Boletín quincenal Nº 113.- Por Adriano Prandi y Juan Mascaró .- Desde el pasado 26 de octubre, más de un centenar de campesinos indígenas tzotziles, provenientes de los altos de Chiapas, se instalaron en la puerta de la catedral de San Cristóbal de las Casas para denunciar ante la ciudad, ante el estado y ante el país el feroz hostigamiento militar que han venido sufriendo en los últimos meses. Son miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Venustiano Carranza (OCEZ-RVC), mediante la cual se han mantenido en resistencia los últimos treinta años en torno a un reclamo primordial y absolutamente justo: la tierra que les pertenece.

"... la seguridad le llaman,

y la pública le dicen,

y lo único que ganan

son pueblos que la maldicen."

(Son de la Seguridad Pública,

René Chávez, Chiapas, 1984)


En el último mes han sufrido varias incursiones de militares y policías, en las que fueron detenidos tres campesinos, mientras que otros dos murieron en un accidente automovilístico ocasionado por un vehículo policial. "Fuera militares y cuerpos policiales de las comunidades" se lee en una bandera de cara al palacio municipal. Por detrás, se levantan algunas tiendas de campaña, improvisadas para guarecerse de la gélida llovizna de noviembre. "De aquí no nos moverán hasta que nuestros compañeros queden en libertad", dice con voz firme un hombre de rostro curtido y mirada serena. Y agrega: "Nosotros no somos criminales, somos gente sencilla y de trabajo. Sólo pedimos que nos dejen tranquilos para así poder hacer producir nuestras tierras".

El plantón se mantiene a pesar de las presiones del gobierno estatal y municipal. Se insiste en que los campesinos desalojen la plaza por la que atraviesa el circuito turístico de la ciudad. "Aún así, la gente nos apoya. Del mismo pueblo nos traen comida y ayuda", aclara otro compañero. La imagen de paz que intenta difundir en Chiapas el gobierno de Juan Sabines (PRD), se desmorona con la presencia de refugiados políticos en el centro de San Cristóbal. Tal paz no existe. El hostigamiento militar y paramilitar que asedia a las comunidades crece en todo el estado. Las recientes incursiones en comunidades de la OCEZ y la violenta detención de sus dirigentes son una prueba más de ello.

La Organización Campesina Emiliano Zapata existe desde inicios de los años ochenta. Es una de las más antiguas y combativas en Chiapas. Los indígenas de la zona de Venustiano Carranza fueron despojados de sus tierras en tiempos del gobierno de Porfirio Díaz, a fines del siglo XIX, y desde entonces luchan por ellas. Luego, la Revolución repartió legalmente predios que nunca fueron cedidos en la práctica por los terratenientes. En los años setenta, los comuneros ejecutaron dicha ley tomando las tierras. Los finqueros respondieron asesinando a dirigentes campesinos, entre ellos a Bartolomé Martínez Villatoro, uno de los comisariados más populares de la comunidad tzotzil. Allí se rompieron los acuerdos con el gobierno que, desde ese tiempo, cambió de nombres y partidos pero no sus políticas.

La OCEZ fue uniendo comunidades que resistieron a la llamada política de compra-venta, a partir de la cual el Estado tentaba a los campesinos a comprar sus propias parcelas, quienes pasaban así a endeudarse con entidades financieras vinculadas con el propio Estado. Esta estrategia gubernamental tenía como fin evitar que las comunidades pelearan por la tenencia comunitaria. En su larga lucha, estas comunidades han demostrado, al igual que los municipios rebeldes ligados al EZLN, ser consecuentes con las consignas originales de Emiliano Zapata: "la tierra para quien la trabaja", proponiendo –además- como sujeto central de la toma de decisiones al campesino mismo, sin mesas directivas o cúpulas. Esta práctica marca un quiebre con las organizaciones promovidas por el Estado, que coloca a la cabeza de los reclamos campesinos a gestores o mediadores. "La lucha se ha venido viendo desde hace tiempo, y todo lo que se ha venido haciendo es por la necesidad de la propia gente. Esa necesidad nos va poniendo en el camino de pelear por la tierra como luchadores sociales".

El 30 de septiembre de este año, un operativo encubierto de agentes policiales irrumpió en la comunidad 28 de Junio del municipio Venustiano Carranza y secuestró a José Manuel Hernández Martínez, "Chema". El Chema, luchador social y referente de las comunidades de la zona, luego de pasar por una penitenciaria del estado de Chiapas, fue confinado en una cárcel de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, a dos mil kilómetros de su comunidad. Esta detención demuestra la impunidad y el atropello de los que son capaces las fuerzas al servicio del gobierno. "Nosotros estábamos trabajando y llegó la Comisión Federal de Electricidad con la excusa de que estaban haciendo cambio de medidores. No sospechamos y, como había acuerdo de paz, confiamos. Pero, en realidad, vinieron a sacar a Chema de su casa. Se habían disfrazado de empleados de la Comisión".

Algunos de los vecinos del Chema Hernández, que estaban presentes cuando lo introdujeron por la fuerza en un vehículo, se subieron a un auto y comenzaron a perseguirlo. Pero otro vehículo que iba por detrás los interceptó y lanzó al auto de los campesinos fuera de la carretera. "En este atentado murieron dos compañeros nuestros, mientras otros tres resultaron heridos". José "Chema" Hernández lleva más de un mes detenido, acusado de los más ridículos delitos: narcotráfico y asociación delictiva, entre otros. Pero estas acusaciones a nadie engañan. "Al Chema se lo llevan porque siempre estaba viendo por la gente pobre, por los campesinos. Él peleaba por la tierra para que nosotros podamos comer y vivir de nuestro trabajo", cuentan los campesinos.

No había pasado un mes de la violenta detención del "Chema", cuando el 24 de octubre, un nuevo operativo irrumpió en la zona para llevarse a otros dos campesinos: José Manuel de la Torre y Rogelio Cruz González, además de allanar las casas de la comunidad. "Entraron los federales a intimidarnos. Nosotros habíamos aceptado el cateo con la condición de que hubiera testigos, porque sabemos que el gobierno usa algunas artimañas, que nos puede poner armas o drogas, y hacernos el delito. Cuando fueron a dar vuelta las casas, en lugar de encontrar algunas cosas que nos acusaban encontraron pobreza. Porque otra cosa no hay en nuestras casas".

Ese mismo día, los comuneros decidieron que no podían seguir aguantando más atropellos y partieron hacia San Cristóbal para instalarse frente a la catedral y en la sede de las Naciones Unidas. Desde allí, persisten luchando por la libertad de sus compañeros. Su voz se alza fuerte y clara para quien los quiera escuchar: "Nosotros no somos delincuentes, somos campesinos que queremos trabajar la tierra que, como pobres, nos pertenece".