Después del 2012 en que termine su mandato y hasta el 2022, el gobernador Juan Sabines Guerrero tendrá derecho a un equipo de guardaespaldas, todo pagado con el erario de Chiapas.

Al menos, así lo establece el nuevo decreto que aprobaron en la sesión extraordinaria los diputados locales de Chiapas, el sábado 31 en puente vacacional.

Según la iniciativa, presentada por la Comisión de Seguridad Publica, éste es un” Decreto por el que se Establecen Medidas de Seguridad y Custodia para los Ex -titulares del Poder Ejecutivo del Estado”.

Según el documento, tiene como objetivo, “buscar que los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, con el carácter de electos popularmente, provisionales, interinos y sustitutos, y los Extitulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública, al término de su período, se les proporcione, por los servicios prestados al Estado, los elementos policíacos necesarios para su seguridad personal”.

Aprueban guaruras para ex gobernadores de Chiapas

• Tendrá Albores y Salazar derecho a solicitar seguridad personal

• Ex titulares de TJE y ex procuradores también tendrán seguridad pagada por el Estado
SANDRA DE LOS SANTOS
El pleno del Congreso Local, aprobó ayer en sesión extraordinaria, el decreto que permitirá a los ex gobernadores, ex titulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los ex procuradores del estado y ex secretarios de la función pública tener seguridad personal pagada por el Estado.
El decreto señala que tendrán derecho a elementos policíacos hasta por un máximo de 10 años los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, de cualquier forma que hayan sido elegidos, de una vez terminado su periodo.
En el caso de los ex titulares del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo periodo fue concluido con anterioridad al decreto aprobado ayer, se les brindará los elementos policíacos necesarios para su seguridad personal por el tiempo que reste del término de diez años señalados, contando a partir de la conclusión de su encargo.
Esto quiere decir que los ex gobernadores, que todavía alcanzarán a que el Estado les pague su seguridad personal son: Roberto Albores Guillén y Pablo Salazar Mendiguchía, el primero puede hacer uso de elementos policíacos por un año ya que termino su periodo en el 2000, y Salazar Mendiguchía hasta por un termino de siete años, tomando en cuenta que termino su mandato en el 2006.
El decreto también contempla seguridad, al término de su periodo, para el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia del Estado y al Secretario de la Función Pública.
Los procuradores, al terminar su periodo, se les brindará protección por cinco años. Según el dictamen, aprobado ayer por los diputados, no podrá otorgársele seguridad a los ex procuradores que hayan sido removidos, restituidos o se les haya iniciado un proceso penal en su contra.
Los elementos de seguridad, pagados por el Estado, estarán al servicio de los ex mandatarios tanto dentro del territorio chiapaneco como fuera de él.
Además de esta iniciativa, los diputados aprobaron: decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado; decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado; decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado y el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios.

La iniciativa, propuesta en septiembre pasado, por la neo perredista vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Martha Grajales Burguete.

El pasado 23 de septiembre, al tratar de justificar la iniciativa, Grajales Burguete dijo que “no se busca impunidad, sino protección, aun cuando los ex gobernadores a partir del actual, no se quede a residir en Chiapas”.

“La decisión de presentar la iniciativa es resultados de los múltiples intereses que afecta un gobernador durante su mandato, y al final se convierte en un riesgo su persona y familia, de ahí la importancia de su protección”.

La propuesta, según lo que señaló Grajales, contempla brindar protección hasta por un periodo de 10 años después de haber terminado su periodo en la gubernatura.