 30 mil pesos para “liberarlos”.

Los excarcelados indicaron que la Mesa de Diálogo estaría integrada por miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legisladores de todos los partidos políticos y familiares de las víctimas, así como funcionarios federales y estatales para que se les permita regresar a su comunidad de manera digna y en paz.

Esto es una muestra de que nuestros familiares no son culpables y que buscan sólo vivir en paz, como hace 12 años, cuando la Procuraduría General de la República fabricó las pruebas que llevaron a prisión a más de 80 evangélicos inocentes, finalizó.

UN ANCIANO DE 75 AÑOS PRESO

Por su parte, Manuel Luna Pérez, quien pasó casi 12 años en prisión por un delito que no cometió, dijo que “es inhumano” que su padre (Bartolo Luna Pérez), anciano de 75 años con problemas de salud, siga dentro del centro penitenciario en el Municipio de Cintalapa, cuando la ley le otorga el derecho a salir para cumplir su condena fuera de la cárcel, a pesar de no haber cometido daño alguno.

Advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe instruir a las autoridades para que manden a llamar a comparecer a Ernesto Zedillo (ex Presidente de la República), al ex Procurador Jorge Madrazo Cuéllar y a César Ruiz Ferro (ex Gobernador de Chiapas) para que expliquen quién ordenó la fabricación de pruebas y, en su caso, den a conocer los nombres de los verdaderos criminales.

Un contingente de indígenas tzotziles llegó ayer miércoles para sumarse a sus familiares en el plantón que llevan a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace más de 5 semanas, en demanda de que la Corte ordene la libertad de los más de 40 evangélicos que aún continúan en prisión cumpliendo sentencias de hasta 36 años de prisión.

ATTE. OSCAR MOHA

www.vozdelosmartires.org